Pese al miedo que generó la pandemia en corregimientos como el de Santa Cruz, en el suroccidente del Cauca, el comercio de la hoja de coca para uso ilícito ayudó para que a esta comunidad no llegara el hambre.
Por: Co.marca Digital
ESPECIAL PARA EL NUEVO LIBERAL
Más allá del miedo generado por el Covid-19, que llevó al aislamiento y restricciones en la movilidad de campesinos de la región que se conoce como La Cordillera, ubicada en la zona occidental del Bordo-Patía, departamento de Cauca, la pandemia generó pocas afectaciones económicas en algunas familias de esta zona.
La organización campesina y la hoja de coca ayudaron a que la desigualdad y las necesidades que se vieron en otras regiones del país no llegaran hasta su territorio. Sin embargo, líderes y lideresas de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Cordillera del Patía (Agropatía) saben que esta es una economía transitoria y quieren apostarle a la sustitución progresiva e integral del cultivo de uso ilícito, siempre y cuando haya compromiso real del Estado.
La Cordillera es una zona conformada por 11 corregimientos y 58 veredas del municipio de El Bordo, Patía. La denominación se debe a su ubicación sobre la cordillera Occidental, en el suroeste caucano. Según Jhon Jairo Fuentes, secretario y uno de los delegados políticos de Agropatía, esta región representa el 50 por ciento del territorio del Patía donde habitan aproximadamente 8 mil campesinos.
Durante la pandemia, entre los meses de marzo y agosto de 2020, los habitantes de varios corregimientos de La Cordillera optaron por realizar controles comunitarios para regular el tránsito de personas en el territorio ante el miedo y la incertidumbre generada por el Covid-19. Esta iniciativa trajo algunos conflictos entre varios campesinos que no podían trasladarse libremente por la montaña, entre veredas o corregimientos, hasta sus zonas de trabajo.
Según Fuentes, fue el punto de partida para fortalecerse como comunidad y reorganizarse como Agropatía, una organización campesina que nace a finales de la década de los años ochenta y que se consolida en 2008, pero debilitada en los últimos años. Bajo Agropatía, los campesinos de La Cordillera lograron coordinarse y concertar controles en la movilidad en el territorio para evitar el contagio del Covid-19.
La revitalización de este proceso organizativo durante la pandemia, comenta este líder de Agropatía, ha demostrado que los campesinos tienen el poder en el territorio. Sin embargo, esto significó choques con dos actores armados ilegales que operan en la zona: los frentes ‘Carlos Patiño’ y ‘Rafael Aguilera’, y las columnas móviles ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’, disidencias de las antiguas Farc que conforman el Comando Coordinador de Occidente.
También los miembros de la comunidad tuvieron algunos roces con los comercializadores de la hoja, base y pasta de coca, quienes fueron sometidos a los controles de movilidad establecidos por los campesinos.
Entendiendo que las restricciones a los comerciantes de hoja de coca podían afectar la economía de varias familias de la región, los campesinos llegaron a algunos acuerdos para permitir su tránsito por el territorio, como cuarentenas estrictas para las personas que trabajaran con los comercializadores de coca provenientes de otras regiones del país. Con el Frente ‘Carlos Patiño’ los acuerdos fueron similares, aunque siendo flexibles con su tránsito en el territorio.
“En esta pandemia demostramos que el actor más importante de la cordillera era la comunidad campesina, y acordamos el respeto hacia los campesinos y las medidas de protección para evitar el contagio del virus. Así como el cuidado y protección al medio ambiente y regularización de la expansión de los cultivos de coca”, dice Fuentes.
Co.marca Digital visitó Santa Cruz, uno de los once corregimientos que hacen parte de la ‘La Cordillera’, donde varias familias de campesinos cultivan coca, pero también le apuestan a economías legales como el café y la caña.
Debido a la extensión geográfica de ‘La Cordillera’ Agropatía estableció tres zonas. En la uno, que tiene límites con el municipio de Balboa, se encuentra el corregimiento de Santa Cruz, que también es cabecera corregimental.
Santa Cruz representa lo que sucede en otros corregimientos de ‘La Cordillera’: potencial para el desarrollo de las economías legales como el café, la caña, la yuca, el plátano, la piña y el chontaduro. Pero contrasta en varias de sus veredas con la siembra de coca. La región ha tenido presencia histórica de grupos armados: desde el Frente 8 de la desmovilizada Farc (1980), pasando por paramilitares del Bloque Calima (2006-2008) y pequeños grupos disidentes después de la firma del Acuerdo Final de Paz (2017-2018) hasta la reciente disidencia Carlos Patiño.
