Columna de opinión
Por: FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO
En un incontrovertible artículo publicado por El Mensaje (24/11/2022), cuya autoría es del ingeniero eléctrico Juan Salamanca, titulado “Alumbrado público en Popayán…” –el cual sugiero respetuosamente estudiar, para tener una visión clara del problema-, se analiza de forma objetiva técnica-financieramente la concesión de dicho servicio otorgada por la alcaldía de Popayán a un operador privado, desde hace 22 años. El texto culmina en la constitución de la Empresa Mixta de Servicios Públicos “Ciudad Moderna S.A.S.-E.S.P.”, el 27 de mayo de 2022, suscrita entre el alcalde de Popayán y Eléctricos Medellín, con autorización unánime del Concejo Municipal, para operar y administrar, durante los próximos 30 años el alumbrado público de la ciudad, cámaras de seguridad, zonas azules, comunicación 5G y actividades diversas.
El municipio de Popayán es propietario del 65% del capital social de “Ciudad Moderna” y la empresa privada del 35%. Sin embargo, su Junta Directiva la integran 5 miembros, de los cuales 3 -mayoría decisoria- representan el capital particular. Qué perversas intenciones motivaron al mandatario local, al Concejo Municipal y a la compañía antioqueña –“socio estratégico”-, a crear una “sociedad prestadora de servicios públicos” que, a toda luz, ¿atenta contra el patrimonio público y los intereses comunitarios? La entidad privada referida –único proponente habilitado para participar en la “ilicitación” pública-, es el mismo concesionario anterior, simultáneamente acreedor del municipio. Los estatutos de “Ciudad Moderna” infringen abiertamente la Constitución Política –Arts. 313-6; 333, inc.4; 336, inc.1; 365- y las leyes sobre prestación de los servicios públicos.
La locución latina “FRAUS OMNIA CORRUMPIT”, significa que “El Fraude Vicia Todo”. La Sala de Revisión de la Corte Constitucional ha emitido numerosos fallos sobre el asunto. Dicha Corporación ha sostenido que dos elementos autónomos configuran tal conducta: i- “intención dolosa” –engaño o simulación realizados con malicia, con el propósito de beneficiarse ilícitamente-; y, ii- “el fraude a la ley”, factores ostensibles en la constitución de “Ciudad Moderna”: a) cláusulas para impedir que el municipio se retire del convenio y, si decide hacerlo, sanciones pecuniarias escandalosas favorables al socio estratégico; b- tiempo de operación; c- daño presente y ulterior que causará al patrimonio público. El Alcalde López-Castrillón y el Concejo de Popayán incurrieron en conductas irregulares, motivadas en designios dolosos, ilegales y fraudulentos, con evidente violación del patrimonio público e interpretación normativa opuesta a los postulados constitucionales y legales.
Jurídicamente, el vocablo “LEONINO” denota exigencias exorbitantes o consecuencias desproporcionadas pactadas en las cláusulas convencionales o contractuales, con manifiesto detrimento patrimonial de una de las partes. Un acuerdo, convenio, sociedad, negocio, etc., es leonino cuando en términos legales es “abusivo”, porque uno de los participantes obtiene ventajas exageradas sobre sus contrapartes y éstas asumen la totalidad de las pérdidas, vulnerando patentemente el principio de equidad, razón por la que es reprobado y considerado “NULO IPSO JURE” –por ningún derecho-. En la constitución de “Ciudad Moderna” NO hay gato encerrado, ¡HAY UN LEÓN HAMBRIENTO! –“Pacto Leonino”-, que amenaza devorar a los “popayandejos”; un NEGOCIADO –operación ilícita de gran dimensión, realizada entre las altas instancias empresariales, políticas y estatales-, que privilegia los intereses privados sobre los colectivos. De ahí que sea indispensable desplegar todos los dispositivos jurídicos contencioso/administrativos -juzgados, tribunales, Consejo de Estado- y ante los órganos de control –Contraloría, Procuraduría, Fiscalía-, a fin de que se declare la NULIDAD del Convenio glosado, se INVESTIGUE y SANCIONE ejemplarmente al alcalde de Popayán, al socio estratégico y los concejales-alcahuetes que patrocinaron la creación de una empresa con objeto ilícito, instituida para esquilmar la hacienda pública y a los contribuyentes. Semejante FRAUDE exige enmienda y reparación a la ciudadanía payanesa: ¡“OMNIBUS FRAUS PUNITUR”! –“el fraude se castiga en todas sus modalidades”-.
Recuérdese que la gestión de la actual administración municipal ha sido caótica: fracaso en la ejecución del “plan de desarrollo” –ruido estrepitoso de latón barato-; cobro abusivo del predial; obras inconclusas; hambre/desempleo/miseria; cero movilidades; y, ¡PROTESTA SOCIAL AD INFINITUM!