Columna de opinión
Por: Queipo F. Timaná V.
El Ministerio de igualdad, fue creado por el legislativo, por iniciativa del ejecutivo y le ha correspondido a la vicepresidenta Francia Márquez –quien es caucana- estructurar dicho Ministerio, una gran oportunidad que no se presenta todos los días, para lo que muestro algunos elementos de análisis:
Si bien los padres de la patria a la hora de crear la República de Colombia emularon la institucionalidad del Estado moderno al estilo francés y norteamericano, la situación social siguió dispareja y de forma lenta, paulatina y progresiva se fueron logrando ampliar derechos políticos y sociales, estando aún lejano alcanzar los niveles del primer mundo.
Con la Constitución de 1991 se estableció para el país un horizonte ambicioso en términos de igualdad, cuya materialización es un reto, que implica no pocas dificultades.
En términos antropológicos si bien en la cultura occidental se tiene en cuenta la igual dignidad de todas las personas, fenómenos como el clasismo, el racismo y la exclusión económica de los procesos de desarrollo han implicado fenómenos que impiden la materialización de una igualdad más amplia en el país, una igualdad política en términos de participación con un nivel de ingresos que coadyuve a garantizar mínimos compartidos sino por todos, por la inmensa mayoría.
Poder garantizar los derechos no es una tarea que surgió con la creación del nuevo Ministerio, si no de la Constitución de 1991 que nos rige y que creó el Estado Social de Derecho, en donde en su preámbulo proclama la igualdad como valor esencial del sistema y en su artículo 1° enuncia el respeto a la dignidad humana, como uno de sus pilares fundamentales.
El artículo 13 de la Constitución, tras declarar que todas las personas nacen libres ante la ley, establece que “recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades, y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. por si fuera poco, contempla la igualdad real y efectiva y ordena adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ella se cometan”.
Como se puede observar son ordenes perentorias que el Estado debe cumplir y que hasta este momento presenta dificultades no menores en su materialización real. Para ello, se deben corregir fenómenos que aquejan a ingentes porcentajes de la población, como el nivel de pobreza que alcanza el 39,3%, o sea que apenas reciben $354.031 mensuales por persona y la pobreza extrema es del 12,2%, o sea que los ingresos son menores a $161.099 mensuales por persona, indicadores que empeoraron debido a la pandemia que paralizó el aparato productivo y el consuetudinario atraso en educación, que sin ser de calidad tampoco garantiza una educación dual tanto teórica como práctica que requiere laboratorios, granjas agrícolas, campos deportivos, conectividad, entre otros.
El nuevo ministerio debe ser multidimensional y esa exigencia perentoria que requiere sabiduría, tino, liderazgo, firmeza y capacidad de concertación por cuanto existen egoísmos y mezquindades de los otros ministerios en torno a los propósitos de la naciente entidad.
Deseo que el clamor de mayor justicia social pueda ser resultado del nuevo Ministerio, sin que sea mancillado por intereses politiqueros y corrupción.