ÁLVARO JESÚS URBANO ROJAS
En firme la condena derivada del laudo arbitral confirmado por el Consejo de Estado, por un monto superior a los 140 mil millones de pesos, el Estado Colombiano, tanto la Presidencia de la República como el Congreso Nacional, no pueden permitir que Popayán, al cumplir 500 años de su fundación, el 13 de enero de 2037, esté sumida en su peor crisis fiscal, que exige reestructurar y modernizar el municipio.
Se estima que en el balance primario de los próximos diez años tendrá un déficit superior a los 412 mil millones de pesos, que requerirá novedosas fuentes de financiamiento para asumir el pago de las obligaciones contingentes. Lo que implica recortar gastos de inversión y funcionamiento con una nómina paralela de más de ochocientos contratistas por órdenes de prestación de servicios, cuya desvinculación tendrá un impacto negativo en los índices de empleo.
La economía municipal decrece de manera acelerada, al igual que se incremente el desempleo y la pobreza por la recesión económica por causa de la pandemia y el paro nacional motivado por los diferentes actores sociales, los altos niveles de corrupción y la economía informal con vicios de ilegalidad en narcotráfico, minería ilegal; generando desempleo, falta de conectividad, violencia generalizada, muerte de líderes populares, conflictos de tenencia de la tierra, desplazamiento forzado, carencia de ordenamiento territorial, pobreza, ausencia de emprendimientos de iniciativa privada por la inseguridad jurídica, excesiva tributación, elevados costos del servicio de aseo, energía, combustibles, arrendamientos y el reiterado cierre de la vía Panamericana; coyunturas que impactan negativamente en la agricultura, comercio, ganadería, construcción, exportaciones y producción industrial.
Así como el Estado colombiano fue solidario con Electricaribe, las FARC y los paramilitares reincorporados en el proceso de paz, con los banqueros como Sarmiento Angulo y el Sindicato Antioqueño, los cafeteros y empresas textiles, donde todos tuvimos que hacer ingentes esfuerzos para apoyar a éstos importante actores sociales y de la vida económica del país, la misma solidaridad es la que reclamamos ahora para Popayán y el Cauca.
Las autoridades locales no pueden hacer de los modelos de desarrollo una burda comedia sin capacidad operativa, técnica y funcional, ni dejarse someter por la dictadura fiscal del presupuesto anual de ingresos, ni del sistema general de participaciones. Deben ante todo tener capacidad de gestión y ser conductores con licencia de primera categoría, con experticia financiera, jurídica, fiscal y administrativa, contar con rutas seguras y buenas señales de tráfico, sin mirar por el retrovisor para no perder el rumbo.
Popayán pos pandemia, para superar los niveles de pobreza y desempleo, agudizados por el conflicto social, debe fortalecer sus procesos como centro de atracción turística, ciudad del conocimiento y de emprendimientos múltiples, encaminados a la generación de nuevos hechos estructurantes, reconociendo y potenciando la vocación de centralidades urbanas concebidas con referentes técnicos e ideológicos como componentes de un moderno Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que restablezcan el equilibrio social y permita la formulación de un Plan de Desarrollo que fortalezca la legalidad, fortalezca el empleo, supere los índices de pobreza extrema, dinamice el ajuste fiscal, fomente el empleo y el empresarismo, propenda por la modernización del sistema vial y de transporte, recupere el espacio público, con equipamientos que agrupe los elementos ya existentes y los necesarios para afrontar las necesidades futuras de una ciudad moderna, sostenible y sustentable, con el ejercicio efectivo del control social para neutralizar la corrupción que nos tiene estancados y en condiciones inhumanas de vergonzosa pobreza.
Llegó la hora de enarbolar los estandartes de la dignidad por parte de las fuerzas vivas del Cauca y con la aquiescencia de los congresistas de la región Pacifico, unidos por primera vez en un proyecto de ciudad, al exigir la aprobación de una Ley por medio de la cual la Nación se asocie a la celebración del QUINTO CENTENARIO DE FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN DE POPAYÁN, donde además de financiar los actos conmemorativos, se otorguen autorizaciones al Gobierno Nacional para que destine las apropiaciones que se requieran en la crisis fiscal y se asignen recursos de capital o bonos de deuda pública a proyectos de carácter social, agroindustrial, cultural, ambiental y de Economía Naranja, acordes con los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo y fomentar la inversión privada, con estímulos tributarios y crediticios, en favor de las empresas que hagan presencia en el Departamento del Cauca, con miras a garantizar el empleo como presupuesto en una paz, verdadera, estable y duradera.