Víctimas del conflicto armado, entre la conmemoración y la evaluación de la Ley

09:00 am 08-abril

Por: Olga Portilla Dorado

@olguitapd

Belisario Benavides Ordóñez de 35 años de edad, integrante de la Mesa de Víctimas del municipio de Rosas (Cauca), oriundo de El Patía, de donde tuvo que huir por la violencia; fue asesinado la semana pasada en frente de dos menores de edad cuando salía de su casa.

Es el caso más reciente en el Departamento de asesinato de líderes de las Mesas de víctimas y organizaciones sociales, una muerte que sumado a la cifra -presentada por las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo- de 75 líderes en el Cauca asesinados desde enero de 2016 hasta febrero de 2018, tiene en conmoción a la población víctima de esta zona del país.

Las organizaciones sociales y de víctimas coinciden en que el Estado, hasta ahora, no ha hecho efectiva la protección para sus líderes; que si bien el conflicto con las Farc terminó, en los territorios hay nuevas violencias, intereses como la minería, el narcotráfico, porque no hay quien “regule” esa situación, entonces es complejo para las comunidades resistir en sus propios territorios.

Sin duda, mañana al cumplirse ocho años de la promulgación de la Ley 1448 de 2011, por medio de la cual ‘se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno’, la principal preocupación entre las víctimas (más de 300 mil que hay en el Cauca) es esa amenaza latente de que quien defiende sus territorios se convierte en un objetivo de los grupos al margen de la ley, delincuencia común o guerrillas de antaño como el Eln. (Le puede interesar saber)

“Observamos con gran preocupación que ningún caso de crimines dirigidos a la población de víctimas ha sido esclarecido dejando en la más absoluta impunidad estos hechos. Rechazamos todos los casos de homicidios como el de Temístocles Machado de Buenaventura, Camilo Muñoz, Wilfran Navia de Cajibío, Belisario Benavidez Ordóñez de Rosas, todos líderes y promotores de Derechos Humanos”, señala un documento de protesta emitido el pasado jueves por la Mesa Departamental de participación efectiva de las víctimas del Cauca.

Sumada a esta preocupación, está todo el tema de la ampliación y posible reforma de esta Ley de víctimas, ya que cuando se creó, se planteó un plazo de 10 años, que de acuerdo a la visión con la que fue creada la Unidad para atender esta población, señala que “en el 2021, habremos logrado que las víctimas, reparadas integralmente, ejerzan su ciudadanía y aporten en la consolidación de la paz como resultado de la gestión efectiva y coordinada de la Unidad con los demás actores del Sistema”.

Claro, quizás no se hayan creado “falsas expectativas” para esos 8 millones 650 mil víctimas del conflicto que existen en el país, porque desde la institucionalidad también se acepta que llegado el 2021 no se habrá hecho la indemnización a las víctimas que tienen derecho a ellos, ni tampoco se habrá logrado la reparación integral de todos, por lo que quien sea que llegue a la Presidencia, deberá evaluar el tema de la Ley de manera urgente.

“Hoy en día la cifra de víctimas en el país se acerca a los 9 millones de personas, ese número de víctimas superó la capacidad de respuesta del Estado y de las entidades, lo que nos lleva a replantear una nueva política o la misma, pero replanteándola, mejorándola y evaluando qué presupuesto se ejecutó, cuál tenemos y qué presupuesto se va a necesitar. En estos años que quedan no vamos a alcanzar a reparar a esos 9 millones de víctimas”, señaló Jorge Arturo Vásquez Pino, director departamental de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Vásquez acepta que se ha avanzado en planes y programas, en su ejecución desde que se creó la norma y esta llegó a los territorios, por ejemplo, las mismas víctimas destacan que en temas de asistencia humanitaria se les ha apoyado, el tema de reparación colectiva con enfoque diferencial en el Cauca es el más avanzado a nivel nacional, y ha sido importante el programa de Convivencia y paz que se hace en los municipios que acogieron las Zonas veredales, hoy espacios de Espacios de capacitación y reincorporación, donde actualmente se están reparando a más de 300 víctimas en cada municipio.

Sin embargo falta, y mucho, especialmente los recursos para indemnizar a las víctimas, porque el conflicto dejó no solo heridas psicológicas y territoriales sino materiales, hay personas que lo tenían todo en su finca, en su parcela, en el campo y al llegar a la ciudad no han encontrado una ocupación que les genere recursos para su sustento, y viven de la solidaridad de sus vecinos, del rebusque y en muchos casos de la mendicidad.

