ÁLVARO JESÚS URBANO ROJAS
Muchos colombianos salen a las calles a protestar en contra del Gobierno del presidente Iván Duque, generando un movimiento social, político y económico que, de no ser canalizado y liderado de forma adecuada, puede ser más nefasto el remedio que la enfermedad. ¿Será posible intentar el cambio teniendo como instrumento la protesta pacífica, en un Estado permeado por la corrupción con ribetes autoritarismo y con tensiones sociales entre fuerzas ocultas de guerrillas discrepantes, narcotráfico, pobreza y minería ilegal?
En Colombia, los cambios estructurales en materia política y económica, han sucedido a través de la violencia. Surgen entonces, dos interrogantes: ¿se puede logar el cambio sin violencia? ¿a quién se le inflige esa violencia? Cuando decimos: ‘Yo solo apoyo las protestas pacíficas’, no quiere decir que se apoya protestas en las cuales los manifestantes permiten ser públicamente brutalizados en esperanzas de que su sufrimiento provoque lástima entre la ciudadanía para motivar la solidaridad y exigir el cambio. Probablemente será una manifestación vacía sin peso específico para motivar una acción real de cambio. En otras palabras, apoyan el derecho a protestar del pueblo, siempre y cuando sea una protesta ineficaz.
Las vías de hecho con acciones agresivas y vandálicas, no soluciona la pobreza, es un error atacar a quienes dinamizan la economía, los saqueos y las agresiones contra el estamento productivo, empobrecen a todo el mundo, no se puede atacar a la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos de turno con actitudes vandálicas contra los comercios. En Colombia 1.3% de los ciudadanos paga impuesto de renta, generalmente los comerciantes, industriales y el país productivo, mientras por faltas de liderazgo y políticas públicas de alto contenido social y lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, el país de derrumba manipulado por las células insurgentes que se infiltran en la protesta social, los políticos oportunistas que cambian de partido buscando réditos electorales y actores sociales inescrupulosos que utilizan los taponamientos para el cobro de peajes para el uso de los corredores humanitarios.
Estamos cansados que se exijan derechos pisoteando a los demás, vivimos en un país donde las autoridades públicas no tienen la capacidad ni la autoridad moral para impedir el caos y el desorden; donde los violentos y vándalos, se arrogan para sí, la figura de los derechos humanos como instrumento filosófico para vulnerar los derechos fundamentales de toda la sociedad; destruyendo sueños y proyectos que por años con trabajo responsable y dedicación absoluta han construido quiénes luchan por el desarrollo y pretenden desde la iniciativa privada, construir país con mucho esfuerzo y sacrificio. Colombia necesita una revolución social con inteligencia y liderazgo, y ante todo dignificar la protesta sin atacar la producción, sin destruir lo nuestro para empobrecer a la gente y deteriorar los servicios públicos que utiliza el pueblo.
La protesta pacífica más efectiva es el voto popular, para renovar nuestro desprestigiado y desgastado Congreso de la República, pero mientras el elector, no se libere las mafias y maquinarias electorales que se sustentan en la corrupción, no tendrá el criterio para elegir de manera trasparente, democrática y libre, por consiguiente, como pueblo, jamás podrá protestar pacíficamente y tendrá que acudir a la violencia para exigir del Estado dictatorial e indolente, sus derechos y será muchas la sangre derramada y las vidas inmoladas para lograrlo.