Un carro bomba que dejó nueve muertos en el municipio de Inza en 2003 y otro en Caloto con dos víctimas fatales en el mismo año, son hechos recordados por los caucanos, quienes tampoco son ajenos al terror sembrado por las Farc.
Estos hechos, como muchos otros, hacen parte del documento de 322 páginas en los que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Los comparecientes que no reconozcan su responsabilidad individual podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel.
De esta manera la JEP imputó a ocho miembros del antiguo Secretariado de las Farc, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra como “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad.»
CONOZCA AQUÍ EL INFORME EMITIDO POR LA JEP
Los responsables de estos hechos son los antiguos miembros del Secretariado que están sometidos a la JEP: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado.
Ante varias indagaciones la JEP identificó a 21.396 víctimas de secuestro con nombre y cédula; de ellos el 79% corresponden a hombres y el 21% a mujeres.
De los datos que reportan la edad de la víctima (55% de los datos), el 95% corresponden a mayores de edad y 5% eran niños o adolescentes.
Al contrastar este listado con el reporte de muertos y desaparecidos, identificaron que el 8,7% de las víctimas de secuestro desaparecieron y el 2,9% asesinadas con entrega de cuerpo.
Ante la decisión de la JEP, ahora los antiguos miembros del Secretariado de las extintas Farc-EP tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar las imputaciones.
Luego de 30 días hábiles, y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia de Reconocimiento.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
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