Del 20 al 28 de agosto, 18 juristas emprendieron una misión de verificación sobre la situación del derecho a la justicia en Colombia, después de 4 años de gobierno Duque.
Redacción El Nuevo Liberal.
La Caravana Internacional de Juristas, es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, de origen británica que desde 2008 co-organiza bianualmente Caravanas Internacionales de Juristas en el mundo. Este año la Caravana Internacional de justicia organizó su gira por Colombia junto a colectivos de abogados y abogadas colombianas de DDHH cómo el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Corporación Justicia y Dignidad (DIJUS), Equipo Jurídico Pueblos (EJP), Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), ACADEHUM, Equipo Jurídico Humanitario 21N, Colectivo de Abogados Justicia y Derecho, entre otros.
La misión de la Caravana permite visibilizar el arriesgado trabajo de abogados y abogadas, personas defensoras de derechos humanos, en la defensa y acompañamiento a las comunidades para acceder a la justicia social, ambiental, racial, de género y a la paz.
Además, como producto de las Caravana se elabora un Informe con los hechos comprobados y documentados, así como recomendaciones para el gobierno colombiano.
La actual Caravana cuenta con una delegación de 18 juristas que proceden del Reino Unido, Francia, Holanda, Italia, España, Suiza, México, Canadá, y Estados Unidos. Los cuales son parte de importantes asociaciones internacionales como Observatorio internacional de la Abogacía en Riesgo, Federation Barreaux European FBE, Unión Internacional Abogados, Judges for Judges and Lawyers for Lawyers Holanda, Global Justice Association, Working Group Switzerland- Colombia, Lawyers Rights Watch and PBI Canadá y la Comisión Jurídica del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales
La Caravana Internacional de Juristas estuvo en la ciudad de Cali y verificó la situación de Derechos Humanos del sur occidente del país, contó con la participación de abogados del Cauca quienes visibilizaron los obstáculos para el ejercicio de la abogacía y los graves riesgos en la vida y en la integridad padecidos, reflejado en el alarmante número de abogados y abogadas asesinados por realizar su labor en el departamento del Cauca y en Colombia.
Así mismo, las víctimas del Cauca manifestaron ante la Caravana denuncias sobre la situación de las mujeres, el alto índice de feminicidios en la región y la alarmante cifra de desapariciones forzadas de mujeres que alcanza el número de 86 mujeres desaparecidas, lo que refleja la carencia de una política pública local que permita la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer.
Por otra parte, se hicieron denuncias sobre la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos, situación de detenidos políticos y la grave situación que padecen la población LGBTQ en Popayán.
Un punto de partida es la preocupación por la falta de implementación del Acuerdo de Paz, así como la continuidad del conflicto armado, los graves y crecientes niveles de violencia perpetrados por actores armados ilegales, involucrados en el narcotráfico y otras actividades delictivas en las regiones. Otros elementos centrales de la compleja problemática incluyen los altos y crecientes niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas compartidos por las comunidades; así como los conflictos generados en torno al acceso al agua, la tierra y la presencia de proyectos extractivos que amenazan el agua y otros recursos naturales.
La Caravana está muy preocupada por las graves amenazas al estado de derecho que limita el acceso a la justicia, la represión de participación política y la protesta social, y la falta de garantías de seguridad para los que realizan la vital labor de los derechos humanos en Colombia.
- Represión y criminalización de la participación política y la protesta social: La Caravana está preocupada por las denuncias de ataques contra los movimientos sociales y los grupos que promueven visiones críticas y contrarias a temas de importancia nacional. Los han informado de montajes judiciales en contra de jóvenes y líderes sociales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, asesinatos y lesiones como las de violencia ocular.
Además, se han escuchado testimonios de amenazas y hostigamiento a las organizaciones que les apoyan, la ausencia de respeto del debido proceso y garantías en las detenciones, con irregularidades en los procesos judiciales con acusaciones poco fundadas de terrorismo, rebelión y concierto para delinquir. Y con especial preocupación, se han escuchado testimonios sobre la violencia sexual a las mujeres encarceladas y detenidas.
