Lideresas sociales piden garantías para ejercer su labor

Previo al inicio de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), lideresas afro de diferentes regiones del país se reunieron en Medellín donde participaron de varios encuentros liderados por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

Redacción El Nuevo Liberal*

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Francia Elena Márquez Mina, lideresa caucana defensora de los derechos humanos y ambientales, se pronunció fuertemente en medio de un conversatorio denominado ‘Liderazgo social afrocolombiano: una apuesta por la vida’, realizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). Fotografía: Suministrada

“Estamos frente a un Estado criminal que, por acción o por omisión, está permitiendo el genocidio y el exterminio étnico, físico y cultural del pueblo negro, del pueblo indígena, de las comunidades campesinas y de distintos sectores sociales que le hemos apostado a la paz en este país”, afirmó la lideresa caucana Francia Elena Márquez Mina.

Francia lideresa afrocolombiana que defiende los derechos humanos y ambientales, se pronunció fuertemente en medio de un conversatorio denominado ‘Liderazgo social afrocolombiano: una apuesta por la vida’, realizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Junto a ella estuvieron otras lideresas afro de diversas regiones del país, quienes hablaron sobre la falta de garantías para ejercer su labor, y la crítica situación de inseguridad que viven.

El pasado miércoles se conoció que dos líderes afro del Cauca, que han participado en la coordinación de las consultas previas para la construcción de la doble calzada Santander de Quilichao – Popayán, fueron declarados objetivo militar por un supuesto grupo de limpieza social, se trata de Yaneth Mosquera y Alfredo Riascos.

Márquez añadió que la paz no es simplemente la firma de un acuerdo entre dos actores armados, sino que esta implica la erradicación del racismo estructural en el país. También se refirió a la situación que siguen atravesando territorios como Tumaco, Chocó y el norte del Cauca, donde los grupos armados ilegales no cesan de reclutar jóvenes de manera violenta.

“La paz implica garantías de justicia. Cuando en este país asesinan a la gente y la Fiscalía no responde, no investiga, deja que los procesos se venzan, no hace nada frente a las amenazas que recibimos y nunca puede dar respuesta sobre eso, termina haciéndoles un favor a los victimarios. La impunidad se ha vuelto un premio para ellos”, expresó la lideresa.

Las amenazas en Cauca


Este fue el panfleto que recibió Yaneth Mosquera y Alfredo Riascos. /Fotografía: Archivo particular

De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), 837 líderes sociales y excombatientes han sido asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 hasta el 1 de junio de 2019. Entre esa última fecha y el 25 de junio se han tenido noticias de más de 17 nuevos casos.

En Colombia, muchos líderes que defienden la vida y el territorio han recibido amenazas y son objetivo militar. Así lo dijo Márquez, quien se refirió especialmente a aquellas personas que se enfrentan a las multinacionales mineras, a la política extractivista, a la minería ilegal, a los monocultivos de palma aceitera o de caña de azúcar y a los cultivos ilícitos de coca.

También, estas lideresas afrocolombianas hablaron sobre el reciente homicidio de María del Pilar Hurtado, oriunda de Puerto Tejada (Cauca).

“Las autoridades salen a decir que el caso de María del Pilar Hurtado no tiene nada que ver con temas de reparación ni de tierras. Es mentira. Todos los asesinatos y las amenazas que se están produciendo en el Caribe a líderes y lideresas afro, indígenas y miembros de las Juntas de Acción Comunal tienen como elemento fundamental el tema de la defensa de la tierra. Otras están relacionadas con el control electoral de la región”, aseguró Audes Jiménez, coordinadora regional andina de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora.

Incluso el pasado miércoles se conoció que dos líderes afro del Cauca, que han participado en la coordinación de las consultas previas para la construcción de la doble calzada Santander de Quilichao – Popayán, fueron declarados objetivo militar por un supuesto grupo de limpieza social, se trata de Yaneth Mosquera y Alfredo Riascos.

