El rector que manipuló los recursos de gratuidad educativa

El docente directivo Jaime González Serna es investigado por Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Cauca y la Contraloría, por no poder demostrar en qué se gastó más de $118 millones de los recursos de gratuidad de la Institución Educativa de Timba, Cauca. En una institución de Balboa y Santa Rita, La Vega, se investigan casos similares.

Por: Edinson Arley Bolaños

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Jaime González Serna, rector Institución
Educativa de Timba, Cauca,

Aunque Joaquín Elías Gutiérrez, había denunciado desde 2009 ante la Secretaría de Educación Departamental, irregularidades en el manejo de los recursos de la Institución Educativa de Timba, Cauca, apenas el 14 de septiembre de 2012, la queja llegó a la Contraloría General de la República quien le dio trámite y concluyó a finales del año pasado que el rector Jaime Gonzales Serna, ocasionó un presunto detrimento patrimonial por $118 millones, “perjudicando especialmente a estudiantes de nivel 1 y 2 del Sisben y desplazados e indígenas de la institución”, dice el ente de control.

Joaquín Elías es el representante de los padres de familia ante el Consejo Directivo. Es oriundo de este corregimiento de Buenos Aires, Cauca, y es la persona que ha venido denunciando desde noviembre de 2009 las irregularidades en el manejo de los recursos de la institución por parte del rector. Esta semana llegó a Popayán con tres carpetas que tiene marcadas con su puño y letra, donde carga todos los oficios que le ha enviado a la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Secretaria de Educación, bregando, dice él, se recuperen los dineros que se dejaron de invertir en las escuelas que hacen parte de la Institución Educativa: Timba, La Ventura, la escuela de San Gerónimo, San Francisco y Guayabal.

Como se evidencia en los oficios remitidos desde el 20 de noviembre de 2009 a la Secretaría de Educación Departamental, la comunidad educativa siempre manifestó que el rector nunca tenía tiempo para reunirse con los padres de familia y que al contrario las evadía por no querer dar cuenta de los recursos que la institución estaba ejecutando.

De hecho, resaltan situaciones más graves, como las consignadas en esa carta dirigida a la entonces secretaria de educación, Deyfan Silva Meneses, cuando aparte de exponerle quejas por el mal manejo de los recursos, también le dicen “que en horas laborales el rector se dedicó a ingerir licor en la fuente de soda Cervecita, anomalía esta que se comete muy frecuentemente”, dice la misiva.

Ante estos hechos, el 9 de diciembre de ese mismo año, la Secretaría de Educación envió una comisión a la zona para realizar una visita de campo, donde el rector Jaime González Serna no solo aceptó “haber estado atendiendo una invitación del alcalde” quien también se encontraba en la fuente de soda mencionada, sino que además, desde esa fecha ya quedaba en evidencia que los recursos para garantizar la educación gratis de los más vulnerables estaban mal administrados.

El informe de esa visita finalmente concluyó que “no existen actas de Consejo Directivo para la autorización de contratación, la ejecución de los recursos de los centros educativos se llevan manualmente en la agenda personal del rector y que no se llevan registros contables ni presupuestales de las ejecuciones”. Sin embargo, y a pesar del informe, el directivo docente, González Serna siguió siendo rector y los entes de control en ese entonces nunca se pronunciaron.

Pasaron más de dos años, los dineros los siguió administrando el mismo rector y solo después de julio de 2012, cuando don Joaquín envió una comunicación al Contralor General de la Nación, inició la investigación que empezó a darle la razón a la comunidad educativa.

Precisamente, como quedó consignado en el informe que la Contraloría entregó a finales de 2013, el ente de control manifiesta que en reiteradas ocasiones se le solicitó al rector Jaime González Serna, suministrar la información soporte de la ejecución de los recursos recibidos por la Institución Educativa Timba, para garantizar la gratuidad de la educación entre las vigencias 2008 al 2012, sin embargo, nunca se obtuvo una respuesta satisfactoria ante estas peticiones.

