Columna de opinión
Por: Sigifredo Turga
La Veeduría Ambiental de Popayán, representada por integrantes de la Comuna 4, participó en los Diálogos Regionales Vinculantes que se celebraron al comienzo de esta semana en Popayán y presentó una importante propuesta educativa que, de ser aplicada, permite fortalecer no solo la actividad comunitaria caucana, sino también la capacidad empresarial de la región.
Interesante la propuesta que hizo la veeduría, basada en que debe cumplirse con la Justicia Ambiental como también, con la Justicia social.
Advierte que será efectiva la Justicia Social si se garantiza el cumplimiento de la “ consulta a las personas, como a las comunidades involucradas o por involucrarse, en caso de que se vaya a efectuar un proyecto, obra o acción que les pueda afectar en positivo o en negativo a esas personas o comunidades”.
Cita algunos casos particulares de tipo empresarial que deben ser corregidos, en los que se ha violentado la Justicia Social en la región, como cuando de manera inconsulta los patrimonios regionales de energía, administrados por CEDELCA, fueron intervenidos por la Superintendencia de Servicios Públicos, en la década anterior, bajo el supuesto de que estaba quebrada esa empresa de mayoritaria propiedad estatal.
Esa engañosa justificación de quiebra fue contradicha en la realidad, cuando dentro del mismo período de intervención de la Superintendencia, un funcionario de planta recibió el encargo de administrar a CEDELCA durante algunos meses y en tan corto tiempo CEDELCA, para el año 2.012, dió utilidades superiores a la totalidad del presupuesto del Departamento en recursos de libre destinación. Sin embargo fué privatizado el servicio de energía negándole al presupuesto del Departamento y sus municipios, utilidades que deberían estarles ingresando pero que ahora van a bolsillos lucrativos.
Contra derechos regionales, el gobierno presionó la entrega de la mayor cantidad de activos de CEDELCA, en cabeza de la CEO,
Víctimas de tan injusta decisión, ahora se pagan elevadísimas tarifas de energía a la CEO, las mayores del país según denuncian líderes, aunque existan en el Cauca importantes recursos hídricos e infraestructurales como Salvajina y otras hidroeléctricas Caucanas.
Injusticia social con los caucanos se evidencia también con cobros que la CEO ha venido haciendo en la factura del servicio, sobre infraestructuras que años atrás, “fueron adquiridas de su propio bolsillo por los consumidores, por acuerdos hechos con CEDELCA, para mejorar el servicio”.
Han venido acometiendo injusticia social y ambiental con el servicio de aseo de Popayán y otros municipios del Cauca, al entregársele este servicio a inversionistas que cobran tarifas enormes y manejan un relleno sanitario que causa daños ambientales sin corregirlos porque solo están atentos a su maravilloso lucro.
Estas políticas empresariales del gobierno saturaron de cansancio a la comunidad de Popayán y por ello impidió el establecimiento de la PTAR, costoso “elefante blanco” que quisieron imponer a elevados costos ambientales y económicos.
Desde hace días existe la alarma de que también al acueducto de Popayán lo quieren feriar a privados lucrativos y para ir ambientándolo han puesto a rodar la noticia de que una tal calificadora BRC Rating-S&P Global confirma la calificación con “perspectiva negativa” para La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán.
Uno se pregunta ¿cómo una empresa que mensualmente tiene ingresos mensuales infaliblemente, tenga que sufrir pérdidas financieras no rectificables hasta llevarla al fracaso, como ahora malhadadamente se insinúa para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán?
Así que el Plan de Desarrollo para el Departamento del Cauca sí debe incluir un específico plan educativo, para que cuanto antes la comunidad caucana sea actor participante en los procesos de gestión y administración de los servicios públicos.