¿Qué culpa tiene la estaca?

ÁLVARO JESÚS URBANO ROJAS

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Hoy se realiza la audiencia de imputación de cargos al alcalde de Popayán César Cristián Gómez Castro, por celebración indebida de contratos. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, estuvo en Popayán y dio a conocer el nuevo proceso contra Gómez Castro por omitir una convocatoria pública para concesionar los servicios de la Secretaría de Tránsito.

Lo advertí en esta columna de opinión y tuve la oportunidad de reunirme con el señor alcalde y el entonces gerente de Emtel por la invitación que me hicieron para conocer los trámites del negocio, donde con la debida consideración y respeto les advertí el peligro de jugar a la evasión de las normas en materia de contratación, utilizando una lógica defectuosa; pero no logré disuadirlos por aquella falsa premisa de creer que cuando se tiene el poder “Todo se puede”.

Tengo la tranquilidad moral y el sosiego del leal proceder, pues en su oportunidad les recomendé que el jugoso negocio no era posible entregarlo directamente a un particular, por tratarse de la prestación de servicios públicos de carácter administrativo, que como tal, debe corresponder a un proceso de licitación pública, con estudios previos, análisis de mercados, construcción de pliego de condiciones objetivos, transparentes y con pluralidad de oferentes, pues de hacerlo a dedo implica una indebida celebración de contratos con graves riesgos para el componente tarifario del servicio.

Quipux, es una empresa antioqueña, creada el 13 de octubre de 1995 por Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, con un capital social de $1,5 millones. Hoy tiene un capital de $1.200 millones y su representada legal es Álvaro León Zuluaga Giraldo, quien en su nombre y representación ha suscrito numerosos contratos en todo el país.

Quipux, dueña de casi toda la contratación en foto-multas en el país, según la información publicada en su página web, esta empresa “ha interconectado 236 organismos de tránsito, el Ministerio de Transporte y sus 19 direcciones territoriales, 250 centros de diagnóstico automotor, 465 centros de enseñanza, 286 centros de reconocimiento de conductores, siete aseguradoras, importadores y ensambladores de vehículos”. Quipux se convirtió en algo así como un agente de monopolio rentístico que tiene en su base de datos a todos los propietarios de vehículos y toda su información, pues maneja los 42 millones de registros que tiene el Runt.

La empresa Quipux tiene el monopolio de la foto-detección de infracciones de tránsito en cooperación empresarial con UNE, como operadores de un cuasi arbitrio rentístico, un lucrativo negocio de monopolio privado en cerca de 60 ciudades y en contubernio con los concejales y alcaldes incentivados por quien maneja la operación de las foto-multas, pues cualquiera envidiaría un contrato que espera facturar más de 20 mil millones por año.

La experiencia enseña que no es con foto-multas como se mejora la movilidad, sino con obras de infraestructura e implementando el sistema estratégico de transporte público e invirtiendo en medidas de prevención y de seguridad vial, pues las acciones represivas no son suficientes.

En varias ciudades del mundo se han levantado estas medida pues las estadísticas demuestran que no se redujo la accidentalidad ni se mejoró la movilidad.

Suerte al alcalde en la audiencia de imputación. La ciudadanía no soporta más escándalos de corrupción que además de inestabilidad política afectan la gobernabilidad de una ciudad de por si caótica y desarticulada.