POR RESTABLECER LA CONFIANZA

EDITORIAL

Después de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo de 2022, en la que se presentó un desface muy grande entre el informe de los jurados, producto del coteo de los votos por los sufragantes y el escrutinio final desarrollado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, labor que en todo proceso electoral se realiza y que permite declarar a los elegidos finalmente tanto al Senado como a la Cámara de Representantes, pero que en esa ocasión tomó características dramáticas porque algunos aspirantes de distintas corrientes políticas, destacándose varios candidatos del Pacto Histórico, elevaron quejas y demandas, indicando que en varias mesas de votación no aparecieron votos que fueron efectivamente consignados por ellos o por candidatos de su colectividad.

No fueron pocas las reacciones, desde los distintos grupos políticos y campañas, por la diferencia tan notoria entre los resultados divulgados al terminar la jornada electoral y los escrutinios adelantados posteriormente por la Registraduría, ya que se probó que más de 600.000 votos no se habían tenido en cuenta por una lectura y diligenciamiento inadecuados, no premeditada, quizá por un deficiente diseño del Formulario E-14, que debían diligenciar los respectivos jurados, hecho que llevó a una recomposición de los candidatos elegidos, favoreciéndose el Pacto Histórico con el aumento de senadores, en total cuatro, ya que a esta colectividad no se le habían contabilizado cerca de 500 mil votos por su lista cerrada.

Situación que, debido a la profunda polarización política existente, las reacciones no se dejaron de esperar, de inmediato se lanzó toda una ‘andanada’ contra el Registrador Nacional del Estado Civil, pidiendo incluso su renuncia e inculpándolo como el causante del mayor fraude electoral en favor de quienes presentaron las denuncias y quejas, lanzando un manto ‘espeso y denso’ de dudas sobre su papel en el proceso electoral del próximo 29 de mayo de 2022, en donde los colombianos asistiremos a las urnas a votar por el presidente y vicepresidente del país para el periodo 2022 – 2026.

El reconocimiento por parte de la Registraduría de fallas técnicas y humanas, tanto de diseño del Formulario E-14 como de la selección de jurados en las mencionadas elecciones, no ha sido suficiente para que se mantenga la posición inicial de quienes pidieron rodara la cabeza del Registrador, enfatizando en que debe nombrarse un Registrador Ad hoc y contratar una auditoria internacional; lo cual, en lo primero, no se dio por aspectos de orden legal y porque las razones esgrimidas no fueron suficientes y con respecto a la segundo la Registraría lo ha considerado, potenciando las auditorias definidas por la ley, a fin de enviar un mensaje de confianza ante los electores y la sociedad en su conjunto.

Hechos como la revisión del diseño del Formulario E-14, a fin de que no genere confusión al diligenciarlo por los jurados y la reasignación de los docentes del país como jurados, quienes han demostrado en las distintas elecciones que han actuado con conocimiento, responsabilidad y trasparencia, se constituyen en garantía del proceso; en mala hora, por insinuación del Ejecutivo Central, en las elecciones legislativas pasadas se hizo a un lado este importante talento humano para desarrollar de mejor manera el proceso, dos elementos, que al ser subsanados, permite inferir que en las elecciones presidenciales del domingo próximo no se presentaran hechos como los que motivaron este editorial, convocando a que tengamos confianza y que no se sigan lanzando o reenviando mensajes de dudas y de posible fraude, lo cual afectaría la gobernabilidad de quien sea favorecido por los electores.

Reconforta que la delegación departamental de la Registraduría dio a conocer, en días pasados, toda la logística que se adelanta para garantizar que la ciudadanía pueda participar de manera tranquila en las elecciones presidenciales, ya que se cuenta con los materiales en cada uno de los 786 puestos que se van a ubicar en 683 corregimientos y en 95 zonas urbanas incluidas las cabeceras municipales. Se han dispuesto 2.942 mesas de votación y se designaron 17.600 jurados. Así mismo, en esta oportunidad se han designado 65 comisiones escrutadoras a lo largo y ancho del Cauca.

Todos a votar de manera consciente, autónoma e independiente, a fin de ser sujetos de tan importante evento participativo para el futuro del país y no unos simples objetos de legitimación de los procesos democráticos.