La dimensión de los bienes públicos

MIGUEL CERÓN HURTADO

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Si bien es cierto cuando el público habla del debate político los comentarios se refieren a candidatos, avales o aspiraciones, el verdadero tema central de la discusión es el relacionado con el manejo de los bienes públicos y en este caso, el aspecto que demuestra ser el de mayor trascendencia, es el de su privatización, por cuanto los grandes problemas sociales de pobreza y exclusión y también los más relevantes en el campo institucional, que hoy son los derivados de la corrupción, se desprenden también de lo que han sido las consecuencias del traslado de lo público al escenario del mercado, después que durante más de tres siglos estuvo en el seno del Estado, fenómeno este que se consolidó en los años ochenta, después que el capitalismo rentista se tomará el poder de Estado para colocar este organismo a su servicio y usarlo como fuente de sus ingresos.

La privatización de lo público ha permitido crear los negocios más aberrantes y perversos, para beneficiar intereses privados y sacrificar el interés general y el bien común; en la mayoría de los casos, sin sacar un solo peso de los recursos fiscales, por lo que la corrupción queda camuflada y la comunidad suficientemente golpeada, siendo esta la principal causa del empobrecimiento generalizado y el enriquecimiento de unos pocos, la mayoría de veces, empresarios multinacionales que operan con procedimientos mafiosos untando de tajada a los funcionarios que firman las concesiones y delegaciones para la administración de los bienes públicos. El negocio es sencillo: los funcionarios que firman reciben una comisión y autorizan altas tarifas que los usuarios pagan por recibir el servicio, de cuyos fondos reciben un porcentaje que el corrupto privatizador les paga.

La finalidad de la privatización no es el mejoramiento del servicio en calidad, cantidad y precio, sino el enriquecimiento de los empresarios que reciben los bienes públicos para su manejo. Así, gran parte de los ingresos de la población, que obligatoriamente tienen que comprar los bienes o servicios a quien los brinda en el mercado, pasan a manos del privado, porque no puede dejar de consumir este tipo de bienes.

Para acabar de completar, los contratos son leoninos para el Estado de modo que todas las de ganar las tiene el privado y las de perder las tiene el Estado; porque repito, el objeto no es beneficiar el interés general y el bien común, sino asegurar las ganancias del empresario privado. Así lo vemos en las carreteras concesionadas y los peajes, las empresas de servicios básicos domiciliarios, la infraestructura de servicios públicos colectivos, sin tener en cuenta la privatización de la seguridad social, donde en salud y pensiones los casos son aterradores, principalmente en pensiones que le adjudicó los jóvenes cotizantes a los fondos privados, los que por más de veinte años solo reciben dinero, dejando a Colpensiones los viejos que no pagan cotización, pero que reciben las mesadas, creando así una grave presión contra el presupuesto nacional, que ahora les preocupa por el riesgo que genera en el pago cumplido del servicio de la deuda.

Pero el Congreso de la República, escenario obligado a tratar los temas de importancia para el país, se dedica a otra cosa, dentro del mismo enfoque donde priman los intereses personales y el beneficio individual por encima del interés general y el bien común, los congresistas legislan pensando en su propio beneficio sin importarles un carajo la situación que vive el pueblo que los elige y los vuelve a elegir, como es este tema de la dimensión de los bienes públicos.