Ley de financiamiento y miseria

CHRISTIAN JOAQUÍ

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La nueva Ley de Financiamiento -eufemismo para lo que es una reforma tributaria- propone gravar casi todos los productos de la canasta familiar con un IVA del 18%. Como impuesto indirecto que es, el IVA no consulta la capacidad de pago de las personas para contribuir con la financiación de los gastos del Estado.

Aunque el proyecto de ley propone la creación de una “Compensación por la carga impuesta por concepto de IVA para la población de menores ingresos” y la disminución en un punto la tarifa general para pasar al 18%, con el aumento a los bienes gravados, se espera un aumento de los ingresos fiscales tributarios

Dado que los tributos vienen de las rentas privadas, aumento en el ingreso fiscal, en estas circunstancias, necesariamente implica una reducción del gasto y hasta del ahorro privado interno, pues evidentemente, una parte más grande de las rentas privadas debe destinarse a pagar el aumento de los tributos.

Probablemente pocos discuten sobre la necesidad de aumentar los ingresos fiscales, para lograr la financiación del gasto público que demanda la consolidación progresiva de las promesas del Estado Social de Derecho; sin embargo, lo que sí es ampliamente discutible es cuáles son las bases sobre las que debe ubicarse ese financiamiento.

En un país profundamente desigual como el nuestro, que la base para lograr ese mayor financiamiento se ubique en los ingresos medios y medios bajos es francamente un disparate. Lejos de contribuir con la redistribución del producto social, esta Ley de Financiamiento acrecienta la desigualdad.

La desigualdad es el cáncer del sistema económico de mercado. En algunos países se dieron cuenta de esta situación y los esfuerzos se han orientado en garantizar unos servicios públicos de calidad que permitan a las personas de bajos ingresos producir rentas, sin los costos que implica mantener una calidad de vida aceptable.

El dogma según el cual la única vía para el afianzamiento de la inversión privada es la disminución de su fiscalidad, ha llevado a una competencia enferma entre los países en desarrollo, para ofrecer mejores garantías a los fondos de inversión que a las personas.

Desde luego que el capital es sumamente importante para la producción de riqueza social, razón por la cual hay que atraerlo; pero lo que es aberrante es que, para hacerlo, siempre se ha optado por la forma más rápida, pero menos sostenible a largo plazo: la disminución de impuestos.

En cambio, la forma más eficaz, sostenible y edificante para atraer capital siempre será el mejoramiento de la capacidades productivas de toda la población, por el camino de la educación y el aseguramiento social, que impida la creciente pauperización y miseria social.