Resistencia comunitaria (II)

FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO

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Tierra y Territorio predican dos significados disímiles. La tierra alude al medio de producción, al proveedor de bienes para satisfacer las necesidades básicas. De ahí la brega de las comunidades por la recuperación y ampliación de las tierras de resguardo, por cristalizar la reforma agraria integral. La tierra constituye el factor crucial para la producción y reproducción de la estructura económica. El concepto territorio trasciende el de tierra, lo contiene pero engloba otros elementos que lo superan. Es el tiempo y el espacio en el que desarrollan sus actividades productivas y educativas, simbólicas y culturales, sus conocimientos y saberes, sus prácticas comunitarias en las que el espíritu colectivo desplaza el interés individual y les permite reconocerse como etnia que acata los dictados de natura, como territorio donde ejercitan la resistencia. No hay vida sin territorio, espacio en el que despliegan el poder de abajo arriba, su fuerza comunitaria exigiendo equidad y justicia a quienes detentan el poder estatal confrontado por sus organizaciones sin acudir al recurso de las arma; irradiando distintos focos de poder conforme a las dinámicas de las comunidades organizadas e imponiendo políticas inherentes a su existencia y progreso.

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El ostensible liderazgo indígena dentro de los movimientos de resistencia popular puede inducir erróneamente a identificar éstos con las reivindicaciones étnicas. Vgr. al enfrentar la implementación de los TLC que amenazan sus tierras, biodiversidad, saberes, etc., se reconocen como parte de una nación cuyo modelo de desarrollo quebranta los derechos de las grandes mayorías ciudadanas. Al oponerse a las modificaciones adversas de la Constitución, cuando el gobierno ladra para desmontar la descentralización, la participación democrática, los derechos humanos, etc., centran la resistencia en la solución de los problemas comunitarios inmediatos articulándolos con los que afectan estructuralmente a toda la sociedad.

El acceso al poder institucional burocrático no constituye su objetivo cardinal sino que prevalece el sentido de la participación comunitaria con sus organizaciones, a fin de mandar desde abajo. Uno de los principios capitales de las organizaciones indígenas manda que la búsqueda de la paz, la resolución de las contradicciones sociales y el modelo de desarrollo que incluya la diversidad étnica y cultural debe ser negociado y pacífico. Para ello, su catálogo de reclamaciones se condensa en: i- preservar la vida y respetar los derechos humanos; ii- repudiar los TLC y las políticas neoliberales; iii- derogar las leyes que obsequian las riquezas naturales a la depredación de las transnacionales; iv- ejecutar la reforma rural integral; y, v- cumplir los acuerdos suscritos entre el Estado y las organizaciones sociales. En la misma jerarquía se instala la explícita devoción que profesan y ejercen hacia la función ecológica de la propiedad colectiva y a las formas de relacionamiento con la naturaleza.