Una investigación de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario señala que las realidades sociopolíticas de Colombia, que en la última década han estado en constante cambio, han coincidido con alteraciones en los indicadores medioambientales del país.
“Con el gobierno de Iván Duque se perdieron importantes avances en factores socio ambientales, e incluso la violencia, la pobreza, el desempleo y la inequidad se dispararon en Colombia tras el año electoral de 2018”. Así lo afirmaron Adriana Sánchez, Nicola Clerici y Benjamín Quesada, profesores de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, al presentar los resultados del estudio “La paz y el medio ambiente en la encrucijada: Elecciones en un punto crítico de biodiversidad en conflicto”.
Uno de los factores sociales más importantes en Colombia es la protección del medio ambiente. En cada periodo presidencial se ha trabajado de distintas maneras para que este tema sea favorable para el país. Sin embargo, el gobierno electo en 2018 entorpeció gran parte del proceso que venía trabajando el gobierno anterior en materia de cambio climático y medio ambiente, destaca la investigación que se realizó con la colaboración de 18 investigadores de 6 países. “Este estudio, muestra que la participación del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Presupuesto General de la Nación durante el periodo 2018-2020 es de las más bajas en una década”, afirmó el profesor Benjamín Quesada.
Violencia en zonas rurales aumentó desde el mandato de Iván Duque
La firma del acuerdo de paz en 2016 permitió el regreso de biólogos y científicos a grandes áreas antes inaccesibles a causa del conflicto, lo que llevó al descubrimiento de cientos de nuevas especies, “pero el incremento de la violencia en los años 2018 y 2020 convirtió a Colombia en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los ambientalistas y líderes sociales”, añadió Adriana Sánchez, investigadora de la Universidad del Rosario.
“Los impactos ambientales de la matanza desenfrenada de defensores ambientales son generalizados, irreversibles e inconmensurables”, indicó Benjamín Quesada, recordando datos de la ONG Global Witness en 2021.
“Es incomprensible la reiterada resistencia del gobierno en ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado que compromete esfuerzos multilaterales para la protección del medio ambiente y sus defensores”, señaló Nicola Clerici, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario.
Según los autores del estudio, la violencia en zonas rurales de Colombia aumentó desde el mandato de Iván Duque. Una de las consecuencias es que el descubrimiento y registro de especies en los próximos años se ralentizó, limitando así la disponibilidad de información sobre biodiversidad para mejorar el bienestar de los colombianos y la conservación de la vida silvestre.
¿Promesas imposibles de cumplir?
Si bien es cierto que la meta climática propuesta por el gobierno colombiano en 2020 fue ambiciosa (-51% de emisiones de gases de efecto invernadero y deforestación neta cero, de aquí a 2030), las acciones e implementaciones actuales del Acuerdo de París por parte del gobierno Duque siguen un camino estrecho relacionado a los aumentos de la temperatura media global en torno a 3-4ºC para finales del siglo XXI, por lo que son altamente insuficientes para poder cumplir con este acuerdo.
“Para reducir la deforestación, el presente gobierno ha optado por políticas ambientales más represivas, como la controvertida operación Artemisa. Estas operaciones, sin embargo, se centran principalmente en reducir la deforestación causada por pequeños agricultores, mientras que los actores que financian la deforestación a gran escala, no son adecuadamente judicializados” dijo Adriana Sánchez.
Por otro lado, “gran parte de la contribución nacionalmente determinada de Colombia para alcanzar los objetivos globales de este acuerdo se basa en medidas de mitigación basadas en la tierra. En 2019, las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles alcanzaron un récord de 102 Mt, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el promedio del período 2010-2018”, añadió el profesor Benjamín Quesada.
Lo contradictorio es que mientras que el gobierno firmó un compromiso sobre la reducción del metano en la COP26, Ecopetrol (que además tiene al estado colombiano como mayor accionista) y otras empresas petroleras acordaron la explotación del mayor yacimiento de gas natural encontrado en aguas profundas del Caribe colombiano.
Para los científicos autores del estudio, al gobierno Duque le faltó tener mayor incidencia en el Congreso colombiano, por ejemplo, en junio de 2021 el Legislativo rechazó un proyecto de ley que pretendía prohibir el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales en Colombia, lo que es preocupante para los analistas de esta investigación, debido a que, tanto el fracking como la extracción de gas natural, están relacionados con fugas sustanciales de metano y gas con fuerte efecto invernadero, que son altamente problemáticas para el medio ambiente.
Elecciones y medio ambiente
Finalmente, el estudio evidenció que las elecciones pueden tener consecuencias importantes para el medio ambiente y que este año se llevan a cabo en un momento en que el progreso hacia la paz se ha estancado y las condiciones socioeconómicas, de seguridad y ambientales se han deteriorado.
“Es importante que científicos con antecedentes relevantes destaquen las relaciones entre eventos políticos y el medio ambiente, para enriquecer el debate político, ayudar a priorizar recursos públicos e informar la formulación de políticas”, destacaron los profesores de la Universidad del Rosario.