Mosquera fue Mujer Cafam 2007 y delegada del Espacio Nacional de Consulta Previa para Comunidades Negras, según señaló las amenazas se dieron por medio de un panfleto, es la segunda vez que lo recibe; tanto a ella como a Riascos los sentencian y amenazan de muerte.

“Las comunidades negras no nos estamos oponiendo a la construcción, para nosotros es importante, pero afecta los territorios donde estamos, por ejemplo, el Consejo Comunitario La Laguna en Cajibío y el Consejo Comunitario África Popayán en la Comuna Dos”, dijo la líder en entrevista con Radio Super.

En el panfleto donde la mencionan a ella y a Alfredo Riascos, señala, entre otras palabras “como se los dijimos en el aviso pasado no sean tercos, en el territorio mandamos nosotros, con ustedes o sin ustedes esto se va a hacer. Señora Cafam no se vaya a hacer matar por dárselas de valiente…Yanet Mosquera usted es una buena persona, pero lástima que sea tan terca”. (ver foto 2)

Sin duda es un tema que aumenta la preocupación de los líderes y lideresas sociales de esta zona del país, así como de otras regiones quienes están siendo víctimas no solo de amenazas sino de asesinatos, tal como ocurrió con María del Pilar Hurtado, donde lo expresado en el panfleto que aparecía su nombre: tristemente se cumplió.

Ella llegó a Tierralta, Córdoba un par de años atrás después de haber trabajado como minera en el Chocó. En 2013 se había ido de su natal Puerto Tejada por amenazas en su contra luego de haber denunciado casos de narcotráfico en la zona.

Francia Márquez, integrante del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, se refirió al asesinato de María del Pilar Hurtado como una consecuencia del racismo que sigue imperando en el país aunque hayan pasado casi tres años desde la firma del Acuerdo de Paz.

“El racismo estructural es el que hoy permite que las mujeres sigamos siendo violentadas y asesinadas, como pasó con la compañera María del Pilar hace unos días. Tenemos rabia y coraje porque no es posible que un país esté hablando de paz con un discurso vacío, que no alcanza a mover a mucha gente que está en la ciudad y que no le tocó vivir el conflicto armado. (…) Nosotros fuimos los que le dijimos “sí” a la paz y hemos puesto los muertos”, apuntó Márquez.

Por su parte, Luz Marina Becerra, integrante de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) enfocó su aporte en la indiferencia de las personas que, como se notó en un video compartido en redes sociales, observaron al hijo de María del Pilar en un llanto desconsolado.

“En Colombia, la violencia se ha naturalizado tanto que ya vemos matar a alguien y no nos da nada. El fin de semana, cuando mataron a la compañera María del Pilar Hurtado, vimos que el niño se retorcía frente a la impotencia y la rabia de ver cómo mataron a su madre y no recibió un abrazo en ese momento”, apuntó Becerra.

Finalmente, según Margarette May Macaulay, relatora de los derechos de las mujeres y la población afrodescendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la población afro fue la que más sufrió asesinatos, pérdida de propiedades y desplazamientos forzados durante el conflicto armado de Colombia. En el panorama actual, dijo la comisionada, muchos desmovilizados han tomado control de áreas donde someten a los pobladores con el fin de iniciar cultivos ilegales.

“Nadie puede decir que llegó la paz para esta gente porque no es así. No se puede tener paz sin justicia ni justicia sin paz. Si a alguien le da miedo salir de su casa, ¿Cómo va a decir que existe la paz en esa región? Si las personas dejan las armas pero no pueden vivir en conjunto y trabajar unidas por un propósito, entonces no hay paz. Muchos de los líderes que están buscando clarificar las necesidades están muriendo”, dijo Macaulay.

A su vez, la comisionada Ángela Salazar, integrante de la Comisión de la Verdad, anotó que el asesinato frecuente de líderes sociales en Colombia “es una preocupación de todo el sistema porque nos resta la oportunidad de avanzar en el trabajo del esclarecimiento de la verdad”. 

*Con información de Raza e Igualdad