Columna de opinión
Por: Clara Inés Chaves R. – Ex Diplomática y escritora
Recientemente se han conocido a través de las noticias hechos que podrían constituir delitos pero que lo más vergonzoso es que atentan contra la ética y la existencia de la propia democracia.
En un país en el que es difícil ya asombrarse porque cada escándalo que sale es más aberrante que el anterior, hablar de ética parecería como un chiste, y hablar de democracia para algunos es sinónimo de nepotismo, libertinaje y hacer lo que se venga en gana.
Noticias Uno el pasado 30 de octubre mencionó que el Defensor del Pueblo Carlos Camargo convirtió la Defensoría del Pueblo en un refugio duquista.
Al parecer la defensoría se volvió un nido de corrupción, pues Emilio Archila a quien se le tilda de ralentizar la implementación de los acuerdos de paz tiene un contrato por 3 meses por el valor de 65 millones de pesos.
Por su parte hay personas vinculadas a esta institución como Ruby Cecilia Arias esposa del expresidente de la sociedad de activos especiales SAE, sobre la que hoy pesa un grave escándalo de corrupción por no estar actualizado el inventario de los bienes afectados con medida cautelares y con extinción de dominio y al parecer porque muchos de estos bienes se desaparecieron.
También existen personajes como José Rendón quien al parecer estuvo vinculado por despojo de tierras y ahora es el defensor del pueblo en Urabá, y según información de prensa ha estado atacando a las víctimas del despojo.
Ruby Cecilia Arias esposa del fiscal Gabriel Jaimes y Ernesto Lucena son otras de las figuras que trabajan en la defensoría.
El problema importante no es que sean duquistas, sino que los funcionarios que protegen tienen un mico ético colgado a sus espaldas, y además se habla de actos de corrupción que de ser ciertos, obligarían a que se investigue al defensor del pueblo.
Lo lamentable de ello, es que tal como lo señala el Artículo 281 de la Constitución Nacional, el Defensor del Pueblo hace parte del Ministerio Público y en tal sentido, por lo que se ha venido conociendo por los medios de comunicación son los mismos con las mismas, y se arropan con la misma cobija. Cómo diría el Chapulín Colorado ¿Y ahora quien podrá defendernos? Pues esto parece una cantinflada política y una vergüenza absoluta.
De otra parte, en la noticia de Infobae de fecha 30 de octubre, titulada: Caso Álvaro Uribe: los polémicos audios con los que se demostraría el soborno a testigos habrían sido manipulados, es lamentable que estas manipulaciones sucedan pues con ellas se debilita la justicia y por ende el Estado de Derecho.
Ante estos hechos el Fiscal General de la Nación debería investigar ya que la ley es para todos por igual.
Recordemos que la figura del fiscal goza de un fuero especial como el de un magistrado de las altas cortes. De modo que quién se encarga de investigarlo, en primera instancia, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En este sentido ya hemos conocido en que han quedado todas las denuncias que se han tramitado a través de esta comisión. Es decir, en nada.
Casos como los expuestos en el presente artículo son los que hacen que las instituciones del Estado pierdan credibilidad y que la clase política se vea más desprestigiada debido a casos de corrupción, de falta de ética profesional y de nepotismo.
¿Cómo pretender que exista la paz en Colombia si para que esta se dé, debe haber justicia?.
¿Con que autoridad moral algunos políticos y partidos sacan sus banderas de lucha contra la corrupción, si lo único que tienen es una doble moral y pura demagogia?.