Editorial
Por: Marco Antonio Valencia Calle
AA partir de la década del 90, cuando la mayoría de gobiernos de varios continentes fueron influenciados por el credo económico neoliberal e impulsaron la privatización de servicios, hasta entonces a cargo de empresas del Estado, muchas decisiones fueron tomadas sin mayor discusión pública.
Esta posición facilitó que empresas privadas resultaran beneficiadas con prolongados y leoninos contratos, en los que siendo socios la nación, los departamentos y municipios, muy pocos ingresos entraron a sus arcas y los usuarios de los servicios privatizados sin garantizar su eficiencia y calidad, fueron castigados con elevadas tarifas de acueducto y alcantarillado, aseo, energía y alumbrado público.
Así pasó en Popayán, cuando en la alcaldía de Ramiro Navia privatizaron el servicio de Aseo, hasta ese momento a cargo de la Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado, sin previa discusión pública de sus implicaciones y sin que se garantizara oportuno reciclaje, recolección y tratamiento de los residuos sólidos orgánicos.
Estos, durante muchos años fueron transportados al precario “relleno sanitario” del Ojito, causando perjuicios ambientales y afectando la calidad de vida de los habitantes de Lomas de Granada y barrios vecinos, hasta que fue trasladado al actual relleno sanitario en la vereda La Rejoya, donde no han faltado recurrentes problemas.
Ahora, el turno le tocó a Santander de Quilichao, donde supuestamente la administración municipal, preocupada por los altos costos, busca librar a EMQUILICHAO, de la recolección y transporte de los residuos sólidos y orgánicos al relleno sanitario regional de Yotoco, Valle, lo que encareció notablemente los costos, después que hace algunos años, la CRC, por presión de comunidades vecinas, ordenó el cierre del relleno sanitario municipal de Quitapereza.
En el Concejo Municipal y por diferentes medios de comunicación y las redes se ha entablado un acalorado debate entre partidarios de que EMQUILICHAO continúe con la prestación del servicio, o sea adjudicado a una empresa privada, qué, según opositores al cambio, sería URBASER, la misma que actualmente opera en Popayán, reemplazando a la que asumió el servicio desde la alcaldía de Navia.
Es un debate delicado en el que las partes deben presentar sus puntos de vista con fundamentos, para que la comunidad tenga claridad sobre la conveniencia o no de las propuestas, y así evitar suspicacias y rumores acerca de la transparencia del proceso. Más cuando estamos cerca de las elecciones para elegir alcaldes y concejales y estos debates son usados como caballito de batalla por quienes tienen ambiciones políticas.
Grandes dificultades y sanciones de Procuraduría, le generó al hoy presidente Petro, cuando fue alcalde de Bogotá y creó una empresa distrital para competirle a los privados en el manejo del aseo. Igual sucedió al alcalde de Popayán, Juan Carlos López, afrontado ácidas críticas, cuando terminó con el leonino contrato de hace más de 20 años, y renegoció el alumbrado público con la empresa privada que venía prestándolo, garantizando mejores condiciones para el municipio, agregando la prestación de servicios, como el manejo de los semáforos y la Big data, entre otros.
Es un tema de interés ciudadano, sobre todo en Quilichao, donde la comunidad resultó afectada por la disimulada privatización de CEDELCA, qué, desconociendo el derecho adquirido mediante escritura pública con el municipio, entregó el alumbrado público a la CEO, empresa que lo demandó por una deuda cercana a los $50.000 millones, y periódicamente suspende el servicio presionando el pago.