ANA FERNANDA MUÑOZ
Colombia es un Estado Social de Derecho, y en un Estado Social de Derecho todos somos iguales ante la ley, y debemos actuar en tal sentido. Nuestros derechos deben ser respetados, así como nosotros debemos respetar los derechos de los demás. Y el marco en el que debemos movernos es la constitución, que nos cobija a todos, que es nuestra carta magna.
Sorprende entonces (o tal vez, no, precisamente porque estamos el Cauca), lo ocurrido en días pasados en la emblemática Hacienda de Calibío, donde se libró una de las batallas más importantes de la campaña Libertadora en 1814, cuando un grupo de indígenas Misak pertenecientes al movimiento AISO se tomaron la Hacienda. Con argumentos como ser un símbolo de la política del latifundio, 200 indígenas ingresaron a un espacio que es propiedad privada, razón por la cual la fuerza pública realizó el desalojo. Y este evento es sólo uno de los muchos que ocurren en esta línea en nuestro departamento.
La pregunta ahora es, ¿qué pasa con el respeto a la propiedad privada? Esa carta magna, esa constitución de 1991, en su artículo 58 dice: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Hemos llegado a un punto en el que las vías de hecho como son los bloqueos, la destrucción de los bienes públicos, las invasiones de la tierra, se han vuelto pan de cada día, y los gobiernos, reactivos, creando mesas para dialogar con aquellos que violan la constitución.
¿Qué es entonces el Cauca para el país? ¿Qué representa este departamento? El laboratorio perfecto. Lastimosamente las acciones tomadas por los gobiernos durante varios años han demostrado que el modelo funciona, que las vías de hecho logran que se pueda pasar por encima del interés general para beneficiar intereses particulares. Y el modelo está replicándose en otras regiones de Colombia, precisamente por haber demostrado su eficiencia. Situaciones como las que vemos recientemente en Jamundí, son réplicas de éste modelo exitoso, y que hacen que se deba exigir el respeto a la constitución, el derecho a la propiedad privada y pública, a la libre movilidad.
¿Cómo podemos ser un departamento viable, que quiere atraer inversión, generar desarrollo, si no existe estabilidad jurídica? ¿Si un inversionista no tiene certeza de que la región en la que está poniendo sus recursos no creará una “mesa de diálogo” cuando, por vías de hecho, vulneren su derecho al trabajo? La prima de riesgo que tiene el Cauca es de las más altas del país, razón por la cual los inversionistas no quieren venir. Si no hay igualdad para todos, si no dejamos de ser considerados como ciudadanos de primera, segunda o tercera clase en el respeto de los derechos, si seguimos así, no seremos un departamento viable.