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    “El voto abierto, es una situación abiertamente irregular”: Registraduría Nacional

    En diálogo con el delegado del Registrador Nacional para el Departamento del Cauca, Manuel Ricardo Ruales Realpe indicó que lo que se ha llamado “voto abierto” es una práctica ya pactada, que se ha naturalizado en varias zonas rurales con complacencia de los jurados de votación y que atenta contra el derecho autónomo y personal del sufragio.

    Redacción fin de semana

    @elnuevoliberal

    La práctica del “voto abierto” tal como lo investiga la Fiscalía en López de Micay “es abiertamente irregular, es un delito contra el sufragio, y contra los mecanismos de participación ciudadana”. /Fotografía: Guillermo Torres – Revista Semana

    El pasado miércoles la Fiscalía General de la Nación formuló cargos a 16 jurados y delegados de votación quienes habrían incurrido en irregularidades durante los comicios del 11 de marzo de 2018 para Cámara y Senado en el municipio de López de Micay.

    El próximo mes se realizarán las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento para los imputados. Cabe recordar que este caso se trata de unos votos “de más” que aparecieron en este municipio ubicado en la costa pacífica del Cauca, que terminaron quitándole la curul al entonces candidato Felipe Muñoz y dejando como actual representante a Faber Muñoz.

    Según las investigaciones de la Fiscalía, “los hoy imputados habrían incumplido su obligación constitucional y legal al permitir, supuestamente, que unas pocas personas votaran por varios ciudadanos, vulnerando el derecho al sufragio y descuidando el deber legal de velar por el normal desarrollo de las elecciones”.

    Esto se ha conocido como “voto abierto” según se informó en dicha audiencia, lo cual, de acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, y demás instituciones electorales así como veedores de este proceso, es “abiertamente irregular” y un delito.

    Dialogamos con Manuel Ricardo Ruales Realpe, delegado del Registrador Nacional para el Departamento del Cauca, quien señaló que si bien esta “modalidad de voto” no es nada legal, existe; y es una práctica que principalmente se hace en zonas rurales, veredas apartadas donde “don Pedro Pérez es quien sabe del ‘manejo del tarjetón’ y en una mesa o en el cubículo para votar le marca a cierta cantidad de personas que previamente han dado su consentimiento, eso ocurre con la complacencia de los jurados de votación, que son en últimas quienes autorizan el voto”.

    “Ahí hay una uniprocedencia de marcación para todos los votantes, incluso se dice que en algunas partes eso es un acuerdo de varias voluntades de los electores y de los jurados decir: es que aquí es fulano quien le va a marcar a los votantes, sobre la base que él es quien tiene un manejo de la tarjeta electoral. Estas son situaciones abiertamente irregulares porque el principio universal del voto es secreto, autónomo, independiente de cada elector”, agregó Ruales.

    Y es que así lo señala la Constitución política de Colombia en su artículo 258  “el voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. (…) La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos”.

    Por lo que la práctica del “voto abierto” tal como ha indicado la Fiscalía en el caso que se investiga en López de Micay “es abiertamente irregular, es un delito contra el sufragio, y contra los mecanismos de participación ciudadana”.

    Así mismo, consultamos a la Misión de Observación Electoral (MOE), desde donde se señaló que claramente el voto debe y es un mandato que sea personal: “una persona, un voto”. Al preguntarles sobre si conocen de ese tipo de irregularidades donde una sola persona estaría marcando por varios, manifestaron no tener conocimiento de esos casos a través de los mecanismos que tienen para realizar su labor de observación electoral.

    “Con antelación manifestarle a los partidos y candidatos nombren testigos, jurados de diferentes tendencias con el fin de que entre todos puedan evitar esa situación. Eso es una obligación de que todos los candidatos designen a un conocido, simpatizante de su campaña a que actué como veedor o testigo electoral”, Manuel Ricardo Ruales Realpe, delegado del Registrador Nacional para el Departamento del Cauca.

    De otro lado, este medio además conoció, que el año pasado en una vereda del municipio de Guapi, donde la Armada Nacional hacía presencia para las elecciones de Congreso de la República, en uno de los puestos de votación no se permitió dicha práctica de que alguien diferente al elector hiciera el voto, entonces la reacción de la comunidad fue molestarse y decidir no votar.

    Ante esta situación, el delegado del Registrador Nacional para el Departamento del Cauca opinó que si así ocurrió es porque dicha práctica “es una costumbre muy asentada ya en la región, prácticamente delegaron la voluntad y obviamente eso no tiene ninguna presentación”.

    El voto

    La Constitución de Colombia establece que el voto es libre. Cada quien puede apoyar al candidato o lista de su preferencia, basándose en los designios de su libre albedrío, ajeno a amenazas, intimidaciones o cualquier otra forma de presión. Así mismo, el voto exige la presencia personal del elector en la urna y es secreto. Ya que el voto debe ser una expresión autónoma y espontánea de la voluntad individual, el Estado debe tomar todas las medidas tendientes a permitirles a los ciudadanos mantener en reserva sus preferencias electorales

    Incluso Ruales Realpe recordó que en su experiencia en procesos electorales, en Tumaco, aproximadamente en el año 88, en el recuento de votos se podía fácilmente mirar que en los tarjetones había “marcas perfectas”, “y los mismos dirigentes políticos de allá de Tumaco cuando miraban eso decían es que ‘el teniente político’, yo no sé de dónde se inventaron esa jerarquía política, el teniente político X es el que le marca al doctor tal, a la doctora ‘X’; entonces ellos ya casi que tenían parcelado y sabían a quién correspondía cada marca. El punto triste de todo esto es que haya zonas donde la gente se abstenga de participar porque no le permiten hacer eso”.

    Finalmente, para este funcionario de la Registraduría Nacional, el llamado es que cada partido y candidato tenga testigos electorales, que seleccione a personal de su confianza para que ejerza su rol de control en la medida que están representando a un candidato o a una colectividad política; lo cual más que un consejo debería ser el escenario propicio para cada elección, y más cuando en seis meses serán las votaciones locales y este tipo de prácticas se pueden repetir con mayor insistencia.