Balance económico de 2017 y elección presidencial (I)

FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO

fersantacruz25@yahoo.com

En términos generales, la Economía Política estudia el funcionamiento de los diversos sistemas económicos. Determina y aplica las leyes que rigen la producción y el intercambio de los bienes y servicios en las sociedades humanas. Cuestiones como la estructura del atraso y su caracterización, la dependencia externa, el crecimiento desigual, el desequilibrio estructural, la industrialización, el desarrollo agroindustrial y pecuario, etc., constituyen su núcleo de investigación.

La Política Económica es la estrategia formulada por un gobierno para obtener resultados específicos como la estabilidad y el crecimiento de la economía. Tales medidas pueden asumirse desde diferentes ángulos de enfoque. Abarca entre otros temas el presupuesto nacional, la fijación de las tasas de interés, el régimen impositivo, la política monetaria, cambiaria y crediticia, y la regulación del mercado de trabajo.

La economía política sirve como guía para establecer medidas acertadas de política económica orientadas a consolidar el crecimiento económico y el desarrollo social de un país concreto. El quid de la política económica radica en resolver la dicotomía existente entre economía y sociedad, en superar las relaciones de dependencia y atraso impuestas por los países hegemónicos y en servir los intereses mayoritarios de una nación con la finalidad de implantar una economía sólida e independiente y de elevar la calidad de vida de los pueblos.

El principal instrumento de la hacienda pública es el presupuesto nacional, relacionado con ingresos, gastos e inversiones públicas, con estimaciones sobre variables determinantes como el crecimiento del PIB, la inflación, tasas de cambio e interés, etc. En Colombia la irracional disminución de algunas partidas presupuestales para 2018 sorprende: -14%, cultura; -17%, inversión productiva; -25%, medioambiente; -28%, agricultura; -42%, ciencia y tecnología; y -60%, deporte. Igualmente, desconcierta el incremento presupuestal del 8% para defensa y policía, en el marco de un proceso de paz que reclama a gritos recursos para implementarlo; y, 6% para gastos de funcionamiento.

Iniciada la década de los 90 el sector industrial aportaba en Colombia el 20% al PIB. Su auge se fundamentó en aplicar una política proteccionista que contrarrestó las desventajas originadas en los precios fluctuantes de las exportaciones de petróleo, banano y café, y compensó las diferencias de productividad con los países industrializados. La apertura neoliberal de la administración Gaviria sometió al sector a los embates del libre mercado al desmontar la estructura de protección, disminuyendo su participación en el producto hasta el 10% en 2017. Nuestra opción de crecimiento industrial está condicionada a restablecer las medidas proteccionistas, dentro de un marco que incluya superávits en cuenta corriente, ahorro, investigación, tecnología, aranceles y subsidios.

El aperturismo referido se mantuvo durante otros 4 lustros afectando severamente al sector agropecuario. Conforme a las cuentas nacionales la agricultura creció 6% en el segundo semestre de 2017. Ello implicó direccionar la política agrícola en favor de la demanda interna de cereales, granos y aceites, y de los mercados externos de banano, flores, frutas, verduras y carne bovina. Además, se focalizaron recursos en reducir los costos de producción y los riesgos a las inversiones agrícolas, se crearon subsidios para agricultura, ganadería y adquisición de maquinarias, se establecieron incentivos para cubrir los costos del seguro contra el clima y subsidios a los precios de cosecha cuando los costos de producción resultaran superiores. Puede afirmarse categóricamente que: i- el desmonte de las políticas proteccionistas constituyó la causa principal del deterioro de la agricultura, particularmente los cereales; ii- el crecimiento del sector agropecuario debe centrarse en la producción cerealera, carne y derivados lácteos; iii- la protección debe adelantarse principalmente con subsidios; y, iv- la recuperación del sector exige estrategias de protección para cultivos con demanda y facilidades de producción.

Obsérvese que no me he referido al incumplimiento de los Acuerdos del Colón de 2016, cuya implementación en materia de Reforma Rural Integral permitiría a Colombia convertirse en un gran abastecedor mundial de alimentos naturales y procesados.

Pese a los síntomas recesivos que exhibía nuestra industria desde 2014, las directivas del Banco de la República -BR- mantuvieron altas las tasas de interés y el Minhacienda apretó su política fiscal –tres reformas tributarias en los últimos tres años-, asfixiando los requerimientos de inversión de los empresarios y limitando la capacidad de endeudamiento de los consumidores a contrapelo de las necesidades de la economía.