ÁLVARO JESÚS URBANO ROJAS
La desconfianza en lo público y el pesimismo antropológico del ciudadano, hacen que se generen dinámicas de inconformidad y anarquía, como sinergia política que promete cambiarlo todo, sin tener claras las reformas necesarias, urgentes y prioritarias, bajo el influjo de liderazgos que pretenden canalizar el descontento, de quienes de manera democrática y libre, ejercen los mecanismos de protesta pacífica para instaurar modelos económicos y estructuras de gobierno que reivindiquen al pueblo y no conciten decisiones constitutivos de saltos al vacío, con riesgos de consecuencias imprevisibles.
La polarización en que está sumido el país, implica dos posturas irreconciliables, por un lado, las maquinarias electorales movidas por mafias enquistadas en el poder, por el otro, los anarquistas, enemigos que miran al Estado como una estructura de dominio que hay que exterminar. Ambos actores se camuflan de manera camaleónica, y ejercen sus acciones desde estructuras paralelas, lo hacen desde organizaciones no gubernamentales, otros son empleados públicos y tienen dentro de sus objetivos, acabar con la institucionalidad y miran al Estado como su enemigo natural, a las fuerzas pública, como agentes opresores violadores de derechos humanos. En el medio, están quienes han logrado la creación de empresas productivas que pagan impuestos y generan empleo, atormentados por las excesivas cargas tributarias, la delincuencia común, la inseguridad jurídica que los agobia y amenaza, sienten la necesidad de cambiar, pero respetando los postulados del emprendimiento, la propiedad privada, confían que los cambios sean paulatinos, bajo las premisas de la libre empresa.
La insurrección de los pueblos, corresponde a una reacción natural contra la corrupción, la discriminación, la falta de oportunidades, las inconmensurables brechas sociales, la generalizada violencia, el exponencial crecimiento de la pobreza, el aumento de la inflación y la deuda externa, la degradación del ambiente por las acciones predatorias de las multinacionales, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.
Estamos en un contexto de polarización entre derecha e izquierda, con empate técnico según el último sondeo, realizado por el Centro Nacional de Consultoría, donde se sugiere una competencia reñida entre dos tendencias claramente definidas. El equipo por Colombia, con un 40,01% de intención de voto, agrupa sectores afectos al uribismo, industriales, banqueros, terratenientes, agricultores y ganaderos, clase media, dependientes clientelares contratados por prestación de servicios, sin seguridad social ni prestaciones sociales; campesinos, trabajadores del sector turismo y del transporte, comerciantes, empresarios y hasta desertores de la izquierda radical, ahora conversos burócratas del Estado, también la integran, élites narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco, acaudaladas familias y militantes de los partidos políticos tradicionales burocratizada y acomodada en las instituciones públicas; paramilitares de todos los orígenes y niveles, así como muchos testaferros abanderados de mafias serviles enquistadas en el poder.
El sector del Pacto Histórico, con el 43,1% de la intención de voto, se nutre con organizaciones populares, sindicatos de base afectos a la extrema izquierda, ciudadanos de a pie inconformes, amas de casa, estudiantes, campesinos desplazados, guerrilleros desmovilizados, políticos tradicionales de ladino oportunismo, grupos étnicos raizales, minorías sociales, comunidades religiosas, etnias indígenas y afrodescendientes, palenqueros, ambientalistas, comunidad Lgtbi, el partido Comunista, el socialismo democrático, productores de coca y marihuana, carteles del narcotráfico, minería ilegal, el partido de los Comunes, el Polo Democrático, reincorporados de las Farc y reinsertados del Eln. y muchos sectores heterogéneos, estamentos que, dicho sea de paso, nunca han gobernado a Colombia, salvo modestas y aisladas experiencias en gobernaciones y alcaldías.
El nuevo gobierno no puede ser despótico, debe garantizar la paz social, moralizar la justicia y el ejercicio ético de la política, respetar la iniciativa privada y la libre empresa, sin permitir que los anarquistas y las mafias dominen el Estado, convirtiéndose en guardianes de la propiedad, despojando al sector productivo y social, sin hacer inventarios de las confiscaciones y decomisos, como agentes motivadores de emociones revolucionarias o de defensa de un estado social de derecho conservador y excluyente; no podemos permitir que las mafias nos sigan gobernando, ni tampoco bajo el pretexto de desmontar el modelo capitalista, acudir a un intervencionismo, que colectivice o democratice la propiedad privada, aniquilando la libre empresa, donde todo es de todos y para todos, sin precaver que por lo general, los privilegios del poder son para quienes los ejercen de manera omnímoda y desenfrenada, sin mecanismo de control social y político, acudiendo a promesas falsas con breves concesiones a los de abajo, que subyacen bajo las mismas desigualdades de siempre, conformándose con las migajas que dejan caer de ostentosos banquetes sus opresores. Al final, los pueblos eligen los gobernantes que merecen.