La presencia de cultivos de uso ilícito también ha sido una constante en esta zona desde la década de 1980 hasta la actualidad. Según Jhon Jairo Fuentes, el 80% de la economía de esta región está vinculada al cultivo de la hoja de coca. La primera bonanza cocalera en ‘La Cordillera’ se dio en los años de 1980, pero a finales de este periodo se realizó un proceso de erradicación por parte del Estado y llegó una época de pobreza extrema. Entre el 2002 y 2005 se retoma la siembra, pero hubo fumigación con glifosato. Pero los cultivos continuaron y desde el 2012 crecieron exponencialmente.
“Los cultivos de hoja de coca se generan porque no hay proyectos productivos para la gente impulsados por el gobierno. Es una planta que cada tres meses está produciendo”, manifiesta Diani Jhoana David, habitante de la vereda Las Palmas, en Santa Cruz.
Algunas fincas tienen sus propios laboratorios donde procesan la hoja de coca. Según Jhon Jairo Fuentes, defienden la coca hasta que el Estado no brinde garantías para una sustitución progresiva a integral. Además, manifiesta que no fueron vinculados al Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Las fincas cocaleras tienen ranchos donde, en cada cosecha, pueden vivir entre 15 y 30 personas durante 15 días. Muchos llegan desde otros municipios o departamentos de Colombia.
La otra cara de ‘La Cordillera’ es la apuesta por los cultivos legales, como en la vereda La Esperanza, en Santa Cruz, donde siempre ha existido el café como alternativa económica en la región. El café y la coca conviven entre las montañas de ‘La Cordillera’. Y a pesar de la apuesta cafetera, es común ver en medio los surcos matas de coca. “Cuando el café da poco se trata de nivelar con la coca que hay en las fincas”, dice Ángel Ledezma, presidente de la JAC de la vereda La Esperanza.
Según Ángel Ledezma antes de la década de 1980 se cultivaba café arábigo, pero con el auge de la coca los campesinos quisieron cambiar de cultivo. Aun así, algunas fincas mantienen la siembra de café gracias al apoyo de la Cooperativa Cosurca y el Comité de Cafeteros del Cauca. Junto al café hacen presencia otros productos que Agropatía pide a la comunidad que siembre en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria, como la caña, el plátano, la yuca, entre otros. En pandemia, esta estrategia fue clave para que la comunidad tuviera sus productos de pancoger. Más allá de las limitantes que tiene la producción de café, después de la coca, es el cultivo que más ingresos generan a las familias campesinas que se dedican a su siembra, cosecha y comercialización.
Otoniel Hoyos (lado izquierdo de la foto) es dueño de la finca La Palestina. Además de vivir del café toda su vida, también le ha apostado a la caña de azúcar y sus derivados, como la panela. “Con el café saco lo necesario y como saco buena panela, la gente de la vereda la compra acá”, menciona. La siembra de caña y la elaboración de panela para su comercialización y consumo propio es otra de las apuestas que aún mantienen vivas algunas familias, a pesar de que no les generan grandes ingresos.
Según Leonardo Domínguez Bolaños, presidente de la JAC de Santa Cruz, también existió un proyecto para el fortalecimiento de la producción panelera en esta región, pero debido a la fumigación con glifosato en el 2005, todos los cultivos de caña se dañaron. Muchos campesinos al ver la afectación decidieron sembrar la hoja de coca. Después de un proceso de erradicación de la coca a mediados de 1990 que generó una crisis económica en la zona, en el corregimiento de Santa Cruz se gestó la idea tener una rayandería de yuca, para ayudar a generar ingresos económicos legales al campesinado y promover la siembra del cultivo en la región.
La iniciativa contó con el apoyo de la comunidad internacional, se realizó el montaje de la infraestructura y puso en funcionamiento el proyecto. Pero dos años después cerró “la materia prima que sacamos no fue de buena calidad y como no pudimos solucionarlo y no hubo ayuda del gobierno para ello, perdimos esa oportunidad”, menciona Leonardo Domínguez, presidente de la JAC de Santa Cruz.
Los campesinos también le apostaron a la piscicultura con la idea de crear lagos comunitarios, pero esta iniciativa tampoco contó con el suficiente apoyo gubernamental y fracasó.
Algunos integrantes de Agropatía. Dicen que la economía de la coca puede ser algo pasajero, por eso le apuestan a fortalecer la siembra de cultivos legales, como el café, la caña o el lulo, así como a la iniciativa de seguridad y soberanía alimentaria de la región.
Pese a la voluntad campesina para apostarle a otros cultivos legales, para muchas familias, la coca sigue siendo la alternativa económica con la cual han podido sobrevivir a los tiempos de pandemia y otras crisis. Hasta que no haya una alternativa seria e integral del Estado colombiano la seguirán cultivando.
Esta producción fue realizada gracias al apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y del Caribe, coordinado por Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios, y a la alianza periodística entre VerdadAbierta.com, Co.marca Digital, Radio Campesina de Inzá y la Escuela de Cine y Televisión Étnica de Santander de Quilichao.