E
l programa de la mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, declaró emergencia social y cultural de los pueblos originarios, debido a las situaciones de violencia e intolerancia que han afectado la integridad de las mujeres de los diferentes cabildos del departamento. Según la declaración, durante este año se han registrado 59 asesinatos de mujeres en el departamento del Cauca, de las cuales 33 eran indígenas.
El pasado 29 de octubre, la senadora Ayda Qulcué, representante de la Circunscripción Especial Indígena – MAIS, fue víctima de un atentado cuando se movilizaba cerca a Guadualejo, en Tierradentro, Cauca. De acuerdo con la denuncia pública realizada por la senadora, el vehículo en que se encontraba con su esquema de seguridad recibió seis impactos de bala, por lo que se realizó un llamado urgente al Ministerio de Defensa y a las autoridades competentes, para que se investigue el caso y encuentren a los responsables del hecho. La senadora Quilcué ha registrado más de 90 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, por amenazas por parte de diferentes grupos armados que hacen presencia en el departamento del Cauca. La primera denuncia fue realizada en el año 2008 cuando su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado por grupos delincuenciales en el municipio de Inzá.
Ante estos hechos, el Programa de Mujeres del CRIC se declara en alto riesgo, exigiendo al Estado colombiano las garantías de protección de las mujeres indígenas, considerando que, durante el período de mayo – agosto del presente año, se identificaron 701 casos de violencia contra las mujeres pertenecientes a 11 comunidades indígenas ubicadas en el Cauca. Teniendo en cuenta que se han presentado en distintas zonas casos de violencia contra las mujeres indígenas, que hacen parte estructural y permanente de los territorios ancestrales, el Programa solicitó ante el CRIC la expedición de una resolución que reconozca a las mujeres indígenas como defensoras de la vida y de los derechos humanos, con el fin de tener participación directa y toma de decisiones en las mesas técnicas del Auto 092, donde se planteen estrategias y lineamientos para su protección.
Además, por medio de la declaración, exigieron al Gobierno nacional la territorialización de presupuesto inmediato para operar el Programa Integral de Garantías- PIG, que se ha venido gestando desde el año 2009 por diferentes organizaciones sociales y que materializaría, a través del Plan de Acción, la etapa respectiva con periodos delimitados de cuatro años.