Familia desplazada busca mejor porvenir para sus hijos

10:42 am 02-noviembre

Viven a pocos metros del río Molino, en el asentamiento Junín Bajo, al occidente de Popayán. Desde hace más de un año llegaron a esta capital provenientes del municipio de Santander de Quilichao, según dijeron por presiones de gente armada que hace presencia en la vereda La Betica.

Son Omaira Chocué de 32 años y John Jairo Orozco de 46 años, la pareja vive en un rancho como ellos mismos le dicen a la vivienda que arriendan por 150 mil pesos al mes que con el valor de la energía alcanza los 180 mil pesos. Junto a ellos cinco hijos. John Jairo, Carol Michel, Camila, Felipe y Miguel. El mayor tiene 13 años y el menor un año de edad.

John Jairo, quien es oriundo del municipio de Sonsón, Antioquia, llegó al Cauca hace 15 años, sostenía a su familia comprando chatarra en una moto. “Una noche hace un año, regresaba a la casa desde Santander con mi hijo, eran como las 8, nos encontramos a unos hombres armados que me dijeron que no podía andar después de las 7:00 de la noche, que tenía ocho días para irme de la vereda pero no creía en esa amenazas”.

Pasada una semana, llegaron a la vivienda de la familia dos hombres, dijeron que necesitaban las gallinas y los conejos para alimentarse y los amenazaron, que ya le habían dicho a John Jairo que iban a matarlo y a su hijo mayor porque era informante. Frente a la intimidación tuvo que marcharse junto a sus seres queridos. Pasados unos meses se enteró que un vecino había sido asesinado, por eso, ahora, sentado en el camarote donde duermen sus hijos, cree que tomó la decisión acertada.

Llegaron a Popayán y pudieron arrendar un rancho por 130 mil pesos en la misma zona que habitan actualmente. Sin embargo, solo pudieron estar en este lugar unos meses ya que el sitio fue demolido porque el dueño tenía problemas con la drogadicción.

El rancho donde habitan está construido de bareque y otra parte cubierto por esterilla y plástico, la luz del sol pasa por los incontables agujeros que tiene el techo. En invierno las gotas de lluvia entran por muchas partes y la zozobra es constante debido a la cercanía del río Molino, los aguaceros inclementes hacen crecer el caudal, por eso siempre deben estar alerta.

El padre cabeza de familia se levanta todos los días pensando en la supervivencia de sus hijos y esposa, trata de vender en su carreta de mano accesorios de celular o frutas, depende de la temporada. “Pero es muy complicado, la autoridad siempre lo corre a uno de la calle porque está en espacio público, no se dan cuenta que debo sostener a mi familia”, comenta.

Los niños mayores asisten a estudiar en los grados cuarto, segundo y primero en la jornada de la tarde en el colegio Cesar Negret pero no tienen como darles sus uniformes, de manera que acuden a las clases sin éstos. La alimentación preparada con leña por Omaira es muy básica, los recursos no dan para más, coladas, caldos con vísceras, café y masas. “Comidas entre el almuerzo o desayuno no podemos darles”, comenta mientras carga en sus piernas al niño de un año, vestido con una camiseta del equipo de fútbol ‘Los Millonarios’.

Algunos problemas de salud han tenido los menores de edad, por ejemplo el mayor dolores al pecho y últimamente ha perdido apetito, al acudir al médico no han recibido mayor tratamiento asegura la madre.

Omaira también padece un problema de salud. En su labio inferior le fue diagnosticado un hemangioma (tumor benigno) y está a la espera de una operación ya que este padecimiento la hace sentir muy incómoda, hasta el punto que sale a la calle con tapabocas para evitar las miradas de la gente.

No reconocidos como víctimas

Su situación fue presentada ante la Unidad para la reparación y atención integral a las víctimas para ser incluidas en el Registro único de víctimas pero no fue aceptada su petición. Por ello a través de la Defensoría del Pueblo se envió un recurso de reposición y en subsidio de apelación, rechazando la decisión administrativa, considerándola “injusta, porque el caso fue analizado de manera inapropiada”. En este sentido, se hicieron varias peticiones a la Unidad de Víctimas, entre éstas, revocar el acto administrativo de no inclusión al registro por el hecho de amenaza y desplazamiento forzado.

De acuerdo con el acto administrativo de la Unidad, “no es posible establecer que estos (hechos) se hayan desarrollado bajo el marco del conflicto armado como es establecido en la ley 1448 de 2011 ni se evidencia una situación de relación y cercanía con el conflicto”. Según el análisis, quien desplazó a esta familia pudo ser delincuencia común o como consecuencia de circunstancias de índole personal, social o económica  que no se ajustan a la ley”.