Ineludible, apoyar a los cafeteros
EDUARDO NATES LÓPEZ
El Espectador publicó el pasado 8 de junio un reportaje al Ministro de Agricultura en el que destacó que el gobierno, ante el pedido de los cafeteros de revivir el PIC, había manifestado ya “la imposibilidad de reactivarlo” aunque “hizo explícita su disposición de buscar mecanismos alternativos inmediatos.”
Tiene razón el Ministro de Agricultura, al decir que “…esa necesidad de generar recursos para el PIC, resulta imposible…” La evaluación que se hizo de la ejecución del programa mostró una enorme inequidad en la distribución de los recursos pues estos quedaron finalmente en manos de medianos y grandes caficultores y comerciantes, lo que a la luz de los conceptos económicos se conoce como un subsidio regresivo.
La caficultura colombiana, de acuerdo con las estadísticas de la Federación Nacional de Cafeteros, está integrada por al rededor de 560.000 familias, el 95% de ellas pequeños productores con cultivos inferiores a cinco hectáreas, distribuidos en 500 municipios de 20 departamentos del país. Políticamente, esta multitud de colombianos asentados por toda la geografía andina nacional, ejerce soberanía y ocupación de territorio, mediante la práctica de una actividad productiva lícita, concepto elemental que cualquier administrador del estado está obligado a reconocer y respetar inexorablemente.
Para nadie es un secreto que el precio actual del café está generando pérdidas a los caficultores, por factores que están fuera del control de productores y gobierno. Este obedece a la ley de oferta y demanda que gobierna la cotización del cafe en los mercados internacionales y que tiene relación directa con el precio interno del grano.
Me resisto a creer que el gobierno esté esperando un nuevo Paro Cafetero para sentarse a discutir con los productores, para terminar, de todas maneras, entregando un subsidio que debe cumplir su doble función: primero, aliviar a los caficultores que lo necesitan y, segundo, ayudar a mantener a los cafeteros en sus territorios evitando el éxodo hacia los cinturones de miseria de las ciudades, donde de todas maneras saldría a pagar el subsidio pero con otro nombre (cualquiera de los que hoy paga a los desplazados o a los desempleados, etc.). O, a lo mejor, está maquinando con soterrada presión gobiernista la “terna de uno” para entronizar en la gerencia de la federación a un “bilingüe incondicional” como el señor Juan Esteban Orduz, cuya distancia con los campesinos productores, es tan conocida como su “lagartería” y pesadez.
¿Qué hacer entonces? No queda duda de que el gobierno debe crear un subsidio en dinero efectivo que no sea regresivo y que sea fácil y seguro de administrar para evitar abusos como los que se generaron con el PIC. Apelando a la manifiesta disposición de buscar mecanismos alternativos inmediatos, pienso que lo procedente es basarse en las herramientas que maneja la Federación Nacional de Cafeteros, tales como la cédula cafetera inteligente y el Sistema de Información Cafetera SICA, (en donde se encuentran registrados el 100% de los productores, con cédula de ciudadanía, NIT, área cultivada en café, entre otros datos) y establecer, en función de la productividad promedia nacional, un subsidio por hectárea, con un tope máximo de cinco hectáreas por productor, que puede consignarse directamente en el monedero de la cédula cafetera inteligente, tal como funciona el desembolso de los créditos de FINAGRO a los productores. Quedaría plenamente cubierto el 95% de los productores y parcialmente cubiertos el resto. Así se elimina la posibilidad de que el subsidio lo reciban quienes menos lo necesitan, -con el perdón de los medianos y grandes- o que accedan a él otras personas como intermediarios y comerciantes que no pueden ser objeto del beneficio por obvias razones. Está demostrado que pretender que cada caficultor reclame el subsidio en función de las facturas de cada venta de cafe, en un mercado caracterizado por la informalidad y la cantidad de transacciones que genera una cosecha (pueden llegar a ser millones de operaciones), conduce a situaciones imposibles de controlar y a que reciban el beneficio quienes no lo necesitan.
En estos días en que el precio del grano está fluctuando alrededor del tope inferior -lo que según los costos reconocidos dispara las pérdidas- y que se está ad portas de una nueva movilización cafetera para reclamar la atención gubernamental, deberían, gobierno y organizaciones cafeteras, anticiparse a diseñar en calma, el alivio justo y conveniente, para tenerlo disponible a la hora de la necesidad. Sería cumplir con una obligación que casi siempre los gobiernos incumplen: prever. Y de paso, se evitarían el “oso inmarcesible” de la crisis pasada con la inolvidable frase presidencial: “…El tal paro cafetero no existe…”.
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