De esta manera, el ente de control se desplazó a la zona encontrándose con varias sorpresas. El 12 y 13 de marzo de 2013 se le solicitó al rector nuevamente presentar dichos soportes, “no obstante los documentos no fueron presentados, argumentando que venía trabajando desde el año 2012 en la recopilación de la información solicitada, labor que aún no había terminado, ya que por motivos de seguridad en su comunidad, tenía la información en su casa”, dice el informe.

Así las cosas, los profesionales universitarios le solicitaron entregarla al día siguiente, pero el profesor Jaime González dijo que solo tenía disponibles actos administrativos y estratos bancarios de la cuenta donde se administran los dineros del Fondo de Servicios Educativos, más no la documentación relacionada con comprobantes de gastos como facturas, comprobantes de egreso y cuentas de cobro.

Pero las contradicciones fueron aflorando a medida de sus declaraciones, pues el rector reconoció que pagaba un contador trimestralmente, aunque, a pesar de ello, critica la Contraloría, no aportó la información contable solicitada. Al final, el docente volvió a insistir que tenía los documentos en su poder y después de pedir un tiempo para entregarla, aportó cuatro sobres “que aparentemente contenían la información de ejecución de los recursos, sin embargo, en la revisión encontramos que estos sobres contenían una cantidad de comprobantes de compra en desorden y sin ninguna relación que permitiera identificar los gastos mes a mes, y la mayoría no cumplían con los requerimientos legales”, afirma la Contraloría y procede a detallar cómo se gastaron los recursos.

Al cruzar la información aportada por el rector con la copia de los estratos bancarios de las vigencias 2008 a 2012 se empezaron a evidenciar las irregularidades. En 2008 la Institución Educativa de Timba, percibió más de $20 millones, ejecutó 3 y del resto no se encontraron soportes de ejecución. Uno de los hechos que se resalta en este caso es la compra de 50 manjar blanco en el que se gastó $200 mil, a pesar de que ese 23 de diciembre que realizó la compra, los docentes y estudiantes ya estaban en vacaciones.

Así mismo, para la vigencia 2009 esta institución recibió por concepto de gratuidad educativa cerca de $40 millones, de los cuales se ejecutaron más de $9 millones, pero los 31 restantes el rector aún no los ha podido justificar.

Para el año 2010 la transferencia que le realizó el municipio a la institución educativa fue de cerca de $26 millones, sin embargo, de acuerdo a los comprobantes presentados por el rector, se ejecutaron $10 millones, y al igual que en los casos anteriores no se encuentran soportes de los 16 restantes.

Del periodo 2011, de acuerdo a los comprobantes presentados por el profesor Jaime González, de los más de $28 millones transferidos del municipio a la institución, se ejecutaron más de $16 millones, aunque no se justifican en qué se gastó el resto, es decir, $12 millones.

Finalmente, para la vigencia 2012 la Institución Educativa Timba recibió recursos por $75 millones, de los cuales el rector presentó comprobantes de ejecución por $37 millones, quedando un saldo pendiente por ejecutar $38 millones, que tampoco cuentan con soportes.

Por esas razones, la Contraloría a finales del año 2013, concluyó que de los más de $192 millones que el rector ejecutó en esas vigencias (2008 – 2012), $118 millones no tienen soportes y son el presunto detrimento patrimonial que causó el rector de la Institución Educativa de Timba, Jaime Gonzales Serna. Asimismo, consideró que podría “existir responsabilidad disciplinaria por parte del funcionario”, por lo que el rector actualmente tiene un expediente abierto en la oficina de Control Interno de la Gobernación del Cauca.

