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Eliana Gómez Hurtado
En su compromiso con la justicia, nación colombiana y con la alianza para el ‘Gobierno abierto’, donde participan más de 70 países en el mundo, es que el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, visitó las instalaciones de la Universidad del Cauca para adelantar el evento sobre ‘Justicia abierta’, diálogos con la comunidad del Cauca.
De acuerdo con el magistrado, los 26 distritos judiciales del país, rinden cuentas anualmente desde hace tres años y también lo hace el Consejo de Estado. En este caso, le correspondió al Tribunal del Cauca hacer la rendición de cuentas; esto acompañado de actividades académicas.
Normalmente el presidente lo que hace en estos eventos es una exposición sobre lo que es la trasparencia y la rendición de cuentas “sobre cómo aupámos la ética judicial y la cultura de la legalidad y en eso consiste nuestra presencia en la Unicauca”, precisó Bula. Entre otras cosas, porque la academia hace parte de su estrategia.
En cuanto a cómo la máxima autoridad ha venido manejando las consultas de proyectos mineros, Bula dijo que estos temas apenas se están asentando pero que tienen providencias en la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
“Yo diría que la tendencia va a que la consulta naturalmente tiene respaldo de ley, probablemente no tiene fuerza vinculante, es decir, que no es necesariamente obligatoria, pero en última instancia lo que sigue progresando en nuestro país es el reconocimiento de la crucial importancia de la centralidad del medio ambiente”, explicó el magistrado.
De acuerdo con el presidente, los análisis están siendo llevados por tutelas y están siendo considerados por la Corte Constitucional; entidad encargada de hacer los pronunciamientos.
Sobre la privatización injusta de la libertad, Bula manifestó que: “el Consejo de Estado es supremamente innovador y audaz porque las consideraciones del derecho penal son diferentes a las consideraciones del derecho en cuanto al tema de reparación. Entonces ahí son víctimas de la privatización injusta de la libertad, que a su vez no lo son, aparecen como víctimas en la medida en qué no fueron condenados por el proceso penal”.
Por ejemplo, aseguró que han existido casos en que personas involucradas en abusos sexuales, después de estar retenidos solicitan que se les indemnicen, “pero está claro que con su conducta dieron origen a ser privados de la libertad, entonces en ese caso el Consejo de Estado no los indemnizan”, acotó.
Los retos principales de la justicia administrativa tienen que ver con un proyecto de reforma a la Ley 1437 que es la que rige el Consejo y que está por ser presentada en los próximos meses. “Este proyecto de reforma va en la dirección de fortalecer las primeras y segundas instancias y hacer más esbelto el papel de las altas cortes”.
Otro de los puntos a favor de este organismo es que han estado exentos de escándalos “pero eso no basta, la ciudadanía cada día quiere más y más. Tenemos que hacer esfuerzos multimodales, que sean acertados para demostrarle a la gente que la justicia tiene niveles modales… es decir que los jueces somos parte de la solución y no del problema, o sea nosotros no aceptamos corrupción en la justicia, no sólo se trata que los jueces sean honesto, sino que tiene que aspirar a la excelencia”, aseveró.
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