La responsabilidad de los electores y la credibilidad de la justicia
HÉCTOR RIVEROS SERRATO
@hectorriveross
Mientras en los medios de comunicación bogotanos hay todo tipo de detalles de las pruebas que hay en el expediente de la Corte Suprema de Justicia contra el senador Bernardo Elías y los espacios de opinión se llenan de adjetivos para reprochar su conducta, desde Sahagún y toda Córdoba se emiten miles de mensajes de solidaridad y apoyo con quien identifican como benefactor de esa región por la cantidad de obras públicas que se construyeron por su “gestión”.
La historia es repetida. En Cartagena decenas de personas esperaron en la puerta del edificio de los juzgados en el Centro la llegada de Manolo Duque, el alcalde detenido por promover un presunto entramado de corrupción junto con su “hermano de crianza”. Lo vitorearon y algunas lloraron incluso.
En Popayán, la Fiscalía le imputó cargos al alcalde y también hubo manifestaciones públicas de solidaridad y aunque el proceso continúa, el hecho de que el juez de garantías decidiera que el funcionario podría afrontarlo en libertad, ha provocado que se publiquen columnas de opinión en favor del alcalde y que haya como una especie de renovado apoyo.
El Alcalde y el ex alcalde de Montería también han sido objeto de imputación de cargos, así como lo será el Director de la ANI. Dos de ellos, que trabajan en el gobierno nacional, fueron vehemente defendidos por el Presidente Santos y en Montería también hubo marchas de solidaridad.
Los ejemplos podrían contarse por decenas y no son nuevos, pero sí generan al menos dos preguntas que pueden resultar complementarias o excluyentes: ¿Hay una especie de aceptación social de la corrupción? O ¿la fiscalía se equivoca mucho y comete unas enormes injusticias?
Un amplio sector de los habitantes de Cartagena, Popayán y Montería, al parecer, creen lo segundo o algunos de ellos creen que las “gestiones” del Ñoño, para tomar un ejemplo, no son reprochables porque si bien pueden haber tenido como resultado el beneficio personal, también han significado bienestar para su municipio.
El Presidente Santos no tiene duda, para él la Fiscalía se equivoca en materia grave y una inadecuada valoración probatoria pone a unos ciudadanos de bien en situaciones claramente injustas.
En los manuales que utiliza la Fiscalía se afirma que la imputación requiere “cierto sustento probatorio”. Y agrega que para tomar la decisión de imputar deben existir “motivos suficientes que indiquen su posible participación en el hecho y que tal inferencia esté originada y sustentada en elementos serios y objetivos que en realidad existan en la investigación, incorporados en debida forma con anterioridad a la decisión de formular un cargo”.
Si bien es el inicio de un proceso, la imputación está precedida de una valoración probatoria, que de alguna manera se requiere también para “llamar a indagatoria” como lo hizo la Corte Suprema de Justicia en el caso del senador Elías.
Pero el punto no son las consecuencias penales o jurídicas, sino las políticas. Por ejemplo, el Alcalde Popayán acusó abiertamente al director regional de Fiscalía de perseguirlo por razones políticas. El Presidente no solo les dio el beneficio de la duda a los funcionarios del alto gobierno que tienen esa imputación, sino que dijo que eso formaba parte del paisaje de quienes son funcionarios públicos y fue más allá para desechar la decisión de la Fiscalía y decir que él está seguro de la actuación correcta de sus funcionarios. Si el Alcalde y el Presidente tuviesen razón estaríamos ante una de las más oprobiosas y peligrosas tiranías, la de unos funcionarios judiciales que por motivos deleznables les causan un daño enorme a unos funcionarios impolutos. Si no tienen razón, estamos frente a un nivel insostenible de desconfianza en la justicia.
En ninguno de los casos tengo elementos para saber quién tiene razón, pero cualquiera que sea la conclusión es muy mala para el aparato estatal y la actitud social frente a la corrupción.
“Juzgamos” a ojo, por ejemplo, creemos, por conocimiento directo o por percepción que Andrade, el director de la ANI, es un “tipo decente”, y por tanto desconfiamos de la actuación de la Fiscalía. Es lo mismo que hacen los habitantes de Sahagún, encabezados por su alcalde que califican al Ñoño como “un hombre bueno”.
El otro capítulo es el papel de los ciudadanos. Las actuaciones del Senador Elías están suficientemente documentadas, tal vez no se decía que le recibía plata a una multinacional, pero que sacaba provecho electoral y eventualmente patrimonial de sus “gestiones” ante el Gobierno nacional no había duda. De su manera de conseguir votos hay unos detallados relatos en La Silla Caribe. Es decir que sus electores actuaron “a sabiendas”, para usar la expresión del Código Penal cuando quiere referirse al dolo.
De las andanzas del Alcalde de Cartagena y su “hermano de crianza” había también información previa cuidadosamente registrada también en La Silla Caribe. La ignorancia de Manolo sobre los asuntos públicos era eso que los abogados llamarían un “hecho notorio” y las sospechas de que sería su hermano sospechoso el que estaría detrás de las decisiones era también asunto conocido. A pesar de ello resultó elegido, es decir que los ciudadanos evaluaron esos riesgos y no es que confiaron en que no ocurrieran, sino que no les parecieron graves.
El panorama es aterrador porque solo hay dos maneras de enfrentar eficazmente la corrupción: una, que la justicia actúe y castigue a los responsables, pero no creemos en sus actuaciones y dos, el rechazo social. Ninguna de las dos funciona, la primera no tiene legitimidad y la segunda tiene linderos bastante confusos.
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