El Congreso aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral semanal de 48 horas a 40. El proyecto fue presentado por el Centro Democrático y tiene en cuenta consideraciones como que laborar 48 horas a la semana es agotador y puede aumentar el riesgo de que los trabajadores sufran problemas de salud; por el contrario, si disminuye el número de horas laborales, las personas contarán con más tiempo para descansar, recrearse y compartir con sus familias; además, aumentaría la productividad, pues los empleados se encontrarán más motivados para desempeñar sus funciones.
Se podría pensar que un proyecto como este contaría con un amplio respaldo de los colombianos; sin embargo, de diversos sectores han surgido cuestionamientos a la propuesta. Los primeros en expresar su rechazo fueron los empresarios, pues consideran que la medida no es sana ni oportuna porque con esta se encarecerá la contratación, en especial, en el sector formal, con lo cual aumentaría la informalidad; es irresponsable y carece de sustento técnico. Del mismo modo, el Ministerio de Hacienda lo calificó de inconveniente, porque afecta la tasa de desempleo que en este momento es muy alta; así mismo, la disminución de horas afecta la producción, la economía se desaceleraría y aumentarían los costos de la nómina.
Entre los trabajadores, las opiniones están divididas. Por una parte, la Confederación General de Trabajo (CGT) apoya el proyecto, pero la Central Unitaria de trabajadores (CUT) estima que este tipo de reformas deber ser resultado de la concertación entre los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno; además, para la CUT, no se obtienen beneficios con pequeñas reformas aisladas, que, adicionalmente, pueden entrañar intereses ocultos. Algunos partidos políticos, como el Conservador, lo han calificado de populista e inoportuno en las actuales condiciones económicas del país.
La disminución de la jornada laboral no aumentaría la creación de empleos, según lo reconocen los mismos voceros del partido que promueve el proyecto de ley, al que aún le falta la aprobación en la Cámara de Representantes.
Así las cosas, si la preocupación del impacto de la reducción de la jornada sobre los costos laborales formales es de primer orden en el debate y los aumentos en productividad no los compensan, se puede pensar en un paquete de reformas que las atenúen. En Colombia, que ajusta sus salarios mínimos anualmente, la o las rondas de reducción de la jornada laboral podrían venir acompañadas de incrementos en el salario mínimo que solo compensen la inflación. A la par con eso, aún hay espacio para reducir los costos no salariales, reforma que avanzó en 2012 con buen suceso.
Tienen razón los empresarios y los sindicatos en que esta clase de propuestas deben ser analizadas, evaluadas y concertadas entre los sectores interesados. De igual forma, es pertinente conocer la experiencia que han tenido otras economías y su impacto en el empleo, los salarios y la productividad. Son decisiones que no se pueden tomar a la ligera.