ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
¿Por qué este gobierno siempre se equivoca? En términos generales creemos que hace lo contrario a la lógica formal.
En septiembre de 2019, al primer año del gobierno Duque, unas 500 organizaciones sociales y no gubernamentales cuestionaron porque “se finge la paz” (se la desfinancia) y “se reinventa la guerra” (se militariza), además de ser “un gobierno regresivo” en términos de los derechos y garantías ciudadanas.
En el 2020, a los dos años de “desgobierno”, estas organizaciones reiteran el autoritarismo y el militarismo en medio de una pandemia mal manejada; dicen que “en muchos temas es como si no existiera el Estado”, que se desprotege a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, todavía se plantean unas políticas públicas sin enfoques de derechos, se generan o permiten entornos en donde lo legal va de la mano de lo ilegal, se atacan o desconocen los fallos judiciales, se impulsan violencias contra las poblaciones civiles, se mantienen unas relaciones internacionales ideologizadas.
De todas las políticas desastrosas escoge las peores, las mas antidemocráticas, las que destruyen la naturaleza, las mas peligrosas e injustas ante la emergencia sanitaria, las mas inconvenientes para todos, las mas violentas, las nada inteligentes.
En plena pandemia mundial se atreve a pensar en cobrar mayores impuestos, esperando con ello comprar aviones militares. Ha propuesto imponer impuestos a los servicios funerarios y a los servicios públicos indispensables, sin considerar el desespero de las personas.
Utiliza métodos derrotados o comprobadamente ineficientes e ineficaces como la aspersión aérea para “erradicar” cultivos de coca, amapola y marihuana.
Promueve los peores criterios de gobernabilidad, como el uso de la violencia como instrumento de gobierno, y el impulso a los negocios privados como su objetivo central.
Firma todo tipo de acuerdos, en los que se compromete al gobierno y al Estado en grandes obligaciones, las que –obviamente- luego incumple y traiciona.
Ante la corrupción que se generaliza, la actitud del gobierno es incierta, dudosa, y a veces hasta cómplice con quienes defraudan.
Se busca acabar con las clases medias, mientras en muchos otros países se las fortalece y son la base de las recuperaciones económicas y electorales.
El Plan de Desarrollo 2018-2022 limita hasta las libertades individuales, concibe a las familias desde una visión fundamentalista, y desconoce las evidentes exclusiones sociales.
Sin embargo, habría que entender que los fracasos y desaciertos vienen de tiempo atrás, pero la emergencia sanitaria los agravó. La “ingobernabilidad” de esta administración central se aprecia fácilmente en los desórdenes políticos, en las ilegalidades reales (aunque se hable de una cultura de la legalidad), en las inestabilidades permanentes en las regiones (Cauca, Nariño, Chocó, Santanderes, Antioquia), en las continuas luchas de facciones, en la inutilidad de muchas políticas, en las corrupciones públicas y privadas que se desbordan, en el estancamiento económico (este año hubo decrecimiento), y en muchas otras situaciones incoherentes que cada uno puede agregar.
Si el deber de cualquier gobierno es solucionar los problemas socialmente relevantes acá las propuestas oficiales no son ni siquiera “simbólicas”, ni aparentan resolver problemas, no aparecen en los consabidos discursos. Hoy se plantean respuestas estatales que deterioran y agravan las condiciones de vida de muchos. Diría el gran Cicerón, “¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?”