ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
En el Estado -Nación -en crisis permanentes- se supone que cada país crea su propia legislación oficial, y que el Derecho de cada nación es autónomo, aunque muchos digan poseerlo sin poder demostrarlo. Así, condenar a las leyes de algún país (Rusia, por ejemplo) como antidemocráticas o injustas (siguiendo los conceptos del pensamiento político liberal) no es extraño, sobre todo si se piensa que el mundo occidental se acostumbró a las imposiciones capitalistas – coloniales – patriarcales, es decir a aquello que muchos llaman “democracia”.
Se está hablando de un conjunto de normas que al obedecer a la voluntad de un gobernante autoritario (V. Putin, por ejemplo) han dejado de lado construcciones teóricas como el Estado de Derecho y la Democracia Representativa, pensadas como lo normal o lo natural para una sociedad progresista. No tendría por qué existir realmente un consenso, precisamente en razón de la autonomía de cada país, pero el mundo de la globalización mercantil impone universalizar estas formas de control de los comportamientos humanos.
Proponer la inmunidad – impunidad de por vida para quienes hayan llegado a dirigir el régimen presidencialista (convirtiéndose en Senador Vitalicio, por ejemplo) es totalmente condenable para los países de occidente, pero puede ser “normal” en otras culturas. Que no sea justo otorgar muchos más derechos a un sátrapa acostumbrado a las violaciones, porque no encontramos criterios liberales que así lo justifiquen, en algunas civilizaciones orientales talvez las cosas hayan sido miradas en forma diferente a lo largo de sus historias, y sus criterios de justicia tendrán.
Claro, no es nuestro caso, acá impera el positivismo legal y no somos autónomos para pensar de otras maneras. Un gobernante (así fuera el nuevo Zar, por ejemplo) debe responder por los hechos de su gobierno, por lo menos en la teoría. Nuestro Derecho no admite impunidades, aunque todos las negocien.
Igualmente, un funcionario (el Fiscal General de Colombia, por ejemplo) podrá decir que “asume el compromiso personal de combatir el delito”, no su obligación oficial, como si nos hiciera un favor, con lo cual está pasando por sobre el carácter público de todas las obligaciones oficiales, pero muy seguramente pretende que en el futuro debamos pagarle el favorcito.
Demostrar cierto afán de cumplimiento o verticalidad en las actuaciones estatales es algo que le sobra al Estado de Derecho que acá está escrito, porque todo está reglado y sometido a términos, pero –claro- como nada se cumple hay que recurrir al compromiso personal de lograr resultados, positivos, aunque a veces sean promesas o falsedades.
Esta actitud paternalista, de funcionarios acostumbrados a los favores del clientelismo político y al manejo cómplice de las cámaras y micrófonos, deja de lado el Derecho, e introduce subjetividades en las tareas públicas que –de una u otra manera- privatizan lo público, como lo están haciendo Putin y Barbosa, por ejemplo. El carácter público de las normas es reemplazado por los caprichos o intereses privados, en Rusia con la disculpa cultural. Acá, nos dirán, eso siempre ha sido así, con lo cual se intentará justificar el asalto al carácter público del Derecho.
Nos preguntamos, ¿llegará el Fiscal hasta “el extremo” de poner su cabeza (no solo su cargo, porque su compromiso es personal), si como parece no podrá lograr el objetivo de combatir el delito en Colombia?