HAROLD MOSQUERA RIVAS
Una de las consecuencias graves de la pandemia del Covid-19 ha sido el incremento desproporcionado de relaciones laborales precarias, en las que, las personas que trabajan no perciben el salario correspondiente a su labor, ni las prestaciones sociales legales, ni los aportes a la seguridad social y parafiscales.
Estas formas de relación laboral le permiten al empleador reducir los costos laborales y de esa manera mitigar los efectos económicos de la pandemia. El problema social se incrementa con la llegada de los hermanos venezolanos, para quienes un pago por debajo del salario mínimo, sin ninguna otra acreencia, es suficiente, por la complicada situación en la que han debido abandonar su país. De esta manera, en los almacenes comerciales, en los restaurantes, en los bares, en los talleres, en las clínicas y hospitales, e incluso en las entidades públicas de todos los órdenes, se encuentran trabajadores precarios, alejados de las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo y del régimen del servidor público, sin aportes para salud, pensión y riesgos laborales, sin aportes a la Caja de Compensación Familiar, Bienestar Familiar y el Sena, sin prima de servicios en junio y diciembre, sin auxilio de cesantías ni intereses a las mismas, sin calzado y vestido de labor, sin auxilio de transporte, sin vacaciones.
Prestadores de servicios de las entidades públicas, sin bonificación por servicios prestados, sin prima técnica, sin prima de alimentación, sin prima de vacaciones, sin prima de navidad. Esta situación se agrava, en aquellas instituciones en las que, de manera paralela, hay trabajadores de planta que perciben todos los beneficios antes relacionados. Porque los trabajadores precarizados tienen la referencia para comparar entre lo que perciben los que tienen su relación laboral ajustada a derecho y ellos.
La solución de esta problemática es uno de los grandes retos que tendrá el próximo presidente de los colombianos. Por lo que resulta insólito que, en los debates se les permita dedicar el tiempo a insultarse entre ellos y dejar de un lado lo que la gente debería escuchar para decidir en conciencia por quién votar.
Por ejemplo, en la Universidad del Cauca, hoy tenemos profesores ocasionales y catedráticos, que no tienen continuidad en su relación laboral, pero que suman décadas vinculados al alma mater, así mismo tenemos trabajadores por prestación de servicios que cumplen las mismas funciones que los de planta, pero sin percibir el mismo salario y las prestaciones de ley. Los aspirantes a la Rectoría, en este proceso electoral, deben incluir en sus propuestas, la iniciativa que nos permita formalizar a todos esos profesores y empleados administrativos, cuya sola existencia en la precariedad constituye un menoscabo a la educación pública, pues esos profesores y empleados, preocupados por completar su mínimo vital, van a trabajar en exceso, van a enfrentar problemas familiares y económicos, que afectarán su desempeño laboral. Por eso es tan importante que todos los candidatos utilicen el tiempo de los debates y las entrevistas, para exponer con claridad sus propuestas, para ver si dentro de cuatro años es posible escribir una columna como esta, pero celebrando las mejoras en materia de relaciones laborales informales y precarias.