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Editorial: Líderes sociales ¿sin garantías de vida?

Probablemente los nombres de Jesús Orlando Grueso Obregón y Jonathan Cundumí Anchino se olviden con facilidad con el pasar de los días, pues como suele ocurrir con las víctimas del conflicto en este país, los crímenes además de quedar en la impunidad, se quedan en el olvido, salvo algunos casos, en donde quien muere pareciera tener mayor importancia que otros difuntos, pues, aunque suene tenebroso decirlo, aquí no se lloran todas las muertes por igual.

Los recientes asesinatos de los líderes oriundo de la costa Pacífica caucana, y quienes luchaban por mejores condiciones de vida para sus paisanos, como derechos básicos de salud, seguridad, entre otros, solamente son casos que engrosan los más de los 180 que ocurrieron el año pasado en Colombia, y de los 23 que ha registrado Indepaz hasta el momento en este 2018. Maestros, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunales, hacen parte de la lista de personas amenazadas actualmente y que deberían contar con todas las garantías del Estado para el ejercicio de sus acciones. Desafortunadamente no es así.

La Unidad Nacional de Protección, y quien es el organismo encargado en el país de velar por la seguridad de quienes a causa de sus funciones se ven en peligro de muerte, se ha quedado corta para salvaguardar la vida de muchos líderes, que suelen ser estigmatizados negativamente como guerrilleros, y sí así lo fueran como lo son muchos excombatientes que decidieron reintegrarse a la vida civil, el estado colombiano está en la obligación de protegerlos, gústeles a algunos o no. Los episodios vividos por Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ en Armenia, Cali y Yumbo, y quien para muchos no merecería ni siquiera poder caminar las calles sin recibir un madrazo en la cara a forma de sanción social, debería encender las alarmas, teniendo en cuenta los antecedentes vividos con la Unión Patriótica y el M19. No obstante en Colombia algunos celebran que pasen esas cosas.

Ojalá que lo anunciado recientemente por el Ministro del Interior y que habla de un supuesto decreto para la protección de los líderes sociales en el país, no se quede en veremos, ni en contentillos para acallar las críticas, pues contrariando con justa razón a Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, los asesinatos sistemáticos en contra de dichas personas, no son un lío de faldas, tal cual como él lo manifestara.

Quizás otro gallo cantaría si, así como la fuerza pública atropella a vendedores ambulantes a diario, o incluso actuó con celeridad en los robos de Rolex en Bogotá, actuaran para proteger a los líderes sociales, no tanto con medidas reduccionistas que muchas veces no llegan, como por ejemplo ponerle un escolta a pie a una persona que muchas veces no tiene ni para el almuerzo, sino con medidas mejor pensadas, y estructuradas, en lugar de abandonar a su suerte a quienes han expresado ser víctimas de amenazas. ¿Qué pasa con las investigaciones y las capturas? ¿Quiénes están detrás de todo esto?