FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO
Los últimos 240 años, desde la Insurrección de los Comuneros (1781) hasta hoy (2020), Colombia ha vivido permanentemente en Conflicto Armado Interno. Guerra y Paz, no son antítesis dialécticas. El opuesto de la Guerra es la UNIDAD, propiedad que constituye la esencia de una sociedad, cuya división altera o destruye su identidad. De ahí que todos los procesos de paz adelantados, triunfantes o malogrados, han perpetuado la División sin haber logrado jamás la Unidad de la nación colombiana.
Dialécticamente, la ingenuidad de Pastrana (1998-2002) [debilidad de las FF.MM.; zona de despeje; agenda de negociación impuesta por las Farc; Plan Colombia antidrogas; fortalecimiento de la guerrilla], es negada por el belicismo uribista (2010-18) [vigorización de las FF.MM.; política de “seguridad democrática”; conversión del Plan Colombia en instrumento contraguerrilero; reforzamiento del paramilitarismo; inexistencia de conflicto armado], el cual es negado, a su vez, por la perseverancia y cordura de Santos(2010-18) [correlación de fuerzas favorable al Estado; modernización de las FF.MM. y de su “inteligencia”; apoyo internacional; restablecimiento de relaciones con los vecinos; reconocimiento del conflicto], hasta suscribir el Acuerdo de Paz de 2016, hecho “trizas”, parcialmente, por Duque (2018-22).
Santos evaluó concluyentemente la coyuntura, estableció la superioridad de las fuerzas estatales y calibró la “voluntad” de las Farc para iniciar las conversaciones de paz. Obtuvo el respaldo internacional, normalizó las relaciones con Venezuela y Ecuador, y reconoció, expresamente, la existencia de un conflicto armado, encubierto rabiosamente por Uribe, quien argüía que en Colombia “no había guerra, sino “amenaza terrorista”, la cual debía combatirse con las armas del Estado, sin negociación alguna. Santos consideraba a las Farc como un auténtico ejército irregular, sustentado ideológica y políticamente con un programa de reivindicaciones económicas y sociales, cuyo corolario era gestionar un “proceso de paz” para acabar con la contienda, hacer dejación de las armas y reincorporarse a la vida civil, sobre las siguientes bases: realizarlo en Cuba, sin despeje militar. Temas centrales: reforma rural integral; opción política para los reinsertados; enfoque de las drogas ilícitas como asunto de derechos humanos y salud pública; terminación del conflicto: implementación, verificación y refrendación. Firmado el Acuerdo, la tarea consistía en implementar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (JEP, Comisión de la Verdad, etc.), instituciones destinadas a garantizar los derechos de las víctimas.
Seis años, aproximadamente, duraron las conversaciones entre las delegaciones de La Habana para suscribir el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, el 24 de agosto de 2016, protocolizado solemnemente el 26 de septiembre del mismo año en Cartagena, bajo las firmas del Presidente Santos y el Jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, con el propósito de lograr una paz real, con verdad, justicia y no repetición. El 2 de octubre de 2016 se realizó el plebiscito para refrendar los acuerdos celebrados, con una decisión contraria a los mismos: por el “sí” votó el 49.8% de los participantes y por el “no” el 50.2%, resultado jurídicamente inimpugnable. Comenzó el tira y afloje entre las fuerzas políticas triunfantes, particularmente el Centro antiDemocrático, liderado por Uribe, y las fuerzas perdedoras, encabezadas por Santos. El nuevo Acuerdo del Teatro Colón fue suscrito por Santos y el Jefe de las Farc el 24 de noviembre de 2016, habiéndole incorporado las propuestas de Pastrana, Ordoñez, Ramírez y Uribe, excepción hecha de la no participación en política de los comandantes guerrilleros y la imposición de sanciones y condiciones de reclusión más severas. El nuevo acuerdo mejoró el inicial. En su encarcelamiento en El Ubérrimo, Uribe escribió unas reflexiones -“Ojo con el 22”- tendentes a que el Centro antiDemocrático se perpetúe en el poder y con la meta de desconocer completamente el Acuerdo del Colón, acabar con la JEP y crear una Corte Única de Justicia, a su medida e intereses, esto es, RETORNAR AL ESTADO DE GUERRA ANTERIOR.