Un juez con funciones de control de garantías determinó cobijar con medida de aseguramiento en su lugar de residencia a seis de los siete capturados por el presunto caso de corrupción de la Universidad del Cauca.
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Las irregularidades en la graduación de varios abogados fue denunciado por un profesor en el año 2019 al ver cómo un estudiante, que había perdido su materia, recibía el diploma en una ceremonia de graduación.
Es que se trata del caso donde posiblemente hubo pagos de estudiantes de Derecho, con el fin de poderse graduar en el alma mater caucana, en el cual al parecer hay funcionarios de la entidad.
La organización de funcionarios corruptos y estudiantes fue denominada por las autoridades como ‘Los Impostores’, y se desarrollaron operativos en la ciudad de Popayán y en el municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca.
Por eso en medio de un operativo judicial fueron capturados Claudia Lucía Parra Arboleda, funcionaria de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca; Gloria Mercedes Belalcázar Fernández, Luz Alba Palechor Ausecha, Wilmer Javier Huertas Ortiz, César Augusto Fajardo Urbano y María Alejandra Urresti Virviescas.
Luego de 12 días de audiencias en el juzgado primero Penal municipal con función de control de garantías en la ciudad de Popayán, un juez de la república tomó la decisión de cobijarlos con medida de aseguramiento domiciliaria, es decir una medida no tan restrictiva de la libertad.
De acuerdo con la información suministrada, el juez impuso medida de aseguramiento de detenciones domiciliarias en contra de Claudia Lucia Parra Arboleda y María Alejandra Urresti Virviescas. Quienes son funcionarias de la Universidad del Cauca.
De igual forma, el togado de abstuvo de imponer medida en contra de Gloria Mercedes Belalcázar Fernández, al considerar que no existía inferencia razonable de su participación en este supuesto caso de corrupción.
Por último, el Juez impuso medida de detención domiciliaria en su lugar de residencia para los particulares: Cesar Augusto Fajardo Urbano, Luz Alba Palechor Ausecha y Wilmer Javier Huertas Ortiz.
La decisión fue apelada por la Fiscalía, quien pidió medida carcelaria contra estas personas al exponer la dimensión de este caso de corrupción que afecta a una de las instituciones educativas más reconocidas del mundo, pero que ahora sus directivas guardan completo silencio.
Por último uno de los abogados de los procesados explicó que la Fiscalía, a pesar de llevar varios años de investigación el caso, no logró edificar con suficiencia la inferencia razonable de autoría o participación, es decir, le faltó verbalizar más elementos materiales probatorios a la hora de solicitar la medida intramural contra los integrantes de esta supuesta red de corrupción.