En Consejos de Seguridad y otros escenarios, la Institución había advertido los riesgos que implicaba esa actividad en la vereda San Antonio de Santander de Quilichao.
La Defensoría del Pueblo llamó la atención de las autoridades, particularmente de los ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las gobernaciones y alcaldías municipales, para que se adopten medidas de fondo y se realice una intervención preventiva y correctiva, a fin de evitar tragedias como la que hoy se presenta en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, por el colapso de un complejo ilegal de explotación aurífera.
Según el reporte preliminar, habría al menos 30 personas atrapadas en el socavón, a la vez que se produjo el rescate en las últimas horas de tres cuerpos sin vida como resultado del derrumbe que se presentó en la vereda San Antonio de la mencionada localidad, donde las condiciones de informalidad laboral e infraestructura, significaban un riesgo latente para los trabajadores.
Vale la pena indicar que en varios escenarios convocados para discutir esta problemática, como consejos de seguridad departamentales y municipales, reuniones intersectoriales y otros, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre la necesidad de contener el fenómeno de la minería ilegal en ese sector.
Finalmente, el 25 de febrero de este año la Fuerza Pública en conjunto con el CTI de la Fiscalía, llevó a cabo un operativo para incautar varias de las máquinas que operaban allí, horas después de lo cual el entonces secretario de gobierno de Santander de Quilichao, Ricardo Cifuentes, recibió amenazas contra su vida y renunció al cargo.
No obstante esa diligencia efectuada por las autoridades y la situación del ex funcionario de la administración municipal, las labores de explotación ilegal de oro continuaron. Informaciones que han sido y son materia de investigación por parte de los organismos de seguridad del Estado, indican que miembros del sexto de las FARC que tiene presencia en esa zona del territorio nacional, participan de esa actividad mediante el cobro de cuotas por el ingreso y operación de las retroexcavadoras, así como por la producción de los entables.
Cabe anotar que a esta problemática y al riesgo que implican las condiciones mismas de los complejos auríferos para la integridad y salud de los trabajadores (1.500 aproximadamente), se suman otros factores de orden ambiental como la inadecuada disposición de las basuras en Santander de Quilichao, donde en visita realizada el 18 de marzo de 2014 al Ecoparque Quitapereza, administrado por Emoquilichao, personal de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente, constató la contaminación de aguas subterráneas, el suelo y el aire como consecuencia de las irregularidades en los procedimientos relacionados con el manejo de las basuras.
Temas como la no existencia del cierre perimetral exigido, la ausencia de barreras que mitiguen los olores y el impacto visual de los desechos, residuos expuestos con abundante presencia de insectos, aves de rapiña y caninos, deterioro en los canales para el control de aguas lluvias, taludes inestables, quemadores de gas inclinados y desgastados, y presencia de ganado para el consumo humano sobre el área de disposición de los desechos a cielo abierto, son algunos de los hallazgos efectuados por el equipo enviado a la zona.
En ese orden de ideas, y mientras una comisión de la Defensoría Regional en el Cauca se desplaza para acompañar las labores humanitarias de atención de la emergencia en Santander de Quilichao, la Institución reitera su llamado a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias en aras de garantizar el derecho a la salud, al disfrute de un ambiente sano, al trabajo digno e incluso a la propia vida, toda vez que aspectos como la minería ilegal, el entorno ambiental y la influencia de los actores armados constituyen un factor de amenaza para las comunidades que habitan esa región del país.