Editorial: Suicidios, ¿crisis de salud pública?

Cíclicamente la comunidad se ve obligada a preguntar por diferentes medios, ¿qué hacen los programas de Salud Mental y Sustancias Sicoactivas de las secretarías de salud de Popayán y del departamento del Cauca?, frente al problema cada vez más frecuente de las autoeliminaciones.

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Y si el ciudadano del común se hace esa pregunta es porque no se está haciendo nada realmente, debido al exigente componente publicitario que debe acompañar a los programas de Salud Pública, si se quiere que éstos tengan una real penetración en el cambio de las costumbres y la reducción de los riesgos de convertirse en una fría estadística, que evidenciará el dolor familiar.

Mucho más en los casos en que la enfermedad mental se encierra en una única solución de muerte, que solo evitaremos con una oportuna atención profesional o espiritual, identificando las manifestaciones suicidas que sirven de llamada de auxilio, pero que los familiares no saben interpretar.

Todos estos cuestionamientos simplemente se expanden al punto de reventar cuando se conocen casos como el de una estudiante de 16 años que se lanza de un puente vehicular para morir sobre el pavimento frío en una madrugada cualquiera en el norte de Popayán. O los reiterados casos de ahorcamiento de jovencitos entre los 13 y 23 años, que ya suman 12 a lo largo de este 2017.

Sucesos de este tipo ponen a pensar a nuestra sociedad, toda vez que la joven víctima se suma a una preocupante estadística la cual infortunadamente crece año tras año, según lo reporta el informe de Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En tal sentido, en todo el país en el 2014, la tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes fue de 4.33 mientras que en el 2015, esta misma cifra marcó 5.22.

Para el Cauca, el crecimiento ha sido similar. De una tasa de 3.48 muertes por suicidio por cada 100 mil habitantes en el 2014, se subió a 3.88 en el 2015. Y eso que estos datos solo registran los decesos, dejando a un lado cifras de intentos fallidos de suicidio, que aunque no se cuantifican de forma tan organizada, deben marcar mucha más preocupación para las autoridades sanitarias de nuestro Departamento.



Entonces es hora de que las autoridades sanitarias, en desarrollo del programa de Salud Mental, implementen integrales estrategias de prevención asequibles a toda la población, para que el ciudadano de a pie sepa dónde acudir cuando sufra en su persona o vea cambios en el temperamento del amigo, vecino o familiar; en los que la depresión sicológica empiece a superar el instinto de supervivencia con que nacemos todos los seres humanos.

Y en ese cometido todos tendremos que ayudar, pero necesitamos del liderazgo del sector oficial por ser ellos quienes tienen el conocimiento y la experticia de los protocolos a seguir cuando se presentan las depresiones severas, que no pocas veces desembocan en intentos y posteriores suicidios.

Los medios de comunicación también tenemos nuestra responsabilidad, no dejando de informar, pero sí dando un tratamiento sobrio a la noticia, para que las particularidades de ésta no se constituyan en el decálogo de la potencial víctima, quién imitará el método de los que logran su fatídico propósito, porque tomada la decisión siempre aspirará a no fallar en su intento.

El suicidio es una tragedia que no solo afecta a la víctima directa, sino a toda su familia con efectos devastadores que difícilmente se curan. Y abordarlo con la contundencia requerida es un deber pendiente no solo de las autoridades para tratarlo y prevenirlo, sino de la sociedad entera que debe hacer un ejercicio de introspección para determinar qué es lo que está sucediendo.

Es hora de hacer algo y romper el círculo vicioso que amenaza con envolver nuestra comarca en una sola enfermedad mental. ¡Manos a la obra!