Columna de opinión
Por: CARLOS E. CAÑAR SARRIA
En la realización plena de los derechos económicos y sociales se fundamenta la democracia social, los cuales tienden a la liberación de la miseria y la pobreza al ser humano y están dirigidos hacia la satisfacción de necesidades fundamentales, capaces de garantizar un nivel de vida acorde a la dignidad de cada persona. Estos derechos-como lo anota Ángelo Papacchini- incluyen el derecho a la educación y el derecho a la seguridad social que hagan posible a las personas y a las familias el máximo nivel de salud física y mental.
Para la vigencia de tales derechos es importante la posibilidad de que el ser humano se gane la existencia gracias a un trabajo libremente escogido y aceptado. Al Estado corresponde el deber de fomentar el desarrollo económico con desarrollo social, combatir el desempleo, velar por unos salarios justos y por el trato humano a los trabajadores. Hacer del trabajo la esencia humana, como decía Marx.
La democracia social está en pañales. El Estado colombiano ha sido incapaz de incrementar una política pública de empleo que indique el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Las legislaciones laborales, desafortunadamente benefician a los empresarios y a la economía mercantilista en detrimento de los intereses de los trabajadores. Algunos tienen el “derecho” al trabajo, sin embargo, dista mucho el hecho de que las condiciones laborales y salariales impuestas por el mercado, sean capaces de permitir la realización plena de los trabajadores. Sus derechos se cercenan cada vez más y las conquistas laborales tienden a desaparecer. Hay que agregar la alta tasa de desempleo que agobia y conduce a un clima de incertidumbre, situación que a no pocos hace pensar que el nuestro es un país sin oportunidades.
Anualmente llega el dolor de cabeza del aumento del salario mínimo, incremento que nunca llena las expectativas de los trabajadores y sus familias. La mayoría de las veces impuesto unilateralmente y pocas veces concertado. El aumento cada año es irrisorio y demuestra cómo se desatienden las prioridades en un país de mezquindades. Mientras unos privilegiados devengan unos sueldos desproporcionadamente elevados, gran cantidad de trabajadores colombianos tienen que hacer maromas para acceder a la atención de sus necesidades básicas insatisfechas. En un régimen de exclusión y de privilegios no puede existir democracia.
En lo que respecta a la educación, lo que se vive no es más que la aplicación de políticas privatizadoras, lo cual no ha estado exento de inconformismo de estudiantes antes caracterizados por la apatía. Muchos asisten a las aulas en circunstancias precarias y no cuentan con un peso para una fotocopia. Las matrículas en las universidades vienen subiendo despiadadamente. El estudio dejó de ser hace mucho tiempo, la posibilidad de garantía de un futuro promisorio ante los altos índices de desempleo de los profesionales.
La salud en manos de los particulares está haciendo estragos, pues a las empresas prestadoras de este “servicio” sólo les preocupa el afán de lucro y en ningún sentido el bienestar físico y mental de las personas, contrariando a lo que propone la Organización Mundial de la Salud. Las drogas genéricas- lo reconocen los mismos médicos- no surten el mismo efecto curativo o profiláctico en los pacientes, ni son garantes de una franca mejoría. Los médicos no tienen otra opción que formular aquellos medicamentos que las empresas y el mismo Estado les permiten formular. La profesión médica cada vez se coloca en un plano de tercera categoría; las condiciones laborales y salariales de los médicos cada vez se hacen más precarias. Los largos años de esfuerzo intelectual y la inversión económica en sus estudios desalientan a estos profesionales, de quienes en coyunturas especiales, depende nada menos que la salud y la vida de los compatriotas. Al paso en que vamos ya pocos colombianos querrán estudiar medicina.
La democracia social es una necesidad, hay que edificarla. Comenzar por atender las profundas desigualdades socioeconómicas que polarizan este país. Hay que garantizar a la sociedad la protección contra los riesgos de la vida. Mientras la pauperización de la sociedad se haga más evidente, difícilmente la democracia social podrá hacerse realidad. Medidas asistencialistas en nada mejoran las condiciones de vida de los pobres y miserables, toda vez que lo que requiere la población son cambios estructurales y no soluciones momentáneas y populistas.
Existen muchas expectativas ante lo que será la democracia social durante el cuatrienio del presidente Gustavo Petro. Ojalá el país logre superar el pesimismo y la incertidumbre que han generado administraciones pasadas. Nuestro presidente tiene sensibilidad social y su compromiso con el pueblo debe primar en cada una de sus decisiones y acciones. Los cinturones de miseria deben desaparecer. De lo contrario, no podremos vivir sabroso, ni será posible la dignidad como costumbre como enfatiza nuestra vice presidente, Francia Márquez.