“Nos ha faltado evaluar y hacer el cierre de los casos de las víctimas que ya han recibido su reparación integral, de saber qué programas llegaron y cómo los ayudó, esa es una dificultad que hoy tenemos. Ahora mismo no sabemos si se prorrogue o no la Ley, lo que pensamos es que sí debe prorrogarse porque nos quedan estos años y nos falta mucho todavía por hacer por las víctimas, además el objetivo es que se llegue a un acuerdo con el Eln porque mientras exista este grupo seguirán habiendo víctimas del conflicto armado en este país”, puntualizó el director de la Unidad en el Cauca.

Nadie sabe qué vaya a pasar -para las víctimas- después del 2021, pero el objetivo primordial es poder cumplirle a esos millones de personas que sufrieron el rigor de la guerra.

Por la conformación de una Federación o movimiento político de víctimas en el Cauca

Por otro lado, y en diálogo con James Flor, coordinador de la Mesa Departamental de víctimas, que entre otras cosas, estas mesas se crearon y fueron “un logro” de la Ley 1448, señala que otra de las preocupaciones que existe en las personas que él representa es el no haber logrado las circunscripciones especiales de paz.

“Nos preocupa que solo 17 municipios del Cauca fueron priorizados para el tema del posconflicto, otra de las fallas fue el tema de las circunscripciones especiales de paz, donde había una posibilidad de que las víctimas tuviéramos voceros para dar esa mirada desde los territorios, desde el sentir de las comunidades y no desde la imaginación de los que están en Bogotá. Nosotros aspirábamos a eso, el no lograrlas fue un golpe muy duro”, anotó Flor.

Para este representante de las víctimas, en el tiempo que lleva la Ley 1448 ejecutándose en el país, hay muchos temas que se cumplen por “burocracia”, que se hacen inversiones por parte del Gobierno Nacional y Departamental, pero con los que no se logra llegar a la profundidad del sentir y las necesidades de las víctimas.

“Debemos pensar en qué estamos avanzando, por ejemplo en educación y vivienda las deudas son enormes. Es muy triste hacer este ejercicio y mirar las condiciones de las víctimas, y uno no poder hacer nada para decir ‘tenga compañero yo le ayudo’, porque nosotros no manejamos recursos”, explica James Flor.

Otra evaluación que hace el coordinador de la Mesa Departamental de víctimas es que se ha llegado a la conclusión de que estas mesas no son el escenario más claro para participar, pues incluso ésta en el Cauca está conformada por solo 22 representantes de la misma cantidad de municipios, es decir que 20 se quedaron por fuera; por lo que de la cumbre en la que participaron más de 300 representantes de las víctimas, especialmente de las organizaciones campesinas, afros e indígenas que trabajan desde hace años por los derechos de esta población, es que se organice una plataforma departamental como Federación o movimiento político para así tener una verdadera incidencia y protección de sus territorios.

“Claro, las organizaciones han logrado más, llevan haciendo un trabajo de muchos año, tienen un espacio al menos para construir un comunicado, como Mesa no tenemos ningún apoyo técnico, no tenemos asesores en la parte jurídica, no tenemos oficina, las mesas son algo por mostrar, cómo se puede avanzar desde ahí, es complejo”, puntualiza Flor.

Trabajo en Popayán por las víctimas

Alberto Gutiérrez León, coordinador de la mesa municipal de participación de víctimas de Popayán señala que la principal dificultad que encuentran las víctimas de esta ciudad es el pago de las indemnizaciones, pues pese a que la directora nacional de la Unidad realizó un compromiso con ellos de iniciar el pago de 17 mil indemnizaciones para el Cauca, y entre ella varias en Popayán, aún se está a la espera que eso inicie.

Al igual que su compañero James Flor, le preocupa el miedo que los líderes y los representantes de víctimas tienen al estar defendiendo y siendo la voz de millones de personas, pues en muchos casos hay amenazas y ese riesgo latente de ser acallados.

“En Popayán son 153.268 víctimas del conflicto armado, es un número grande porque esta es una ciudad receptora, más de la mitad es población flotante, pero el promedio son cerca de 70 mil personas en el Registro Único de Víctimas, entonces uno se pregunta si son toda esa cantidad y solo se han reparado alrededor de 5 mil, cuándo se reparará a los demás, nos falta mucho”, señaló Gutiérrez.

Finalmente, concluye que sí hay un reconocimiento del Estado frente a las víctimas, pero que los recursos, la atención y los proyectos productivos no son los suficientes para apoyar a todas las víctimas del conflicto armado que hay en la ciudad.