En marzo del presente año un juez ordenó que en el término de cuatro meses la USPEC, al INPEC y al Municipio de Popayán generar las condiciones mínimas para una subsistencia digna y humana de los reclusos ubicados en la infraestructura de la antigua Institución Educativa Laura Valencia.
E
n condiciones precarias, 170 presos son albergados en la antigua Institución Educativa Laura Valencia, infraestructura que es empleada como carceleta, la denuncia la elevaron familiares de los reclusos, los cuales esperan que se les brinde mejores condiciones, por otro lado vecinos de la carceleta indican que el lugar se ha vuelto inseguro y que han tenido que enfrentarse en ocasiones con las personas que tienen familiares en este centro transitorio.
La constante en el sector son los malos olores ocasionados por personas que han utilizado las casas vecinas como baños públicos, por esta razón los ciudadanos consideran que se debe replantear la ubicación de esta carcelita, que además, no cuenta con vigilancia externa de manera permanente, situación que podría mejorar las condiciones de convivencia en el sector.
En el mes de marzo el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán falló a favor la tutela interpuesta por la Personería Municipal, de amparar los derechos fundamentales a la vida, la dignidad, la integridad personal, a la salud y a la igualdad de los cerca de 140 detenidos que se encontraban en el centro transitorio Laura Valencia en ese entonces.
El juez ordenó a la USPEC, al INPEC y al Municipio de Popayán, a través de sus representantes legales, de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del fallo, identificar otras instalaciones físicas como Centro Transitorio de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, y que procedieran a reubicar el actual, o acondicionen el Centro de Reclusión Transitorio Laura Valencia, de tal forma que el inmueble que definan las autoridades cumpla con las condiciones mínimas para una subsistencia digna y humana como reclusión transitoria.
En marzo el Personero Municipal, Jaime Andrés Bonilla Vallecilla indicó que por medio de la entidad que preside busco amparar los derechos fundamentales de la población que se encuentra Privada de la Libertad en ese Centro Transitorio, para esa fecha habían observado varias irregularidades que transgredían los derechos fundamentales que le asiste a la población reclusa.