Columna de opinión
Por: Walter Aldana
Producen vida acuática y garantizan la vida de los seres humanos, de especies vivas irracionales, amén del uso para la industria y el procesamiento de la materia prima en varios renglones de la industria: son los ríos, desplazamiento de caudal de agua por nuestra geografía patria y con mayor razón desde nuestro Macizo Colombiano, la imponente fábrica desde siempre.
El pasado 17 de diciembre, comunidades de los municipios San Lorenzo, Mercaderes, Santa Cruz, Belén, Florencia, Colón Génova, San Pablo, San Pedro de Cartago, La Unión, El Tablón de Gómez, Arboleda Berruecos, Albán y San Bernardo, pertenecientes al norte de Nariño y sur del Cauca, se dieron cita para conmemorar un año de la realización de consultas populares “por la defensa del agua, la vida y el territorio”, así como la prohibición de la minería y las concesiones en esta parte de nuestra amada Colombia.
Bajo la consigna de “Sí a la vida… no a la minería”, en este territorio agro alimentario, más de 500 campesinos y campesinas, se dieron cita esperanzados en lo que haga este nuevo gobierno del CAMBIO en relación con la defensa del medio ambiente y con generar reales espacios de participación con carácter vinculante.
En sentencia social las comunidades congregadas en el evento concluyeron: “por los derechos fundamentales a la vida, por el derecho fundamental al agua, por los derechos socio culturales a la salud, al ambiente sano y agroalimentarios de las comunidades campesinas, del norte de Nariño y sur del Cauca, declaramos los ríos: Juanambú, Mayo y San Bingo, como sujetos de derecho”.
Al centro de la audiencia, las propuestas comunitarias como: prohibición de las concesiones mineras a las transnacionales; no rotundo al cambio de vocación en la región (de productiva a minera); participación comunitaria mediante consultas populares impulsadas por organizaciones civiles, motivadoras del bloque de opinión; reconocimiento institucional al resultado de las consultas; y reconocimiento del campesinado como sujeto político diferencial de derechos lo que significaría acceso a tierra, territorio, autoridad campesina, derecho a la consulta previa, transformar la categoría de campesino en el censo realizado por el Dane, salud, reconocimiento de la medicina tradicional campesina, vías terciarias, garantías en producción, insumos, créditos con intereses blandos, en fin, un sistema productivo acorde con la historia regional.
Se mencionó en forma reiterativa la difícil situación de derechos humanos y conflicto armado por el que atraviesa la región, concluyendo que solo la paz total, permitirá el desarrollo del norte de Nariño y sur del Cauca.
Qué bueno que ante la cercanía del fin de año y una nueva administración nacional, nuestro Campesinado se sienta esperanzado en que sus propuestas serán consignadas en el plan nacional de desarrollo, en el nuevo código minero a presentar por el Ejecutivo y a discutir el Legislativo al inicio del 2023, así como los cuatro debates pendientes en el Congreso de la República para la aprobación de la ley de reconocimiento del campesinado.