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En un informe de la Contraloría General de la República en su oficio No. 2018EE0105032, se hacen varios hallazgos en el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf), regional Cauca y Centro zonal indígena por presunta contratación indebida, tráfico de influencias y posible detrimento patrimonial.
Los hechos denunciados a raíz de un informe de la oficina de Control Interno del Icbf sobre la evaluación de la denuncia remitida por la secretaría de Transparencia de la Presidencia República, los hechos se resumen así: las fundaciones Psicoeducar y Funcam, presuntamente son de propiedad de los funcionarios Belssy Sánchez y Yilver Muñoz (Psicoeducar) y James Ney Ruiz de la segunda. Supuestas irregularidades en la modificación o sustitución de los representantes legales de las mencionadas fundaciones. Además, aparente irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 341 de 2016, suscrito por la fundación Funcam.
De igual manera, dentro de los documentos adjuntos al informe parcial de la oficina de Control Interno, se remitió copia de una certificación de talento humano de la ONG Fundación Gestión Social, suscrita por la señora Dayra Ruiz, así como copia del Registro único nacional de tránsito vehicular y de propietarios de una camioneta, cuyo dueña inicial fue la Fundación y posteriormente del señor James Ney Ruiz hasta la fecha.
El órgano de control concluye que de acuerdo con las evidencias recaudadas “no se ha causado daño patrimonial al Estado, ya que para su configuración es indispensable que se encuentre probado con certeza la lesión al patrimonio público”.
Agrega la investigación, que sin embargo, “se evidenció un posible interés indebido” en la celebración de siete contratos. Así como también se demostró que al celebrar tres de esos contratos (por valor de $451’810.812; 883’646.061 y 722’317.896) “se violó el manual de contratación del Icbf, el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y un artículo del decreto 1082 de 2015 y “posiblemente se incurrió en el tipo penal denominado contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.
De lo anterior se dará traslado a las autoridades competentes para si lo consideran inicien las investigaciones pertinentes.
Respuesta desde el Icbf
Frente a las denuncias realizadas en los medios de comunicación del departamento del Cauca, sobre presuntas irregularidades atribuibles a servidores públicos de la regional Cauca, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) respondió:
A la fecha, los asuntos por los cuales se cuestiona al director regional hacen parte de actuaciones procesales que no han sido definidas con una decisión en firme, y por lo tanto, se debe hacer prevalecer el principio de presunción de inocencia.
Hasta tanto se conozca el resultado de las investigaciones que adelantan los entes de control, el Icbf adoptará las medidas pertinentes conforme a la Ley.
En la actualidad, en la Oficina de Control Interno Disciplinario se encuentran en curso procesos contra el director regional por diferentes asuntos que presuntamente lo involucran respecto del ejercicio de su cargo y funciones.
Estos procesos se encuentran en sus respectivas etapas conforme lo establece el Código Disciplinario Único o Ley 734 de 2002. Añade el pronunciamiento que el Icbf condena cualquier acto irregular o de corrupción que atente contra los recursos de la niñez, adolescencia y familias colombianas.
Finalmente, invita a la comunidad a que denuncie cualquier hecho irregular a la línea 018000 918080 opción 4 y al correo electrónico [email protected]
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