En el 2020, Colombia ha sido uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. De acuerdo al registro de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, Marcha Patriótica e Indepaz en este año han sido asesinados cerca de 256 líderes y lideresas sociales en el país, sin embargo, esta no es la única agresión a la que los líderes se enfrentan, por el contrario, una de las agresiones más silenciadas es la persecución penal por la defensa de los derechos. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) ha documentado que entre enero de 2012 y el 15 de julio de 2019 han sido judicializadas 249 personas defensoras de derechos humanos. Esto significa, en promedio, que 33 personas defensoras han sido judicializadas cada año, es decir, una (1) cada 11 días. La tendencia parece no mejorar cuando el Programa Somos Defensores registra tan sólo hasta junio de este año 24 defensores y defensoras judicializadas.
Pese a lo lejana que pareciese esta realidad, el departamento del Cauca es uno de aquellos que más número de judicializaciones presenta, pues junto a Antioquia, Cesar y Huila agrupan el 57.8% de todas las judicializaciones de líderes y lideresas sociales en el país. ¿Qué podía explicar que la persecución penal se concentre en estos departamentos? De acuerdo al informe ‘Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: La judicialización a Defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz’ para el caso del Cauca, el departamento se encuentra situado frente a una situación de graves vulneraciones a la protesta social, pues según datos de la Defensoría del Pueblo el departamento posee una de las mayores cantidades de quejas por agresiones cometidas por parte de la Fuerza Pública en estos escenarios de manifestación a partir de una estigmatización continua, un marco legal que criminaliza las expresiones de la protesta social y un uso abusivo de las facultades de policía.
En especial, el mayor porcentaje de los casos de judicialización a personas defensoras de derechos humanos se da hacia quienes promueven y participan en el ejercicio del derecho a la protesta social, particularmente en los llamados paros agrarios y en la Minga por la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz. Según el informe, durante esta Minga en el suroccidente del país que duró 27 días (10 de marzo al 6 de abril de 2019), la Fiscalía General de la Nación promovió 44 investigaciones contra manifestantes, de las cuales 8 fueron por el delito de obstrucción a vías públicas que afectan el orden público (art. 353A del Código Penal); 6 por empleo o lanzamiento de Sustancias u objetos peligrosos; 6 por violencia contra servidor público; 2 por perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial; y 2 por daño en bien ajeno agravado, entre otros delitos. Producto de estas investigaciones se encuentran vinculadas 22 personas, de las cuales 6 se encuentran privadas de la libertad en detención preventiva.
Asimismo, respecto a la reciente Minga, el Director de la Policía General Óscar Atehortúa afirmó que se encontraba infiltrada por disidencias de las Farc y el Fiscal General de la Nación estimo que condenaría el terrorismo presente en la misma.
En ese sentido, la estigmatización de la protesta social pone a los defensores de derechos humanos en ser un doble objetivo: para los entes estatales que investigan supuestas conductas delictivas y para los grupos armados que los acusan de ser población indeseable. Así como relata el informe, la estigmatización las expone a nuevos escenarios de violencia como otras judicializaciones, amenazas, hostigamientos e incluso homicidios.
El informe trae como conclusiones que desde el 2012 existe una tendencia al alza de la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia pese a que pueda pasar desapercibida. Este aumento se debe en gran parte al aumento de los contextos de protesta social aunado a la creación de tipos penales que sancionan conductas que pueden darse en el marco de la protesta social, impidiendo que las luchas y los cambios puedan materializarse en Colombia.
Así, parte de las recomendaciones que las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen con el objetivo de cesar la judicialización a las personas líderes y lideresas sociales es que se apruebe en un proceso participativo en el marco de la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos un protocolo vinculante dirigido a todas las unidades de la Fiscalía en el país que establezca lineamientos muy claros que prevengan la continuación del fenómeno de la criminalización de defensores/as en Colombia, así como la adopción de protocolos territoriales para la protesta social fruto de la Resolución 1190 de 2018 que regula el Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica.
En el caso del Cauca, se espera que la Mesa Territorial de Garantías deje de ser un espacio inoperativo y que en su interior puedan discutirse estos elementos que eviten que las personas defensoras de derechos humanos continúen siendo judicializadas por el ejercicio de la protesta social. El mensaje que debe quedarse e impulsarse es que hay que promocionar y proteger los liderazgos sociales, pues ser líder social no es un delito.