Editorial: Protesta social y vandalismo

09:33 am 20-noviembre

La semana anterior fue de convulsión para la ciudad a costa de los desmanes que se produjeron durante el desalojo de estudiantes del parque Caldas, lo que produjo un fuerte enfrentamiento callejero con el saqueo de la sede del Icetex, acciones muy comentadas en los medios locales.

Tras las trifulcas hubo acercamientos con los estamentos gubernamentales y se permitieron nuevas marchas e incluso que el campamento se trasladara hasta una de las sedes de la Universidad del Cauca.

Infortunadamente al terminar aquella marcha nocturna, las fachadas de los edificios en los alrededores del parque Caldas, incluyendo la Alcaldía y la Gobernación del Cauca, resultaron afectados por acciones que simplemente hay que calificar como vandálicas: paredes de varios colores debido al impacto de las llamadas bombas de pintura, lo que atentó contra el blanco característico de la ciudad histórica.

Ante este tipo de situaciones, debemos decir que las protestas sociales de uno u otro sector de la colectividad respecto de hechos y políticas gubernamentales, o por acontecimientos sociales, políticos y económicos, son una conquista que la comunidad ganó hace tiempo. Pero lo que rechaza la colectividad y las autoridades tienen la obligación de impedir que logre sus oscuros fines, es que en los actos de protesta social personas cuyos objetivos son siniestros, que mimetizan sus rostros tras capuchas, lleven a cabo actos de vandalismo y terror, causen daño en bienes estatales, en propiedades privadas, lancen “papas bombas”, “bombas molotov”, embadurnen paredes y fachadas de edificaciones y monumentos públicos y generen zozobra en la comunidad.

Las autoridades que la Constitución y la Ley han instituido para lograr que impere el orden y haya sosiego en la vida en comunidad, deben impedir que esos siniestros encapuchados consigan su cometido que es sembrar el caos. Más la procedencia de quienes encapuchados generan caos, no ha logrado ser debidamente establecida por las autoridades de Policía y es necesario que se consiga neutralizar su acción, pues su razón de ser es causar daños y rasgar en jirones la vida sosegada de los ciudadanos de bien.

Los actos vandálicos en las protestas sociales cometidos por personas que ocultan sus rostros para lograr consumar sus fechorías trastornan la vida citadina, dañan inmuebles, vehículos y mobiliario urbano. Debe si expresarse que tan siniestros encapuchados no tendrían éxito si fueran rechazados por los manifestantes y por los organizadores de tales marchas.

En los desmanes de la semana pasada se afectó mobiliaria público, es decir de todos los ciudadanos, incluyendo algunos de la misma Unicauca. ¿Quién cometió tales daños? ¿Quién debe de su presupuesto reparar tales estragos? ¿No es contradictorio que se pida más presupuesto público para la educación pero éste tenga que destinarse a reparar toda esta clase de daños?

¿No se percatan que al dejar que los encapuchados se mimeticen en marchas y protestas, destruyan bienes, generen caos, la comunidad rechazará las pretensiones estudiantiles? Es prudente ser sensatos al actuar.