Por ANDRES JOSE ARBOLEDA LÓPEZ
Miembro de la Asociación Caucana de Escritores
La facultad de derecho de la Universidad del Cauca ha visto pasar por su historiado recinto a los forjadores de las escuelas jurídicas del país; el que el honorable Consejo de Estado haya ahora postulado a uno de sus más brillantes exalumnos para ocupar una magistratura en la Corte Constitucional, obedece al imperativo de los periodos históricos en los que la conciencia nacional reclama una reacción, y entonces torna su mirada al Cauca.
De los estudiantes contemporáneos con quienes compartimos en el ámbito del Claustro de Santo Domingo, recién reconstruido, con posterioridad al sismo de 1983, se destacaba uno delgado, silencioso pero cordial, que recorría los pasillos con aire de querer absorber toda su ciencia y su legado; era Luis Manuel Lasso Lozano, con quien años después llegué a cultivar la cercanía que nos llevó a las directivas de la Liga de Consumidores de Popayán.
Su silencio se tornaba en la más soportada y rigurosa de las exposiciones, que incluso arrancaba los aplausos de los auditorios y la sorprendida exaltación de los conferencistas internacionales, cuando las inquietudes estudiantiles nos llevaban de la mano de la Fundación Nuevo Veredicto a organizar los inolvidables ciclos de conferencias y seminarios, como el del centenario de la ‘Constitución de 1886: Cien años de historia’, que impulsó el reconocimiento intelectual de nuestro gran maestro, el doctor Ernesto Sáa Velasco.
Posteriormente, habiendo ya llegado ambos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin sorpresa he visto que se ha encumbrado entre los más estudiosos y técnicos de los formadores de la Escuela Judicial en la especialidad, y ello, porque hoy en día, ese rigor y capacidad de estudio que aprecié en las aulas, se ha madurado; su experiencia académica y judicial han templado a un jurista capaz de abrevar en los más modernos textos de las doctrinas, la jurisprudencia y la técnica judicial, sin dejar de lado el bastión de la cultura jurídica que ilumina nuestro amado Claustro, ni la sensibilidad social apropiada a la respuesta que la comunidad nacional espera de los guías e intérpretes finales de su horizonte y porvenir.
Tiene la oportunidad el Congreso de la Republica – sin desconocer el mérito de los otros ternados – al escoger a Luis Manuel Lasso como magistrado de la H. Corte Constitucional, de tender un laso verdadero y eficaz entre la sindéresis juridicial y la entereza e integridad intelectual, pero a la par que retorna su mirada sobre la independencia intelectual y académica del Claustro de Santo Domingo, darle una oportunidad sincera a la recta interpretación y moderna hermenéutica de nuestra Carta Política, en la imperiosa tarea de efectivizar la cláusula del estado social de derecho.
NOTA 2
Pros y contras del desmonte del 4X1000
DESTACADO
… este tributo genera un recaudo y no puede ser eliminado sin tener una forma alterna que permita obtener el ingreso que hasta hoy está generando y que tiene un monto aproximado de $8 billones…
REDACCIÓN EL NUEVO LIBERAL
Con la reciente aprobación por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley para eliminar el impuesto al 4×1.000, que autoriza a todos los bancos a cobrar 4 pesos por cada 1.000 que pasen por toda transacción, avanza con viento en popa.
El tributo que nació en 1998 a través del decreto 2331 como respuesta “temporal” a la crisis financiera para “rescatar” a las instituciones financieras y que realmente lleva vivo 23 años, llegó en ese entonces para quedarse hasta que la representante a la Cámara Katherine Miranda, anunció que propondría su desmonte gradual.
El proyecto de ley presentado por esta representante propone ir reduciendo el gravamen gradualmente a partir del 2023 hasta que desaparezca en 2026 cuando se propone que sea desmontado gradualmente.
¿Pero cuáles son sus pros y sus contras? Pedro Sarmiento, abogado especialista en Derecho Tributario y Socio Director de Impuestos y Servicios Legales de la firma Crowe en Colombia, asegura que éste siempre ha sido un tributo antitécnico, pues genera que las transacciones financieras sean más costosas, quitándole así competitividad al país.
Sin embargo, este tributo genera un recaudo y no puede ser eliminado sin tener una forma alterna que permita obtener el ingreso que hasta hoy está generando y que tiene un monto aproximado de $8 billones, de acuerdo con las cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Según Sarmiento, este es un impuesto que grava las transacciones financieras, hace costoso el manejo del comercio y perjudica a la mayoría de los contribuyentes, ya que quienes hagan uso del sistema financiero ven menguada su capacidad de pago al tener que asumirlo.
“Considero que el desmonte gradual del 4X1000 en el marco de la reactivación económica, sería una ayuda para las empresas, permitiría su crecimiento económico y el de las personas naturales, adicionalmente, el PIB crecería. Sin embargo, lo que se recauda a través de este impuesto ayuda con las necesidades de la población, por lo que hacer un desmonte definitivo en este momento, sin tener una fuente que supla esos ingresos sería contraproducente”, asegura el experto.
Así mismo afirma Sarmiento que la eliminación de este impuesto afectaría el recaudo y por consiguiente a los recursos del Estado, esto si el desmonte se hace sin tener una fuente que permita recaudar el ingreso proveniente de este tributo, no obstante, según lo planteado por la promotora del proyecto habría dos caminos para conseguirlo: impuesto a los salarios altos, es decir, el 2% para salarios de 25 millones de pesos mensuales y el otro camino es eliminar los beneficios tributarios de las megas pensiones.
Según ha declarado la representante Miranda, el camino para tapar el vacío que deja la eliminación del 4×1000 con la supresión de los beneficios tributarios es sopesarlos con impuestos a los salarios más altos, a partir de los 25 millones de pesos y la eliminación de los beneficios tributarios de las mega inversiones, lo que significaría una entrada de $9 billones a las arcas del Estado, lo que podría reemplazar sobradamente el recaudo que dejaría de cobrarse.