Balance económico de 2017 y elección presidencial (II)

FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO

fersantacruz25@yahoo.com

En el segundo semestre de 2017 el desempleo alcanzó aproximadamente el 10%. Desde 2014 el gobierno ignoró los problemas estructurales del sector externo y del manejo macroeconómico, evidenciados en la devaluación masiva seguida por el desplome de las exportaciones industriales, en las tasas de interés fijadas por el BR y en las reformas tributarias del Minhacienda. Hasta mediados de dicho año el empleo creció 3% por encima del índice de la población y actualmente es inferior al 0.5%. La recesión económica brotó de las limitaciones del sector externo, acentuada por el manejo macroeconómico, haciendo que la contracción de la producción disminuyera la generación de empleo y viceversa.

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La inflación en 2017 llegó hasta el 4.09%, habiéndose disminuido 1.66% con respecto a 2016 cuando el IPC ascendió a 5.75%. El grupo con menores precios fue el de alimentos con 1.92%, inferior al 5.3% registrado en 2016 (7.22%). En 2018 el salario mínimo se incrementó en 5.9%, superior en 1.81% al costo de vida registrado en 2017. Las cifras transcritas exhiben la ineficacia de las políticas económicas propiciadas desde el BR para contener la inflación y los efectos destructivos de la globalización.

En Colombia los beneficios tributarios otorgados a las personas jurídicas -empresarios sumaron, en 2016, $72.3 billones, desagregados como sigue: deducciones por inversión en activos fijos 7%, descuentos tributarios 7%, rentas exentas 86%, equivalentes al 8.4% del PIB. Si se eliminaran dichos rubros la tributación ascendería al 22% del PIB, pudiendo apropiarse recursos importantísimos para subsanar parcialmente el déficit de bienes públicos– educación, salud, justicia, seguridad ciudadana, control territorial. Se infiere de las cifras transcritas que el 48% de las empresas están exentas de impuestos, unas pocas pagan alta tributación y, adicionado a lo anterior, según la DIAN, la evasión en IVA fue del 21% y en renta del 25%. Los impuestos recaudados en 2016 ascendieron a $123.7 billones, suma a la que si le sustraemos las exenciones (58.5% del total ingresado), nos forzaría a eliminarlas definitivamente a fin de obtener un mayor recaudo efectivo, crear nuevas fuentes de empleo formal e incrementar el gasto público social.

Las calificadoras son sociedades anónimas constituidas para tasar valores mobiliarios y evaluar otros riesgos. Su objeto es facilitar la toma de decisiones a los inversionistas internacionales en el mercado de capitales. La calificación dice la solvencia de un país para responder por sus obligaciones de pago. Una disminución del rating supone una pérdida de confianza de los inversionistas y un incremento de los costos financieros para el deudor. En 2017 Standard & Poor´s bajó nuestra calificación de BBB a BBB-, es decir, contrajo la capacidad de Colombia para endeudarse internacionalmente y redujo las posibilidades de inversión extranjera. Huelga expresar que todas las calificadoras -S&P, Moody´s y Fitchestán al servicio de los agiotistas extranjeros e imponen a los países deudores condiciones ruinosas.

La mayor exigencia de la calificadora fue la de mantener la regla fiscal, esto es el equilibrio entre lo que generamos y gastamos. Según S&P, causaron la baja nota: i- la deuda externa (US$120.000 millones); ii- el déficit externo (US$11.000 millones); iii- el déficit fiscal ($34 billones); y, iv- la caída en el crecimiento (1.6%).

Obedeciendo cual borregos las órdenes foráneas aprobamos en 2017 otra reforma tributaria regresiva, caracterizada por: 1. incremento del IVA, que afectó la capacidad de consumo de las clases medias y pobres; 2. disminución de impuestos a las empresas; y, 3. baja de impuestos a los ricos. La aplicación de la reforma acentuó el estancamiento, afectó la demanda interna, no generó los recaudos previstos, no reactivó la producción y aumentó el desempleo. Reflejo de lo antedicho son los déficits en cuenta corriente y fiscal que ascendieron al 4% del PIB, la tasa de desempleo alcanzó 2 dígitos, el producto nacional creció 1.6% y el Gini de concentración del ingreso alcanzó cifras escandalosas. Las mediciones de desigualdad comparan la que existe antes de impuestos y gasto público con la que resulta después de la intervención estatal. En Colombia el Gini de ingresos es 0.55 y después de la acción del Estado es 0.54, índices que denotan una abismal reconcentración del ingreso nacional en muy pocas manos.