La semana pasada, El Nuevo Liberal acompañó a Joaquín Elías Gutiérrez a las oficinas de los entes de control para verificar cómo avanzan tanto el proceso de responsabilidad fiscal como el disciplinario, y se encontró, que mientras la Contraloría ya le embargó al directivo docente algunos bienes para la recuperación del dinero, en Control Interno, como dice don Joaquín, el proceso duerme en el cuarto de San Alejo desde hace un año, fecha en la que la Contraloría envió copia de la respuesta de fondo de la denuncia a todos las instituciones competentes, incluida la Secretaría de Educación departamental.

Sobre el escritorio del abogado que lleva el caso en la oficina de Control Interno Disciplinario, reposa el proceso que contiene cientos de páginas. Pero, a pesar de que la queja de la comunidad se radicó en noviembre de 2009, la apertura de la indagación preliminar contra el rector se dio apenas el 12 de junio de 2013. Y aparte de eso, aunque hoy ya existe un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, esta oficina sigue entregando la misma respuesta que viene leyendo don Joaquín Elías desde el pasado 11 de julio de este año: que ya se agotó la etapa de pruebas, y que nada más falta evaluar el material probatorio para decidir conforme a derecho.

Cuatro meses después de esa respuesta, esta semana cuando se visitó las oficinas de la oficina de control interno, la respuesta fue más allá, al reiterar lo ya contestado en el oficio de julio de este año, y adicionar que el tramite está a la espera que desde el gobierno departamental contrate un Contador Público que haga el estudio financiero que se requiere para poder resolver en derecho.

Ante esta situación, el Contralor Provincial, Fernando José Velasco le dijo al representante de los padres de familia, que no era necesario de ese estudio porque la Contraloría hace un año ya lo realizó y que lo único que tendría que hacer Control Interno es solicitar copia del mismo para resolver la situación disciplinaria del docente directivo.

Ante estos hechos, la Secretaria de Educación encargada, Enelia Salinas, dijo que “lastimosamente así como tenemos rectores excelentes y bien responsables, también hay otros con mucha irresponsabilidad. En el caso concreto que se menciona tiene toda la razón, desde el año 2009 se viene verificando la situación en esa Institución Educativa. Nosotros hemos hecho planes de mejoramiento con el rector, que no se han cumplido y precisamente se encuentran unos recursos ejecutados sin soportes”.

Salinas también manifestó que la contratación del contador público para el estudio financiero del caso del rector González Serna, es resorte del nivel central, aunque afirmó que se trabaja articuladamente como Gobernación del Cauca, y que se van hacer las acciones correctivas para que este y otros casos que igualmente tienen manejos irregulares de recursos, como la Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa y Santa Rita de La Vega, se solucionen cuanto antes.

La funcionaria también expresó, que espera que los entes de control actúen pronto para que ese dinero que se gastó y que hoy aún no ha sido justificado, regrese a la institución y se destine para su fin último: garantizar la gratuidad de la educación de los estudiantes del corregimiento de Timba, en el occidente del Cauca.

El Nuevo Liberal consultó al actual rector de la Institución Educativa de Timba, Jaime González Serna, quien lleva más de 15 años en ese cargo, sin embargo, el directivo docente reiteró varias veces, que tendría mucho gusto en responder, pero que vía telefónica no se pronunciaría, sino de manera personal. Y que en segundo lugar, iba a llamar a su abogado para que se acercara hasta las instalaciones de este diario, no obstante, pasados los minutos, el directivo docente devolvió la llamada manifestando que el abogado no estaba en la ciudad, y que si bien reconocía que tenía un proceso en curso, volvió a decir que por celular no estaba en condiciones de responder.

Mientras esto ocurre, no solo los recursos de gratuidad de los más vulnerables están en el limbo, sino que además, parte de ese dinero que también se destina para el mantenimiento físico de la institución, sigue faltando para adecuar la Escuela Rural Mixta Timba, que según la Contraloría y el propio Joaquín Elías, se encuentra en estado de deterioro avanzado: no tienen iluminación eléctrica, las paredes presentan erosiones y la falta de pintura es notable desde hace varios años.