Editorial: Dilaciones, dignidades, abogados y sistema judicial

Uno de los procesos judiciales que enfrenta el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, se está convirtiendo, en el decir de amplios sectores de la ciudadanía, en toda una novela ‘picaresca’ que sin duda alguna está dejando un mal precedente, tanto para el imputado como para el mismo sistema judicial.

Se trata del proceso relacionado con un contrato supuestamente sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, el cual también tiene en la palestra judicial al exsecretario de Tránsito, Roberto José Díaz López. Las razones que motivaron esta investigación según la Fiscalía, tienen que ver con un contrato por más de 4 mil millones de pesos que fue celebrado el 28 de marzo de 2017 y cuyo objeto fue la concesión de los servicios de la Secretaría de Tránsito de la capital caucana, esto mediante un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y Emtel.

Este caso, que el pasado lunes abrió audiencia luego de tres aplazamientos, con diversas excusas de parte del equipo de la defensa del Alcalde, tuvo que ser suspendido y aplazado para la tercera semana de enero del próximo año.

Recordando, el 30 de octubre de 2018, el alcalde indiciado se presentó a la Audiencia de Imputación y Medida de Aseguramiento, sin abogado de Confianza; El 19 de noviembre de 2018, se produjo cambio de Juez en el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías; el 28 de noviembre de 2018, el alcalde indiciado se presentó nuevamente sin abogado, argumentando que no se encontraba en el país y el 5 de diciembre anterior, el acusado no se presentó por incapacidad médica, tras ser recluido en la clínica La Estancia.

Tenemos el convencimiento que el sistema judicial debe brindar toda clase de garantías para quienes se enfrentan a él. Al fin y al cabo, quien está acusado por cualquier motivo, debe usar todos los recursos posibles para demostrar que es inocente. Sin embargo, aquello de usar “todos los recursos posibles”, muchas veces deja en el ambiente un dejo de manipulación del sistema para dilatar los procesos, algo que sinceramente no deja bien parado a una persona envestida de autoridad y que representa una dignidad comunitaria.

Desde esta tribuna editorial tenemos que decir que ejercer el derecho a la defensa no debería extenderse hasta amparar conductas dilatorias propias de la actividad judicial porque, tal como está pasando, desde el ciudadano del común se ha venido fortaleciendo la idea generalizada de que el sistema se puede corromper haciendo uso de prácticas non sanctas y que están repercutiendo negativamente en la confianza del ciudadano de a pie sobre el sistema judicial y, en este caso, del gobernante mismo.

Esperamos que el sistema judicial, del que confiamos plenamente sobre sus actuaciones y decisiones, se muestre firme y sin dejar en el ambiente que está siendo manipulado y hasta vulnerado por abogados que parecieran prepararse solamente para aplazar audiencias como elemento principal para su defendido. Ojalá no estemos viviendo un caso de este tipo…