¿Consulta  anticorrupción  embeleco o desafío social?

08:10 am 21-agosto

alvaroÁLVARO JESÚS URBANO ROJAS

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La consulta anticorrupción  supera el señalamiento de ser un  embeleco protagónico de la ex Senadora Claudia López;  en mi sentir, constituye un deber patriótico  de gran e responsabilidad social  para  los colombianos.

El  26 de agosto será el inicio de una sinergia nacional que busca  erradicar la cultura mafiosa del imaginario colectivo. La consulta, constituye el  primer reto político de la administración del presidente Iván Duque, compromiso de gobierno delegado directamente a la Vicepresidente Martha Lucía Ramírez, que  se encargará de adelantar la política pública de lucha contra la corrupción y liderar los proyectos de reforma en el Congreso de la República.

El suceso costará 310.479 millones de pesos y tendrá éxito  si participan  12 millones 261 mil 314  colombianos, cada pregunta deberá  ser aprobada por lo menos con 6 millones 130 mil 658 votos. Por cada punto aprobado el Congreso  quedará obligado a acatar el mandato del  pueblo para desarrollarlos a través de leyes ordinarias o reformas constitucionales. Como antesala a los comicios  el gobierno nacional radicó cinco proyectos de Ley y un Acto Legislativo para que surtan  trámite  ante el  Congreso  de la República.

La Pregunta más polémica es la  de reducir la remuneración de los congresistas de 40 salarios mínimos legales vigentes (31 millones 331 mil 821 pesos) a 25 S.M.L.V (19 millones 531 mil 050 pesos) y fijar dicha cifra  como tope para los funcionarios públicos de alto nivel. De hacerse, representaría un ahorro anual de 141 millones 609 mil 252 pesos por congresista y, con el tamaño actual del Congreso, el ahorro sería cerca 213 mil millones de pesos, valor del presupuesto  del Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán.

El mecanismo más expedito para reformar leyes o artículos constitucionales  es el referendo y no la consulta Popular, pues  ésta sólo otorga un mandato al Congreso para que  modifique leyes y normas constitucionales. Sin embargo,  para  incorporar la consulta a  nuestro ordenamiento jurídico se requiere  de ocho debates en el Congreso. Verbigracia  que los corporados tengan  un límite máximo de tres periodos en el Senado, la Cámara, Asamblea Departamental, Concejo Municipal o distrital  o Junta Administradora Local, igual  para modificar  el salario de los congresistas y funcionarios de alto nivel  sin que implique violación a los derechos laborales adquiridos por ellos.

Tengo dudas frente a las audiencias públicas para decidir las partidas presupuestales de departamentos y municipios, dando  derroteros al gasto público  de la nación. Mi inquietud se sustenta en el hecho de que si un  comité asesor especializado  de diez personas difícilmente se pone de acuerdo, no me imagino un grupo de 300 ciudadanos con intereses encontrados y  sin conocimientos técnicos,  tratando un tema tan complejo como el de la prioridad de inversión en las obras públicas.

Votaré  porque los condenados por corrupción cumplan la totalidad de las penas en la cárcel sin beneficios ni rebaja, los delincuentes de cuello blanco no pueden seguir gozando de subrogados ni mecanismos sustitutivos de la pena.

Será de gran utilidad votar para que los  corporados públicos rindan  cuentas de su gestión con relación al número de proyectos presentados y aprobados, debates de control político en los que participen, así como los índices de  ausentismo en las comisiones y plenarias.

Me gusta se contrate con pliegos tipo sin formatos sastre a la medida del proponente que financia campañas electorales, prefiero las  licitaciones públicas objetivas, claras y transparentes que garanticen la participación plural de oferentes  para arrebatarles el botín de la contratación a las grandes mafias de la contratación pública.

Superado el  umbral  y al  triunfa el Sí, el Congreso tiene que aprobar las medidas en la primera legislatura del 2019, y si no lo hace, el presidente las adoptará por un decreto con fuerza de ley, por lo que se conjugan  la voluntad política del gobierno y del  Congreso para incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico. Dónde surge la pregunta para los Constitucionalistas: ¿Puede un Decreto Ley reformar la Constitución? Creo que no.