- Ataques contra la labor de abogacía: se han compartido patrones preocupantes que impiden el libre ejercicio de la abogacía, como escuchas ilegales por parte de agentes del Estado, la estigmatización de su labor al confundirlos con sus defendidos, la criminalización por medio de montajes judiciales de defensores y defensoras de Derechos Humanos, abogados, abogadas y jueces, y la ausencia de esquemas adecuados de protección individuales y colectivas.
- Condiciones en cárceles y centros de detención temporal: han reportado condiciones denigrantes, debido al hacinamiento, la falta de acceso a derechos básicos; comida, agua y atención médica, denuncias de tortura física y sicológica en cárceles, estaciones de policía y centros de detención, así como un uso indebido de los centros de detención temporal.
- Falta de acceso a la justicia para las comunidades campesinas, afrocolombianas y pueblos indígenas: se ha informado de ataques y desplazamientos forzados por megaproyectos relacionados con intereses económicos, o del Ejército, la Policía, paramilitares, guerrilleros y otros grupos al margen de la ley. Preocupa la estigmatización de las comunidades como pertenecientes a grupos de insurgencia armada. En las zonas fronterizas han compartido el aumento de la trata, y de otras formas de violencia de género, incluyendo un aumento alarmante del feminicidio y del reclutamiento de niños y niñas por parte de guerrillas, paramilitares y bandas criminales al servicio del narcotráfico y otras actividades delictivas.
- Falta de independencia judicial: se ha compartido casos de amenazas contra jueces y miembros de comisión de restitución de tierras que fueron heridos y asesinados por hacer su labor. Se ha hablado con jueces que recibieron penas de larga duración con base al concepto legal de «prevaricato», un delito que pertenece a los delitos de estafa. También reportaron que el poder de la Fiscalía en estos casos es cuestionable, concretamente percibiendo que supone una amenaza a su autonomía como juez. El nivel de las sanciones y el papel de la Fiscalía es preocupante. A su vez se ha conocido de ataques a fiscales, que se han visto amenazados y asesinados. Preocupa adicionalmente, reportes de montajes judiciales y el papel de la Fiscalía en los mismos. Según las conversaciones con jueces y fiscales, se necesitan urgentemente recursos adicionales para proteger la independencia judicial.
- Aumento alarmante de actores armados ilegales: se ha escuchado testimonios de su incidencia en posiciones de poder político, aumento de sus actividades delictivas y violentas, particularmente en zonas fronterizas con Venezuela.
- Insuficiente implementación del Acuerdo de Paz: se ha observado que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no prioriza la comunicación inmediata con las víctimas en relación con el desarrollo de sus casos, se ha asignado la jurisdicción y la Fiscalía ha transferido casos individuales en contra de la voluntad de las víctimas, de mantener sus casos en la jurisdicción ordinaria y no cumple con las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación entre la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional y el Gobierno de Colombia de 2021. Estos hechos han descentralizado a las víctimas en la JEP, han llevado algunos casos al limbo jurídico que pueda dar lugar a impunidad. A su vez, se ha reportado que la labor de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales ha sido ineficiente y limitada, y que hay pocos avances en el programa de restitución de tierras y reforma agraria, debidos a la falta de voluntad política del gobierno anterior.
Finalmente, se encontró una sociedad civil y movimiento de Derechos Humanos activo, participativo, y entregado al fortalecimiento de un estado de derecho y en la construcción de la paz. “Queremos agradecer al Estado y a las embajadas por recibirnos, hablamos con representantes del Estado con un fuerte compromiso con los derechos humanos, sin embargo, siguen existiendo graves amenazas para el ejercicio de la abogacía y para la sociedad civil”, puntualizó Sofía López Mera, Directora de la Corporación Justicia y Dignidad.