Concejo y gobierno local encaran a la nación por megacárcel en Popayán

Un tejemaneje se ha dado por cuenta del proyecto de la nación para construir una nueva cárcel en predios de la ciudad de Popayán cuya iniciativa proviene del gobierno nacional, puntualmente del Ministerio de Justicia, desde hace algo más de un año. Mientras la nación insiste repetidamente en la viabilidad y decisión para sacar adelante el proyecto, el  pleno del Concejo de Popayán e incluso las autoridades locales expresan dudas y reparos. En medio, una problemática de dos visiones: hacinamiento, y paz con inversión.

El Ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño tiene en su agenda sacar adelante este proyecto que impulsó su antecesor, Yesid Reyes, hace algo más de un año. Tanto el alcalde local como los 19 concejales se oponen representando los intereses de la ciudad. Por ahora, no hay solución a la vista.

El Ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño tiene en su agenda sacar adelante este proyecto que impulsó su antecesor, Yesid Reyes, hace algo más de un año. Tanto el alcalde local como los 19 concejales se oponen
representando los intereses de la ciudad. Por ahora, no hay solución a la vista.

La iniciativa

Esta nueva cárcel que tendría Popayán, ubicada en el sector norte de la ciudad, sería una de las primeras megacárceles que la nación se ha propuesto construir por medio de la figura de Alianzas Público-Privadas –APP- con ayuda de la Corporación Andina de Fomento, banco de desarrollo latinoamericano, que llegaría a habilitar 3.686 nuevos cupos carcelarios.

El entonces  Ministro de Justicia, Yesid Reyes, auguró la apertura para febrero de 2017. Sin embargo, después de haber revivido el proyecto, llegó a asegurar que “en el país nos reclaman todos los días nuevas cárceles pero ninguna ciudad quiere tenerla”, sin duda ilustrativo de una paradoja común.

Esta gran expectativa en efecto podría responder al sobrecupo manifiesto en términos nacionales y desde luego al hacinamiento que presentan actualmente ambas cárceles, de hombres y mujeres, en Popayán.

Si se traslada la lupa al Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario San Isidro, se observa que la capacidad de internos era de 2.524 reclusos más sin embargo el número de internos reales era de 3.303 según cifras oficiales de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC. De este total, 750 estaban en condición de sindicados y 2.253 en calidad de condenados. En suma, un hacinamiento del 30%.

Entre tanto, el Centro de Reclusión de Mujeres cuenta con una capacidad de 100 reclusas. Según la entidad, el número de internos para el mismo corte reflejaba 190 mujeres internas de las cuales 80 estaban en condición de sindicadas y 110 como condenadas. Por consiguiente, una sobrepoblación del 90%.

Voces encontradas

Hoy tenemos a Jorge Eduardo Londoño al frente de la cartera de Justicia y pese al cambio de cabeza del sector, los caucanos no han dejado de evidenciar la avanzada del gobierno para ejecutar este proyecto. No obstante, sectores políticos e incluso las propias autoridades locales manifiestan diferentes reparos a la iniciativa, por lo que consideran traería más dificultades que beneficios para la ciudad, e incluso, la región.

Hace unas dos semanas atrás, el alcalde de Popayán Cesar Cristian Gómez Castro envió una carta al Ministro y al director del Inpec rechazando el establecimiento de la megacárcel en la capital del Cauca.

Entre sus argumentos, indicó que la ciudad ha venido implementando medidas y estrategias de seguridad para preservar el orden y la convivencia, pero que por eventual causa de la penitenciaría, augura impactos sociales negativos directos e indirectos que traerían delincuencia y descomposición social. Incluso fue más allá, y afirmó categóricamente que proyectar esta construcción sin contar con la venia de la primera autoridad del municipio es desconocer el gobierno local en una clara contravención al aparente diálogo regional que asegura tener el gobierno nacional. Por ello, pidió expresamente una reunión con la cabeza del ministerio.

En efecto, la reunión se dio, no con Jorge Londoño pero sí con su viceministro Carlos Medina Ramírez, hace una semana. En visita a Popayán, y en sesión conjunta con el Concejo de la ciudad, el funcionario ratificó la construcción del proyecto a lo cual procuró dar tranquilidad a los caucanos sin tener éxito, hasta ahora.

