Columna de opinión
Por: Sigifredo Turga
Los gobernantes que en adelante sean escogidos por la ciudadanía caucana para orientar la administración pública en este departamento y sus municipios, esperamos que demuestren honradez, honestidad, ética, valores y principios, todos privilegiando equidad y solidaridad, convencidos de que esas cualidades sean el sustento vital de su administración y gobierno, de tal manera que se plasmen en la comunidad caucana y en su economía, asegurando el cabal respeto al Ecosistema, siempre consultando los auténticos intereses comunitarios.
En 2008, la Corporación Transparencia por Colombia financió un estudio que hizo el importante economista colombiano Luis Jorge Garay, en el que identificó las conductas relacionadas con honradez, honestidad, ética, valores y principios, de que estamos haciendo referencia. Fueron muy tristes los resultados de ese estudio, a tal punto que el economista Garay concluyó que, a los colombianos “se nos corrió la frontera moral” conduciéndonos a lo peor.
Además, recuerdo que, hace algún tiempo en esta columna mostrábamos cómo Colombia, según estudios del Banco Mundial venía sufriendo de “Captura de Estado”, lo cual se refiere a “una sofisticada forma de corrupción en la que de manera ilícita se direccionan políticas de gobierno para el beneficio de unos pocos, y se descuida el bien común”. Incluyendo en ello, digo yo, la aprobación de leyes y normas que fácilmente se manipulan, reforzando esa “captura”.
Catorce años después del estudio de Garay, estamos percibiendo que todo ha empeorado en cuanto a que se sigue fortaleciendo, todos los días, “la captura del Estado” y es más evidente aquello de que “se nos corrió la frontera moral”.
Siento que hubo captura del Estado y se corrió la frontera moral cuando gobernantes optaron por desconocer derechos estatales y comunitarios, (ojalá tan solo lo hayan hecho por ignorancia, antes que por adrede intención), en la prestación hoy, del servicio de energía eléctrica que estaba antes a cargo de Cedelca o para ejecutar los servicios de aseo.
En ambos casos se privilegió, que bienes de todos y para el servicio de todos, pasaran al beneficio y aprovechamiento de inversionistas foráneos del Cauca, contra derechos que da a la comunidad regional y local la Constitución en sus artículos 58, 60, 333, 365, el artículo 2º de la Ley 79 de 1988, el artículo 3º de la ley 454 de 1998 y en la Ley 142 de 1994 su Artículo 15 numeral 15.4 y la Sentencia C-741/03 el 28 de agosto de 2.003.
Tales decisiones deterioraron la capacidad operativa del ente estatal que lo hacía bien, tanto en la energía como en el aseo, sin desconocer la necesaria corrección de errores menores que existían. También, creemos que esas decisiones menoscabaron futuros emprendimientos privados individuales y comunitarios, al desaprovechar aportes de la comunidad y excelentes capacidades profesionales de egresados de la Universidad caucana, con quienes podríamos hoy tener asegurados servicios de calidad propios del Cauca, a costos inferiores para el consumidor, que hoy son inexplicablemente supremamente onerosos, como se evidencia fácilmente en la factura a pagar por el servicio de aseo.
Nosotros hemos tenido la preocupación de invitar a los últimos gobernantes, en el ejecutivo como en el legislativo, para que tomen medidas correctivas a decisiones improcedentes como las antes mencionadas, pero ha sido imposible que lo reconozcan. Los derechos comunitarios no pueden seguirse negando, ni aplazando su aplicación.
Son muchas las oportunidades que se tienen para mejorar al Cauca en sus desarrollos sociales y económicos y quienes vayan a gobernar próximamente deben prepararse para cumplir y hacer cumplir los artículos constitucionales y leyes que hemos mencionado; quedándoles cómodo si se guían y apoyan en los principios y métodos de la economía solidaria.