Por Luis Hernando Rincón Bonilla
Profesor jubilado de la Universidad del Cauca
En los últimos meses del año, además de la pandemia, Colombia ha tenido que afrontar el impacto de una serie de eventos climáticos como el huracán Iota, que azotó con toda su furia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dejando a su paso destrucción y muerte; el desprendimiento de una montaña que arrasó con parte de la carretera que comunica el occidente del país con Bogotá, tramo que había sido inaugurado recientemente, con bombos platillos y placa incluida, por el presidente de la República y varios miembros de su gabinete, representantes de su partido y áulicos de su gestión; así mismo, una serie de derrumbes en la vía Medellín-Bogotá que obligó a su cierre indefinido y desbordamientos de ríos, en varias regiones del país, causados por el crudo invierno que tenemos.
Ante este escenario, el gobierno nacional viene dando tumbos en sus políticas y acciones frente a la pandemia, que está en su segundo pico, debido al incremento de infectados por el Covid-19 en estos días en el país, agravado por las manifestaciones de indisciplina de amplios sectores de la sociedad, alimentados por el advenimiento de las festividades de navidad y el anuncio de la disposición de la vacuna para controlarla, pero cuyos efectos todavía no se conocen, por la gran cantidad de especulaciones que circulan por los medios de comunicación y las versiones de las autoridades, incluida el programa del Presidente de la República que, de la noche a la mañana, se convirtió en animador de la televisión, en donde todos los días presenta testimonios de sus subalternos y amigos como si se tratara de una predica religiosa.
Se evidencia, en este proceso, el creciente poder que ha tomado, en las decisiones del gobierno, el ministerio de salud, las cuales han tenido fuertes críticas de la comunidad médica del país que, en un pronunciamiento del 14 de diciembre, hace un llamado al Ministerio en donde le solicita “desarrollar más acciones efectivas para enfrentar la pandemia y producir menos noticias”. De igual manera frente al papel, casi desapercibido, del Ministerio y las autoridades ambientales del país, ante los impactos del cambio climático a nivel nacional, a pesar de la serie de estudios y documentos producidos por investigadores, académicos e instituciones dedicadas al estudio de los fenómenos climáticos y ambientales, los cuales coinciden en afirmar que existen relaciones entre la coronavid y el cambio climático, llegando a afirmar que la pandemia es un fenómeno de menor trascendencia que el cambio climático; tal como se planteó en la Cumbre de Ambición Climática, celebrada en días pasados en forma virtual, en donde el Papa Francisco expresó: “ha llegado la hora de un cambio de rumbo, es necesario promover una educación para la ecología integral para así no robarle a las nuevas generaciones la esperanza en un futuro mejor”, ojala nuestra ministra de educación tome en cuenta para la formulación de las políticas del país este llamado del Pontífice. En términos muy similares se pronunció el Secretario General de la ONU Antonio Gutiérrez, al convocar a todos los líderes del mundo a declarar el estado de emergencia en sus países, al comprobar que los acuerdos aprobados en la cumbre de París sobre el clima hace cinco años, no han tenido un cumplimiento satisfactorio.
Es necesario destacar que nuestro país tiene una de las mejores legislaciones sobre la problemática ambiental, lo cierto es que los logros para enfrentarla han sido insuficientes, especialmente, por las contradicciones que han generado las políticas de los últimos gobiernos, para quienes la base del desarrollo del país descansa en la extracción de minerales, de manera particular el petróleo y el gas que tienen serios impactos en la conservación de los ecosistemas, no olvidemos que una de las banderas del actual presidente, en su campaña para acceder al primer cargo de la nación, fue su rechazo rotundo al fracking para la explotación petrolera, pero en su gobierno es uno de los principales soportes de su plan de desarrollo, así mismo, la deforestación de bosques ha tenido un incremento significativo, algo muy similar ha ocurrido con la contaminación de los recursos hídricos, lo que ha llevado a la Corte Constitucional a declarar varios ríos como sujetos de derechos e imponer al gobierno, en todos sus niveles, una serie de obligaciones para recuperarlos y preservarlos.
Relacionado con el huracán Iota, que causo destrucción y desolación en el archipiélago, es necesario destacar, que sus efectos se pudieron haber contrarrestado, por los menos en forma parcial, si el gobierno hubiera aplicado las recomendaciones que se formularon en el estudio Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100, uno de los trabajos de prospectiva más serios y mejor documentado, elaborado por un selecto grupo interdisciplinario del Pnud, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ideam, el Ministerio de Relaciones Exteriores, DNP y la Unidad Coordinadora de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, en el cual se le recomendaban a los gobiernos nacional, regional y local, desarrollar una serie de proyectos y acciones para enfrentar los posibles impactos de los fenómenos climáticos que podrían representar peligro para los habitantes, la infraestructura y las actividades económicas del archipiélago. Así mismo, se planteaban los perfiles de las personas que deberían dirigir y coordinar las acciones frente a los posibles eventos que pudieran afectar a la unidad territorial, que distan mucho tanto de las declaraciones del presidente que prometió la reconstrucción de las islas en 100 días, periodo en el cual no será posible ni siquiera limpiarlas y mucho más lamentable es que para dirigir la tarea de reconstrucción se nombrara a una persona que no tiene el conocimiento ni la preparación requerida para dirigir una obra de esta naturaleza, parece que su atributo principal es su cercanía al presidente, teniendo el país personas con la suficiente idoneidad, y formación para asumir esta tarea; además, muchos habitantes de San Andrés y Providencia han formulado reparos a su desconocimiento de la cultura y la idiosincrasia de los comunidades del archipiélago
Es necesario que el actual gobierno dé un giro radical en sus políticas frente al coronavirus y el cambio climático, que construya puentes y complementariedades en la forma como los viene enfrentando, para evitar que estas situaciones se agraven y terminen pasándole una dolorosa factura a la sociedad colombiana, en especial a la inmensa mayoría de compatriotas que forman ese ejército de pobres y desposeídos quienes generalmente, terminan pagando las consecuencias de los desaciertos e imposiciones de las minorías que detectan el poder en nuestro país.