“Son legítimas las preocupaciones de la gente de Popayán, el Gobierno está dispuesto a trabajar con ellos de la mano para que despejemos las dudas”, aseveró el viceministro.

Ante esta situación, el pleno de los 19 concejales le expresaron un ‘no’ categórico al gobierno nacional por razones que van desde afectación a la comunidad aledaña, como al medio ambiente y a la descomposición social que generaría el proyecto.

En diálogo con El Nuevo Liberal, Diego Alegría, concejal del Mira, aseguró que no se comunicó adecuadamente la iniciativa por parte del gobierno nacional por lo cual generó gran resistencia en los payaneses.

“El principal problema es la socialización. Todos decimos que no estamos de acuerdo con el proyecto, pero si se hubiera dispuesto de una adecuada socialización, algunos sectores no estarían en contra del proyecto”, afirmó el concejal Alegría.

En este sentido, líderes populares del sector del norte de la ciudad se reunieron en la noche del viernes en el salón comunal de Bella Vista para coordinar acciones que busquen propiciar acercamientos con el gobierno de cara a otro fenómeno señalado por el concejal, y son los desplazamientos a los que tendrían que recurrir los familiares de los reclusos de la nueva cárcel, contado con que no todos habitan en la ciudad ya que muchos llegarían de afuera.

Según el Concejo de la ciudad, la comunidad aledaña a la actual cárcel ha tenido que sufrir de la contaminación que por años ha generado San Isidro en la quebrada Manzanero por mal manejo de aguas residuales.

En el mismo sentido el concejal Byron Lema, presidente dela corporación, aseveró que el gobierno nacional debería reconsiderar la destinación de los recursos que serían destinados a la nueva cárcel para que fuesen empleados mejor en proyectos que impacten positivamente a la ciudad.

Frente a esta solicitud, el viceministro respondió argumentando que “en cuanto a los recursos de la nueva cárcel, no es posible invertirlos en otro tipo de proyectos pues son recursos de vigencias futuras, diferidos a más de 20 años”. Si bien añadió que el proyecto se mantiene, explicó por demás que no ha iniciado por falta de recursos.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Cesar Sánchez, le manifestó a El Nuevo Liberal que el problema no es solamente el tema de cupos para personas con condena efectiva, sino que el proyecto no responde a la dinámica de infracciones legales de la ciudad, por cuanto la mayoría de los payaneses comete contravenciones que no necesariamente requieren sanción de tipo penal.

“Las personas que cometen contravenciones en Popayán hace unos 15 años eran dirigidas a la URI. Lastimosamente ahora quien cometa una acción que infrinja por ejemplo el Código de Policía no tiene a donde ser trasladada por cuanto no tenemos una Unidad Permanente de Justicia, UPJ”, indicó el Secretario Sánchez.

El funcionario aseguró además que la estadística delictiva podría crecer por cuanto a los riesgos sociales que traería este proyecto, como es el turismo carcelario de personas de afuera de la ciudad, e incluso, no descarta la ocurrencia de situaciones de alteración de orden público como consecuencia del proyecto.

Y precisó: “no se descartan recursos jurídicos para demostrar que Popayán no está preparada con la nueva cárcel, a lo cual primero se buscaría una interlocución con el gobierno nacional para que no se presenten situaciones delictivas adicionales en la ciudad”.

En conclusión, son dos las grandes posturas respecto a la construcción del complejo penitenciario que tienen enfrentados, por un lado, al gobierno nacional, quien pone la plata inicial y está decidido a jugársela para solucionar el hacinamiento del sistema penitenciario en la región y a nivel nacional, y por otro lado al frente común de la Alcaldía de Popayán y el Concejo que consideran son más los impactos negativos que las bondades que ha intentado vender la nación. Ya se dio recientemente la interlocución entre gobierno-región, por lo pronto, será un pulso de fuerzas y razones superiores las que determinen la viabilidad de la nueva cárcel para Popayán como está en papeles, por ahora.